-¿Cuál es la situación del país en medio de esta pandemia?
-La Covid 19 ha servido al gobierno y a importantes sectores económicos para apropiarse de nuestros recursos, mediante préstamos de la banca internacional.
Nosotros y un grupo de organizaciones planteamos al gobierno que habilitara una renta básica de unos 500 dólares a unos 200.000 trabajadores cuyo contrato había sido suspendido, aumentando el 4 por ciento el desempleo.
El gobierno apenas dio 100 dólares por persona. Nada. A la gente de capas medidas, endeudada por compras que había realizado antes de la pandemia, le está yendo particularmente mal, el mundo se le vino abajo.
El PIB ya ha caído 13,6 por ciento y para 2021 no hay mejoría alguna a la vista. Unos 500.000 jóvenes se han quedado sin clases, y para el próximo año la deserción escolar sin duda aumentará.
El gobierno avanza a tientas, improvisando. El dinero que ha recibido de préstamos no lo ha destinado a la pequeña y mediana empresa, que es la que absorbe en Panamá la mayor parte de la mano de obra. En vez de eso alimentó a la banca.
-También se ha utilizado la pandemia para socavar conquistas laborales, limitar el derecho de expresión y movilización, eliminar organizaciones sindicales…
-Sí, el gobierno adoptó una serie de decretos, que empezaron por la suspensión de contratos laborales y terminaron por darle a las empresas la libertad de despedir trabajadores y trabajadoras.
Hay una ofensiva combinada del Ejecutivo y los poderes económicos para debilitar aún más el tejido social del movimiento sindical.
Tenemos una ministra de Trabajo, Doris Zapata Acevedo, que aplica una política totalmente antiobrera y que quiere liquidar el Código del Trabajo mediante una reforma que empeora la situación laboral, fomenta la informalidad y la reducción de los ingresos de los trabajadores.
De los 200.000 trabajadores y trabajadoras que vieron suspendidos sus contratos laborales, milagrosamente unos 60.000 a 70.000 lograron encontrar un nuevo empleo, pero gracias a la reforma se autorizó a las empresas que los contrataron a pagarles por debajo del salario mínimo legal.
El 9 de noviembre hicimos movilizaciones en todo el país pidiendo la renuncia de la ministra. Ni siquiera nos ha atendido cuando se lo reclamamos, faltando a su obligación de hacerlo.
-Y el gobierno está embarcado en otras reformas neoliberales.
-Sí, para 2021 proyecta la de la seguridad social y la privatización del agua potable.
Nos estamos movilizando en pos de un nuevo contrato social para crear estabilidad y marchar hacia una sociedad más equitativa, con mayor bienestar social.
El modelo ha fracasado por completo, pero quieren sacrificar aún más trabajadores y trabajadoras. Los empresarios siguen buscando enriquecerse a cualquier costa aprovechándose para eso del Estado y a pesar de esta crisis sanitaria.