-¿Qué pensaste cuando te enteraste de lo sucedido en Chiquita?
-Que estábamos ante la presencia de una empresa violenta, irresponsable, a la que no le importa el diálogo social y que echó por la borda todo lo que habíamos tratado de construir en cuanto a relaciones laborales dignas y modernas en una transnacional que en nuestro país tiene una historia de graves violaciones a los derechos humanos.
También pensé: no nos equivocamos al priorizar el diálogo social, proponiendo mejorar la estabilidad laboral de los trabajadores y trabajadoras, se equivocó la empresa. Gente de mentalidad muy “Chiquita”.
-En tu vasta experiencia como profesional, ¿te había tocado ver algo así, que despidieran a la gente de la forma que lo hizo Chiquita?
-En mi larga experiencia laboral tanto como dirigente como asesor, nunca había visto una situación similar.
Sí había ocurrido algo parecido en el país hace 60 o 70 años, pero fueron prácticas abandonadas por las empresas bananeras que empezaron un proceso de modernización de sus relaciones laborales, incluyendo el registro en la seguridad social y manteniendo los niveles de estabilidad laboral.
Pero este caso de Chiquita marca un punto de inflexión. Van por la destrucción de los sindicatos, de la negociación colectiva, por el fin de la estabilidad laboral, con una campaña muy bien orquestada, con el respaldo de los medios masivos.
Y es una campaña impulsada por el propio presidente de la República, quien al asumir su mandato, en su primer discurso, se jactó de haber reducido los derechos de los trabajadores y trabajadoras en las convenciones colectivas cuando era ministro de Trabajo.
Luego vienen todos estos movimientos de estas transnacionales en Limón y no se ve que desde el gobierno haya siquiera una señal que favorezca a los obreros, que frenen estos atropellos de estas empresas.
Fueron el sindicato y los trabajadores quienes tuvieron que plantear un paro ilegal de la empresa. Y eso le corresponde al gobierno, no a nosotros. Si los trabajadores realizan un paro en la administración pública, el gobierno enseguida lo decreta como ilegal pero si son las empresas se queda de brazos cruzados.
En lo personal estoy muy triste y muy preocupado por lo que estamos viviendo en el país. Esto nos va a llevar a niveles de violencia social impensables.
La mitad de la población de Limón no tiene ingresos. Es una provincia de tránsito del narcotráfico, pero también deja droga, y si no hay un sistema de trabajo formal se va a incrementar la informalidad y, dentro de ella, el tráfico se va a convertir en la principal fuente de ingresos de la provincia y esto es una tragedia.
-Esta actitud atenta contra la soberanía nacional.
-Cuando veo este tipo de gobernantes que tenemos, siento que el país dejó de ser soberano.
A estas empresas bananeras que debían miles de millones de colones se les condonó la deuda. Y Dole que fue una de las liberadas de pagar, no dudó en despedir a 500 trabajadores.
Así que la impresión que tengo es que este es un proceso de destrucción de los derechos humanos, donde el sistema jurídico está infartado. No ha muerto aún pero les niega el acceso a la justicia a trabajadores y trabajadoras.
El modelo de resolución judicial, a su vez, atrasa los procesos durante años y años, con la explosión de una reforma procesual que nunca funcionó y con un Ministerio de Trabajo incapaz y sin herramientas para solucionar los conflictos laborales y con una población sometida por la miseria.
Siento algo extraño cuando veo que Centroamérica ha avanzado con relación a su historia reciente y Costa Rica retrocede en el mismo sentido. Esta es la moraleja más cruel.
Costa Rica llegó a tener una legislación avanzada en cuanto a derechos humanos, a estabilidad laboral. Pero ahora el retroceso es permanente.
-Ahora Chiquita espera que la gente se canse de luchar para volver con personal tercerizado y sin sindicato, ni convención colectiva.
-Correcto. La situación es la siguiente: Dole y Chiquita están despidiendo a los trabajadores que estaban sindicalizados, que tenían negociación colectiva, despreciando su experiencia y su contribución de años a la compañía, y en uno o dos meses volverán a sus predios con unos contratistas en condiciones de informalidad, sin seguridad social, sin sindicato. Este es el retroceso.
Lo sucedido en Chiquita es una agresión contra la población de Limón, contra el Estado, contra la estabilidad laboral, un desprecio por los derechos humanos, en un país que se jacta de ser respetuoso de los derechos y que suscribe todo y cuanto acuerdo internacional sale. Pero no los aplica.
En San José, Gerardo Iglesias