La misión, que visitó varias ciudades del país entre el 17 y el 21 de mayo, instalaciones estatales, centros de salud, hospitales, el Instituto de Medicina Legal y cárceles, recogió informaciones según las cuales la represión a las movilizaciones sociales arrojó un saldo de 76 personas muertas, 868 heridas y 438 detenidas, “entre estudiantes, población civil, defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas”.
Si bien reconoce que los manifestantes “hicieron uso de morteros caseros con pólvora, piedras y hondas” y recoge afirmaciones del gobierno sobre la existencia de “grupos vandálicos y criminales” entre los manifestantes, sostiene que los cuerpos de seguridad del Estado recurrieron a la fuerza de manera “excesiva” y “desproporcionada”.
También destaca “un patrón de detenciones masivas y arbitrarias ocurridas especialmente durante los primeros días de las protestas, en perjuicio de estudiantes, trabajadores y jóvenes que se encontraban en la zona de los incidentes”.
De manera general, la delegación constató “un ambiente de intimidación en contra de estudiantes, manifestantes, periodistas y ciudadanos que manifiestan su rechazo al gobierno y a la actuación represiva de agentes del Estado”.
La CIDH elaboró un listado de 15 “recomendaciones” que elevó al gobierno, entre ellas el cese “inmediato de la represión a los manifestantes y la detención arbitraria de quienes participan de las protestas” y el respeto del “derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de la población”.
Pidió igualmente la creación de un “mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia” y el desmantelamiento de “los grupos parapoliciales” y de “grupos de terceros armados que atacan y hostigan a la población civil”, entre otras medidas.