-¿Qué nuevos problemas están teniendo con Chiquita Brands?
–Chiquita nunca ha sido una empresa fácil pero después que la adquieren los brasileños, endurece sus políticas antisindicales y de irrespeto de los derechos laborales. Intensifica su postura de cero diálogo, no oye ni habla nada con los sindicatos.
Si el sindicato llega a ingresar a alguna finca, Chiquita monta todo un espectáculo, llama a la policía, como forma de generar temor entre los trabajadores. Es una actitud completamente hostil.
Si el sindicato realiza algún planteo de una situación determinada a través de una comunicación oficial a la empresa, dilatan la respuesta hasta dos meses y cuando lo hacen es puro formalismo, sin voluntad alguna de dar solución a lo que se le reclama dejando a los trabajadores y trabajadoras en una situación de completa indefensión.
-Las transnacionales brasileñas han desarrollado una cultura autoritaria, soberbia y verticalista…
-Sin dudas. Chiquita cerró completamente las puertas, solo nos convocan cuando tienen algún interés particular y ahí entonces nos citan al Ministerio de Trabajo en San José, en la capital.
Un claro ejemplo de esta conducta autoritaria y desleal de Chiquita es que decidieron demoler las viviendas monohabitacionales (baches) y cuando el sindicato tomó acciones para frenar esa medida, la empresa solicitó audiencia en el Ministerio de Trabajo para avisar a las autoridades laborales que estaba realizando la demolición.
Cuando lo correcto hubiese sido dialogar antes, una salida con el sindicato y no apenas comunicar una determinación que afecta directamente a los obreros.
A esto se le suma que no nos dejan ingresar a las plantaciones para hablar con los trabajadores y realizar afiliaciones…
-Esto es común en Brasil, tanto en el medio rural como en las unidades de producción urbanas, el sindicato no ingresa…
-Fíjate, ahora mismo tenemos una notificación para una audiencia en el Ministerio, solicitada por Chiquita para hablar sobre el ingreso a los centros de trabajo.
-¿Pasaba esto con la anterior administración?
-No. Antes podíamos ingresar a los centros de trabajo a dialogar con los compañeros y compañeras, teníamos un boletín, promovíamos la afiliación de los trabajadores, en fin todo lo que conlleva un trabajo sindical de campo, sin embargo ahora se nos niega ese derecho.
Obviamente se escudan en la situación sanitaria derivada de la pandemia de Covid-19 y también del brote de fusarium en los cultivos de banano. En este último caso no existe ningún tipo de prohibición de ingreso a las fincas vinculada con el hongo.
Lo que sí plantea la Corporación Bananera Nacional (Corbana) que nuclea a productores del sector privado, es que hay que tomar algunas precauciones de bioseguridad, pero de ninguna manera no ingresar a las plantaciones.
-¿Cuántas personas vivían en los baches que fueron derrumbados?
-Más de 200 personas fueron afectadas sin previo aviso. Llegaron con la carta de desalojo y pretendían que esa gente se fuera. Por supuesto que la mayoría no tenía dónde ir, ni condiciones financieras para arrendar algo, y entonces ahí les ofrecían la liquidación laboral.
Hubo muchos compañeros que no tenían otra opción y terminaron aceptando la liquidación.
-¿Qué acciones tomará el sindicato?
-Estamos insistiendo en una reunión con los altos mandos de Chiquita mediante el acuerdo marco, para agotar esa instancia. Además hemos presentado las demandas judiciales por los despidos ilegales.
También buscamos el respaldo internacional para difundir esta situación y particularmente el apoyo de la UITA para tener esa reunión con la gerencia de la compañía.
Si no nos atienden, diseñaremos una campaña de denuncia que involucre a los consumidores, en este sentido hay que mencionar que esta empresa tiene certificación Reinforest Alliance. Otra problemática que enfrentamos.
