A diferencia de lo que se quiere hacer creer, el acuerdo no es definitivo, porque debe ser ratificado por el presidente de la república, Salvador Sánchez Cerén.
El mandatario tiene todavía tiempo para dar marcha atrás, así como puede aún promover una modificación del sistema de elección de los integrantes del CNSM, que fue diseñado en los años sesenta por las dictaduras militares y perfeccionado por los gobiernos neoliberales de ARENA en los años noventa.
Los representantes laborales en el CNSM demostraron en repetidas ocasiones y en cada revisión salarial su tendencia a alinearse sin ningún recato con las posturas empresariales. Por tanto lo sucedido el 1 de junio no es ninguna sorpresa.
La vigencia del mandato de los integrantes del Consejo ya expiró pero el gobierno los ha mantenido en su cargo, en una acción reñida con la ley y que constituye un craso error de cálculo político.
Ello evidencia la capacidad de presión del capital hegemónico representado por la ANEP (Asociación Nacional de la Empresa Privada) sobre el gobierno del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional.
También el Ministerio de Trabajo mantiene un acercamiento permanente con las gremiales empresariales en varios temas, entre ellos la promoción de ferias de empleo.
Esto ha llevado a la ministra de esa cartera a premiar a empresas como LIDO-FAMOLCAS, afiliada a la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI, miembro de ANEP), pese a tener abiertos, incluso en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), expedientes por despidos de dirigentes sindicales y violaciones constantes a los derechos laborales.
Javier Simán, presidente de la ASI, amenazó recientemente con despidos masivos si se aprueba la propuesta del gobierno en materia de salarios mínimos. Pese a lo descarado del chantaje y al anuncio de una medida ilegal, parece que esto no hace reaccionar al Ministerio de Trabajo.
Mientras tanto, todas las reformas legales elevadas por el movimiento sindical en diversos ámbitos institucionales -para mejorar el cumplimiento de los derechos laborales o la ratificación de nuevos derechos y convenios internacionales- se encuentran en un punto muerto.