Las violaciones a los derechos humanos en los dos últimos meses han sido constantes:
Centros de contención han sido utilizados como lugares de confinamiento en donde se han contagiado cientos de personas, el confinamiento sanitario se ha aplicado como forma de detención arbitraria, incluso contra activistas de derechos humanos, al menos dos personas fueron asesinadas por fuerzas policiales o militares bajo el argumento de no acatar la cuarentena.
Se ha excluido de las ayudas a trabajadores de la industria maquiladora, del sector privado, de la industria, el comercio o restaurantes, mientras el gobierno ha desplazado direcciones sindicales, remplazadas por juntas afines y ha militarizado fábricas propiedad de empresarios que compiten con el grupo de la familia del presidente.
Unos 4.000 salvadoreños que estaban en el exterior cuando estalló la pandemia no han podido regresar al país, al tiempo que la prensa que no es proclive a la propaganda oficial es sometida a ataques permanentes y se utilizan fondos públicos en principio destinados al combate de la epidemia a proselitismo electoral.
El Ejecutivo ha emitido además un arsenal de decretos que le han permitido suspender derechos, atribuyéndose prerrogativas de las que carece, y ha vetado una ley aprobada el 18 de mayo por el parlamento con mayorías especiales que establece un regreso progresivo a la actividad en cuatro fases y crea un Comité Interinstitucional y Multidisciplinario para controlar la aplicación de ese plan.
Bukele estimó que el plan parlamentario generará “contagios masivos”, anunció por Twitter que lo vetará y dijo que se tomará su tiempo para devolver la ley a la Asamblea.
Lo que pretende el presidente es forzar una nueva extensión de la cuarentena, lo que le permitirá continuar manejando los fondos públicos con la opacidad con que lo ha hecho en estos dos meses.