Foto: Gerardo IglesiasNicaragua, un país con historia trágica y heroica, vive, una vez más, horas tristes. El afán de Daniel Ortega y Rosario Murillo de perpetuarse en el poder en nombre de una inexistente revolución ha colocado al país al borde del colapso, en la antesala de una situación impredecible.
Desde 2018, la pareja en el poder ha desatado la violencia estatal y de grupos paramilitares contra la población civil, que en abril de ese año se rebeló de manera cívica.
El saldo ha sido doloroso: más de 300 personas asesinadas –sobre todo jóvenes–, más de 100 mil personas exiliadas y más de 120 que aún permanecen en las cárceles del régimen, de las más de 3 mil que fueron apresadas en distintos momentos.
En los últimos días, los Ortega-Murillo han desatado una nueva embestida represiva: allanaron y desvalijaron, por tercera vez en los últimos 13 años, las oficinas del periodista Carlos Fernando Chamorro y el medio Confidencial, y han abierto una causa penal contra Cristiana Chamorro, periodista y precandidata presidencial independiente, bajo el presunto delito de lavado de dinero proveniente de fondos públicos de la cooperación estadounidense y europea.1
La casa de la señora Chamorro fue allanada el pasado 2 de junio y se ha decretado arresto domiciliario en su contra.
Además, se ha citado a declarar a más de 30 periodistas, directores y representantes de medios, ex trabajadores y representantes de organizaciones que han recibido algún apoyo de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, entre ellos el escritor Sergio Ramírez y el diario La Prensa.
Esta nueva escalada represiva está enfocada en sacar de la escena política a posibles competidores de los actuales gobernantes, a menos de seis meses de las elecciones de noviembre.
Pero sus consecuencias son aún peores: en el fondo esto constituye un paso más hacia la consolidación de un régimen despótico que ha colocado a los nicaragüenses en el umbral de la supresión total de sus derechos humanos.
Ante este empeoramiento de las ya deterioradas libertades públicas, las personas amigas de Nicaragua y amantes de la democracia como el mejor sistema de gobierno y de convivencia posible no podemos quedarnos en silencio, porque hacerlo implicaría ser cómplices de la opresión y la impunidad ante las violaciones manifiestas de los derechos humanos.
Por ello, condenamos enérgicamente estos nuevos atentados en contra del pueblo nicaragüense y pedimos contundencia a la comunidad internacional y a nuestros gobiernos para emprender las acciones necesarias para evitar que el régimen de los Ortega-Murillo logre sus oscuros propósitos.
El pueblo nicaragüense, víctima de tantas guerras civiles en el pasado, esta vez ha optado por una salida pacífica de la crisis en la que se halla sumido desde hace tres años.
Esta salida son unas elecciones libres, transparentes y con garantías para transitar hacia la recuperación del Estado de derecho y construcción de una democracia con pleno respeto de los derechos humanos.
Pedimos:
• La condena, por parte de la comunidad internacional, de las acciones del gobierno de Ortega y Murillo.
• Un proceso electoral que cumpla con las condiciones mínimas exigidas por la comunidad internacional.
• Que se haga todo lo posible en el plano diplomático y político para sancionar el régimen por las sistemáticas violaciones de los derechos humanos en el país.
No abandonemos al pueblo de Nicaragua en su empeño de conquistar la paz, la libertad y la democracia. No permitamos que Ortega y Murillo continúen avanzando en este camino de consolidación de una dictadura.