El decreto del Ministerio de Salud, conocido el viernes 10, señala que el fundamento de esa decisión es permitir a los trans recibir tratamiento psicológico gratuito.

“Disfrazan como un gesto benéfico lo que en realidad es una actitud de la más pura transfobia, y un retroceso de décadas para este país que nos pone al nivel de los más trogloditas”, dijo una representante de la comunidad LGTBI peruana.

La ironía de la historia –o no– es que el decreto del gobierno de Boluarte fue adoptado apenas unos días antes de que se conmemore, este viernes 17, un nuevo Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, reconocido por más de 130 de los 193 países y territorios que integran las Naciones Unidas.

El día fue instituido en 2005 precisamente en homenaje a una resolución de la 1994 de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud de retirar a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales.

La transexualidad, específicamente, fue a su vez eliminada de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades (CIE) en 2022, pero Boluarte y los suyos echaron mano a la versión anterior, ya caducada, de esa lista para su “decreto supremo N° 009-2024-SA”.

La comunidad LGTBI le envió al ministro de Salud, César Vásquez, una carta pidiendo la revisión de un decreto apoyado en normas internacionalmente perimidas, como resumió Percy Mayta Tristán, director del área de investigación de la Universidad Científica del Sur que también mostró su alerta.

El decreto “deja una puerta abierta a las terapias de conversión, así como al uso de hormonas con fines de corrección de la homosexualidad, terapias que son consideradas una tortura por el derecho internacional”, dijo Jorge Apolaya, vocero del Colectivo Marcha del Orgullo Lima, citado por el diario español El País.

Mejor harían los gobernantes peruanos en respetar los derechos humanos, dijeron otros portavoces del movimiento, pensando quizás también en que este Ejecutivo es responsable, entre otros delitos, del asesinato por la policía de decenas de personas en las protestas que siguieron al golpe de Estado contra el presidente Pedro Castillo de diciembre de 2022.