Esto pasó y está pasando con la soja, que incrementó el uso de agrotóxicos en zonas que son el corazón de la cuenca lechera y de la hortifruticultura uruguayas, afectando a gran cantidad de productores, principalmente los que no son dueños de la tierra.
Entre los más perjudicados, como se ha denunciado recientemente, se encuentran los apicultores. Fue la primera plaga.
La segunda es más agresiva en el aspecto económico.
Con la promesa de crear miles de puestos de trabajo UPM acaba de confirmar la construcción de una nueva planta de celulosa.
La empresa finlandesa avanza en el arrendamiento de tierras para garantizar sus plantaciones, tratando de manipular al sistema político y convencer a los productores de que planten eucaliptus.
Pero primero hay que decir que existe una ley de ordenamiento territorial que otorga a los gobiernos departamentales autonomía para decidir en qué zonas se pueden plantar y en cuánta superficie, ya sea por padrón o por unidad productiva y resulta inconcebible que tengamos diferentes interpretaciones sobre una misma ley.
En el departamento de San José, a poco más de 100 kilómetros de la capital Montevideo, UPM encontró la manera de hacerlo. La legislación local establece un tope de hasta 8 por ciento del padrón para monte de abrigo, y si se pretende exceder esa superficie tiene que ser con anuencia de la Junta Departamental.
A todo esto, mientras la lechería emplea a cuatro personas cada 100 hectáreas, la forestación genera el mismo nivel de empleo cada 1.200 hectáreas, generalmente en condiciones precarias al ser en su mayoría tercerizados.
La tercera plaga vino de un proyecto impulsado desde el gobierno con argumentos de que podía ser una herramienta para luchar contra la inseguridad: plantar cannabis bajo control del Estado.
Uno, que tenía una visión romántica, pensaba que quienes la iban a plantar serían los productores familiares y los autocultivadores.
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Pero, contradiciendo lo que debería haber sido una política de izquierda, o por lo menos “progresista” en la materia, se resolvió que la demanda debía ser satisfecha por empresarios privados, incluso trasnacionales.
Los trabajadores de la marihuana ya superan los 100 y han conformado una organización sindical que está luchando por consolidarse resistiendo una dura persecución. Una dirigente gremial ha padecido reiterados intentos de despido sin fundamento alguno.
Todo esto desemboca en que no se respetan las condiciones mínimas de trabajo. Al gobierno lo único que parece importarle es que la marihuana llegue a las farmacias y mostrar que la ley es un éxito.
La UTRASURPA ha mantenido varias reuniones con el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA) en las que denunció que para el gobierno estos trabajadores son de segunda clase.
¿Por qué lo afirmamos? Por la sencilla razón que desempeñan sus tareas en un predio cedido a las empresas por el Ministerio del Interior y custodiado por la Guardia Republicana, lo cual impide a los trabajadores ejercer su derecho a la ocupación como extensión del derecho de huelga.
También se viola el derecho a reunirse pacíficamente en asamblea. Nos preocupa la ausencia del Estado en estas empresas y la ausencia de inspectores de trabajo.
A los trabajadores y las trabajadoras se les niega el derecho a discutir su salario y sus condiciones laborales.
Pero más alarmante es aún la intervención unilateral del Estado en favor de las empresas.
Acaba de anunciarse que el precio de la marihuana en las farmacias subirá por primera vez por encima de la paramétrica (fijada en función del tipo de cambio, el índice de salarios y el de precios al consumo) acordada entre el IRCCA y las dos empresas productoras.
Mientras tanto, los trabajadores continúan siendo tratados como de segunda clase.
Nota del editor: Germán Gonzalez es el secretario general de la Unión de Trabajadores Rurales y Agroindustriales del Sur del País (UTRASURPA)