Los sindicatos piden también el aumento del salario mínimo vital en función del alza del costo de la vida y que permita la recuperación del poder adquisitivo perdido en los últimos años.
La decisión fue adoptada el miércoles 12 por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Central Autónoma de Trabajadores (CAT) y la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP).
Las centrales obreras consideran que no ha habido gobierno reciente en Perú que haya aplicado políticas favorables a los asalariados, pero sostienen al mismo tiempo que lo que se plantea el Ejecutivo actual va demasiado lejos.
En comunicados comunes dirigidos a la ministra de Trabajo, Sylvia Cáceres, destacan cómo la “Política Nacional de Competitividad y Productividad” está “orientada a reducir los derechos laborales” a través, por ejemplo, de “la eliminación de la protección contra el despido arbitrario, la flexibilización de los ceses colectivos, la uniformización del régimen laboral agrario con 15 días de vacaciones, las eliminación de las gratificaciones”.
Aunque no recoge por completo los reclamos de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), esa política sí retoma lo esencial de sus propuestas, absolutamente contraria a los intereses de los trabajadores, dicen.
“Ante esta situación no podemos quedar con los brazos cruzados, tenemos que responder con firmeza rechazando las draconianas propuestas antilaborales consensuadas entre los empresarios y el gobierno de Martín Vizcarra”, dicen.
“La clase obrera tiene como misión histórica luchar contra toda forma de opresión y explotación del hombre por el hombre”, recuerdan.
Las cuatro centrales repudian, por otra parte, declaraciones de la presidenta del CONFIEP, María Isabel León, que ante el Consejo Nacional de Trabajo negó representatividad a las confederaciones obreras y afirmó que no tenían propuestas alternativas a las de los empresarios y el gobierno.
“Estas apreciaciones son absurdas e inadecuadas, solamente promueven confrontaciones y conflictos” y León nada dice “de los actos de corrupción en los que están comprometidos los principales funcionarios de las grandes empresas que ella representa”, apuntan.