La CIDH urge que las autoridades restablezcan las garantías democráticas y las condiciones para la defensa de derechos humanos y el pleno ejercicio de la libertad de asociación, expresión y el derecho a la protesta social.
El 30 de enero pasado, la Comisión condenó los trabajos para la demolición, iniciados el 29 de enero de 2021, de las instalaciones confiscadas al Centro Nicaragüense por los Derechos Humanos (CENIDH) en Managua, así como la utilización de sus oficinas en su sede de Juigalpa, Chontales.
En el mes de octubre del 2020, la Comisión denunció la ocupación de hecho de algunos de los predios de la Fundación del Río, y en diciembre del mismo año, la instalación de letreros oficiales en varias de las instalaciones requisadas, los cuales anunciaron su adjudicación como propiedad del Estado.
Estos hechos ocurren a partir de la cancelación de la personería jurídica decretada por la Asamblea Nacional, en diciembre de 2018, a nueve organizaciones no gubernamentales locales dedicadas a la defensa de derechos humanos, incluyendo CENIDH y la Fundación el Río.
Desde entonces, las sedes de las organizaciones fueron allanadas y ocupadas por agentes del Estado, y aunque las organizaciones afectadas interpusieron recursos judiciales contra estos hechos, a la fecha, estos continúan sin ser resueltos.
Las medidas, tanto jurídico administrativas de cancelación de la personalidad jurídica por medio de procesos ilegales y arbitrarios, así como la ocupación de hecho, destrucción o alteración de las instalaciones de organizaciones de defensa de los derechos humanos constituye una de las restricciones más severas de la libertad de asociación.
Además, estaría encaminada a silenciar a quienes denuncian la grave situación de los derechos humanos en el país.
La CIDH urge al Estado de Nicaragua a cesar el hostigamiento de defensoras y defensores de derechos humanos e insta a garantizar las condiciones para que puedan desarrollar plenamente sus labores de promoción y defensa, así como a ejercer sus derechos.
Asimismo, teniendo en cuenta que estas medidas represivas se enmarcan como parte de una crisis de derechos humanos general que persiste en Nicaragua desde abril de 2018, en la que se ha alterado el orden constitucional y democrático del país, la Comisión reitera su llamado al restablecimiento de las garantías democráticas y mantiene su disposición de colaboración con el Estado de Nicaragua en esa dirección.
