En las últimas semanas la CIDH recibió información sobre amenazas de muerte e incitación a la violencia en contra de los defensores de derechos humanos Gustavo Oreamuno Vignet y Jeffrey López Castro, ambos integrantes de la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö, en la provincia de Puntarenas.
Estas amenazas también se habrían manifestado en contra de familiares de los miembros de la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö.
De acuerdo con la información recibida, las amenazas se intensificaron a raíz de la labor de derechos humanos y la denuncia pública del asesinato del defensor de derechos humanos Jerhy Rivera Rivera, que tuvo lugar el 24 de febrero, un día después de que se iniciaran nuevas acciones tendientes a la recuperación de tierras en el Territorio Bröran de Térraba, en la misma provincia.
De conformidad con información suministrada por el Estado, los presuntos responsables de los hechos fueron identificados por las autoridades, detenidos e indagados, iniciándose el correspondiente proceso judicial.
La CIDH destaca la importancia del territorio para la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas y reitera lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido que la falta de identificación, delimitación y demarcación efectiva por parte de los Estados respecto de las tierras indígenas puede crear un clima de incertidumbre permanente, afectando la paz social del colectivo.
La CIDH observa que el 18 de marzo se cumple un año del asesinato de Sergio Rojas, líder indígena bribri, quien era beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la CIDH en abril de 2015.
Al respecto, la Comisión advierte, según información publicada, la falta de avances sustantivos en la línea de investigación lo que tiene como consecuencia que no se haya enjuiciado aun a los responsables.
La CIDH reitera que este crimen debe ser investigado de manera seria, pronta, exhaustiva, independiente e imparcial y se debe sancionar a los responsables intelectuales y materiales.
Asimismo, la CIDH recuerda que, conforme a la Medida Cautelar 321-12, el Estado debe adoptar medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal de los miembros de los pueblos indígenas Teribe y Bribri en la provincia de Punta Arenas.
La CIDH llama al Estado costarricense a reforzar las medidas de protección integral adoptadas a favor de líderes indígenas y defensores de derechos humanos en los territorios de Salitre y Térraba, así como a investigar estos hechos pronta y diligentemente.
En la investigación, el Estado debe incluir líneas donde se analice como hipótesis que estos actos de violencia han tenido como móvil la actividad como defensores de derechos humanos.
La Comisión reitera que los actos de violencia y otros ataques contra las defensoras y los defensores de derechos humanos no sólo afectan las garantías propias de todo ser humano sino que atentan contra el papel fundamental que juegan en la sociedad.
Dichos actos perjudican además a todas aquellas personas para quienes trabajan, dejándoles en un estado de mayor vulnerabilidad, llegando incluso hasta la indefensión.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia.
La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
Washington, D.C.,18 de marzo de 2020
Nota del Editor: Agradecemos el envío de este material a Jair Krischke (MJDH)