Entre los trabajadores y trabajadoras despedidos –a través de mensajes de Whatsapp y sin preaviso alguno ̶ había también gente con graves problemas de salud y mujeres embarazadas.
La gran mayoría de ellos no pudieron ser reubicados en otra empresa, pero la firma se desentendió por completo de su suerte, a pesar de que muchos llevaban años prestándole servicio.
La justicia ha sido totalmente inoperante en este caso, a pesar de la masividad y la arbitrariedad de los despidos.
“Es muy claro que hay dos justicias en Costa Rica, una para las pequeñas y medianas empresas nacionales y la otra paras las transnacionales, que es como si tuvieran un fuero particular”, remarcó Ulloa.
Solo dos de los 160 trabajadores afiliados al sindicato que denunciaron judicialmente a Chiquita hace un año obtuvieron una indemnización de parte de la empresa: una mujer embarazada en el momento de su despido y un hombre con graves problemas de salud que estaba en tratamiento médico y a los pocos meses falleció.
Ulloa teme que los procedimientos judiciales restantes puedan extenderse por dos años más.
“Además de lenta la justicia costarricense es impresentable: durante seis meses enviaron cartas de citación a la empresa que no eran respondidas, que volvían a su remitente como si allí no hubiera nadie. Debieron pagar a un notario para que la empresa se diera por notificada. Una justicia así no tutela los derechos de los más débiles”.
Tampoco en los funcionarios del Ministerio de Trabajo confía el sindicato. “Han actuado de hecho como cómplices de la empresa”, sostuvo Ulloa.
El mismo modelo de Chiquita lo replicaron al poco tiempo Dole y otras transnacionales. “Fue un calco”.
En Chiquita, en las fincas, permanecen trabajando unas 4.000 personas. Gran parte de ellos son indígenas y muy pocos los sindicalizados.
“Lo que ha quedado claro en este caso es la impunidad con que actúan las transnacionales en Costa Rica. Hacen lo que quieren y no asumen nada porque nadie les exige que lo asuman”, concluyó el asesor de la Regional.