Con la entrada en operación de la Nueva Terminal de Contenedores de Moín, (TCM), concesionada por el gobierno a la compañía holandesa APM Terminals, empresas como Chiquita Brand y Dole han rescindido contratos laborales de unas 500 personas.
Los despidos involucran a trabajadores y trabajadoras con varios años de antigüedad en esas empresas y mayores de 40, lo que les dificulta aún más conseguir un nuevo empleo.
La decisión de prescindir de ellos y ellas no se justifica, además, por razones económicas, ya que las dos empresas siguen obteniendo pingües ganancias por su operativa en el país.
Para colmo, y como otro signo de irrespeto, los despidos fueron comunicados por carta.
APM Terminals, dice ANDE, “no ha producido los encadenamientos productivos anunciados por las administraciones promotoras de la megaterminal, lo que inevitablemente nos remite a las falsas promesas del Tratado de Libre Comercio y sus nefastas consecuencias para Costa Rica”.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, el desempleo afecta actualmente en Costa Rica a un 12 por ciento de la población activa, un récord histórico, y la informalidad crece año tras año.
ANDE exige al gobierno nacional “un replanteamiento serio, justo, equitativo y contundente para la generación de empleo, la salida de la marginalidad y mejores condiciones de vida para el pueblo limonense”.