Negocios no calificados como esenciales tuvieron que cerrar sus puertas en el estado de emergencia que se encuentra el país.
Para enfrentar la pandemia, el presidente Danilo Medina creó el Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado (FASE), dotado de 32.000 millones de pesos (unos 589.000 dólares) provenientes del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idoppril) y de un préstamo contraído por el propio gobierno.
Los trabajadores y trabajadoras con contratos suspendidos recibirán el 70 por ciento de sus salarios ordinarios hasta un límite de 8.500 pesos mensuales (156 dólares aproximadamente). El monto restante hasta alcanzar el 100 por ciento del salario está a cargo de la empresa, pero es optativo.
En las empresas manufactureras que no hayan cerrado ni suspendido los contratos a sus trabajadores, la transferencia a cada trabajador será de 5.000 pesos mensuales (92 dólares), mientras que el monto restante debe ser obligatoriamente cubierto por el empleador.
Según informó el ministro de Trabajo, Winston Santos, más de 527.000 trabajadores están comprendidos en la primera modalidad.
Entre las empresas que más están aplicando la medida de suspensión de contratos por periodos, incluso por un plazo superior a la vigencia de la declaratoria de emergencia nacional, figuran call centers y hoteles.
Algunos establecimientos en zonas francas no están notificando el plazo que regirá para la suspensión.
Casi un tercio de la población laboral formal del país (que para diciembre era 2.299.153 personas, de acuerdo a datos del Banco Central) ha sido afectada por las suspensiones de contratos.
El 18 de marzo el Ministerio de Trabajo dispuso que los establecimientos cerrados por motivo del COVID-19 otorguen vacaciones remuneradas a sus trabajadores y que, en el caso de aquellos empleados que no tengan suficiente antigüedad para gozar del descanso anual, se les avance una semana de vacaciones remuneradas y otra a cargo de la empresa.
Estas disposiciones, sin embargo, no se están cumpliendo, según constató, entre otros, el ex vicepresidente de la república y ex ministro de Trabajo Rafael Alburquerque, experto en derecho laboral,
“Se está recurriendo a la medida extrema de pedir la suspensión por 90 días, más allá del plazo del estado de excepción que se aprobó en el Congreso, que fue de 25 días”, señaló.
