En opinión de Meléndez, el 7 de diciembre el presidente Pedro Castillo intentó un autogolpe e inició una crisis sin precedentes incluso para un país como Perú, acostumbrado a ver llegar y caer presidentes (seis en cuatro años) aunque no a elegirlos.

El nuevo gobierno de Dina Boluarte ha sufrido las primeras dos dimisiones de ministros por la muerte de manifestantes apenas una semana después de asumir.

“En el escenario que tenemos ahora existe una confluencia de factores que han ido incrementando una olla a presión que finalmente ha explotado y donde no se puede tener una sola lectura”, dijo Meléndez.

Para la activista, entre los múltiples factores que llevaron al actual contexto figuran una desigualdad histórica; una crisis de gobernabilidad que se arrastra desde hace años; una falta de cultura democrática de la ciudadanía; un racismo y un clasismo endémicos que se filtra en estos procesos.

“Hay una reforma política que nunca se pudo llevar adelante y que deriva en esta coyuntura”, afirma.

A todo esto, las protestas populares comenzaron a ser tildadas de terrorismo, o como lo dicen en Perú, “volvió el terruqueo”, lo que ha llevado a enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas armadas con un saldo actual de 25 muertos.

“En el Centro Flora Tristán creemos que luego del intento de autogolpe, Castillo perdió toda legitimidad para seguir siendo presidente y que la legítima sucesora es Dina Boluarte. Sin embargo, las decisiones que tomó afectan los derechos fundamentales de la ciudadanía, por lo que nos sumamos a las voces que exigen su renuncia”, subrayó.

“Lamentamos que la primera mujer presidenta del Perú haya tomado la vía de la violencia militarizada, masacrado y vulnerado los derechos humanos de la población y por lo tanto no podemos avalar este gobierno”.

Es cierto que hay grupos infiltrados que están incitando a la violencia, dijo la dirigente del Centro Flora Tristán, pero también lo es que se ha usado una fuerza desmedida para reprimir a los manifestantes.

“A esto se suma un Congreso al que nada le interesa el bienestar de su pueblo, algo que quedó de manifiesto cuando salieron a festejar la caída de Castillo. Siempre estuvieron en su contra”.

Esta situación política a la interna del Congreso no justifica el accionar del ex presidente, que deberá responder judicialmente a su intentona golpista. Pero puede explicar en parte la gravedad de la crisis, que no parece tener una salida inmediata.

“El adelanto de las elecciones, que es el clamor popular, no tiene receptividad en el Congreso y eso nos plantea un escenario aún más incierto porque a la clase política que tenemos solo le importan sus propios intereses y esta crisis como siempre la están pagando los menos favorecidos”, finalizó.