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Coca-Cola abusa de una emergencia nacional de salud para atacar los derechos laborales

Despidos abusivos y represión antisindical

La gerencia de Coca-Cola en Filipinas aprovecha la emergencia por coronavirus para atacar a dirigentes sindicales de la afiliada a la UITA FCCU-SENTRO e intimidar a sus miembros con despidos, procedimientos disciplinarios y el uso del poder policial.
Foto: UITA

Mientras los trabajadores y trabajadoras se esfuerzan por sobrevivir durante estrictas medidas de confinamiento y una pandemia letal, la compañía ha ordenado al personal con sospecha de exposición a Covid-19 cuarentena sin remuneración.

El 28 de marzo, el personal de la planta de Coca Cola en San Fernando, provincia de Pampanga, profundamente preocupado por el riesgo de infección tras la muerte de un familiar directo de una persona que se desempeña en la planta, mantuvo una reunión sindical en la sala de vestuario.

Los dirigentes sindicales instaron a los trabajadores a cumplir con las recomendaciones del gobierno y a quedarse en casa si temían exponerse o contaminar a otras personas, afirmando que respetarían las decisiones individuales.

Coca Cola Company es la responsable

La gerencia tomó represalias del 6 al 8 de abril con medidas disciplinarias contra siete dirigentes y miembros del sindicato en las plantas de San Fernando y Canlubang, entre ellos Alfredo Marañón, Belarmino Tulabut y Danilo Pineda, acusándolos de “sabotaje económico”.

Los tres fueron despedidos el 8 de mayo.

El secretario general nacional de FCCU-SENTRO, Brendo Enríquez, escribió a la gerencia de Coca-Cola el 18 de mayo protestando por los despidos y compartiendo la comunicación con sus miembros y con la UITA. Le aplicaron medidas disciplinarias y ahora se enfrenta al despido.

Y la gerencia pidió a la policía que disolviera una manifestación laboral pacífica de protesta por el despido de sus dirigentes sindicales el 9 de junio.

Los trabajadores y las trabajadoras que protestaban llevaban máscaras, respetaban el distanciamiento social y habían acordado procedimientos con la policía local.

Las actividades de Coca-Cola en Filipinas son propiedad exclusiva de Coca-Cola Company en Atlanta, Estados Unidos. La responsabilidad por intimidación, despidos y amenazas a nuestra afiliada y sus miembros recae directamente en Coca-Cola Company.

Los representantes sindicales que invocan el derecho de sus miembros a un lugar de trabajo seguro no están cometiendo un “sabotaje económico”.

Los sindicatos tienen derecho a comunicarse con sus miembros y con la UITA, a reunirse en forma pacífica y a protestar.

Los invitamos a FIRMAR LA PETICIÓN a continuación para enviar un mensaje a Coca-Cola Company. ¡Coca-Cola no puede abusar de una emergencia de salud pública para atacar derechos humanos fundamentales!