Si en el pasado su conocimiento ancestral fue disminuido al ser catalogado de primitivo y mítico por la ciencia colonizada, que no conseguía entender la importancia de los saberes tradicionales, hoy en día es justamente la ciencia occidental la que dirige la mirada hacia el conocimiento indígena y argumenta, con investigaciones sólidas, que los bosques administrados por los pueblos originarios almacenan 34.000 millones de toneladas métricas de carbono y juegan un papel clave en la conservación de la biodiversidad y la mitigación del cambio climático (FAO-FILAC, 2021).
Las comunidades tradicionales han cargado con la enorme responsabilidad de preservar especies animales y vegetales para mantener el equilibrio del planeta; sin embargo, siguen siendo víctimas de muchísimas formas de violencia y pagando con sus vidas la defensa ancestral y espiritual de la tierra (CEPAL, 2020).
Hoy nos pronunciamos en defensa de los Pueblos Indígenas de Nicaragua. Llamamos a la solidaridad internacional particularmente con los Pueblos Mískitu y Mayangna que habitan en la Costa Caribe Norte de este país. La Reserva de la Biósfera de Bosawás, lugar ancestral de estos pueblos, es un territorio protegido y conservado por distintas comunidades Mískitu y Mayangna.
Desde hace décadas estas comunidades han sido atacadas por grupos armados de no-indígenas que invaden sus territorios en forma violenta, por empresas madereras y mineras que extraen indiscriminadamente los recursos naturales del bosque, por el Estado-nación que constantemente amenaza sus gobiernos comunales y territoriales a través de la imposición de formas autoritarias y colonizadas de organizar el poder (gobiernos paralelos), y por funcionarios públicos nicaragüenses involucrados en la venta ilegal de tierras indígenas (The Oakland Institute, 2020).
Nicaragua atraviesa una profunda crisis política que afecta los derechos humanos de líderes y representantes de la sociedad civil y la libertad de expresión de toda la ciudadanía; sin embargo, los ataques a las poblaciones indígenas y étnicas del país son una situación constante.
En el mes de junio del año en curso, mientras se encarcelaban a precandidatos presidenciales y una precandidata, así como a otras personas de un sector específico de la oposición al gobierno Ortega-Murillo, en la comunidad de Santa Fe, territorio Li Aubra, fue asesinado el joven Miskitu Bonifacio Dixon Francis. Cuando se internaba en el bosque con una persona de su comunidad, Dixon fue interceptado por colonos armados que le arrebataron la vida a balazos.
Su acompañante consiguió huir, aunque fue alcanzado por las balas que le provocaron la pérdida de su mano izquierda. La violencia a mujeres indígenas es también constante y se perpetúa en formas escabrosas de violencia sexual y secuestros.
El 26 de junio del año en curso, en el territorio Miskitu Wangky Twy Tasba Raya, la situación de violencia se agravó aún más; los ataques a la población no solamente fueron en forma de agresiones físicas sino también de crear situaciones que conducen al hambre.
En este momento los habitantes de estas comunidades indígenas están amenazados y amenazadas por grupos de colonos armados que les impiden salir a cazar, recoger sus cosechas, o buscar agua y alimento para sus familias.
Recientemente, acosada por el hambre, una persona del territorio arriesgó su vida para aproximarse a las plantaciones en busca de alimentos y fue recibida con balas por estos grupos armados. La emergencia en Tasba Raya es tal que la búsqueda del propio alimento cosechado en su tierra y fruto del trabajo comunitario se ha convertido en un riesgo para la vida, y todo esto sucede mientras el planeta todavía lucha contra la pandemia del COVID-19.
Para el pueblo Mískitu la pandemia no es tan letal como las balas y el mal gobierno que por muchos años ha permitido y dejado en la impunidad los crímenes contra pueblos indígenas para tener el camino libre en su proyecto extractivista y su necro política.
Recordamos también, que solo el año pasado el Caribe Norte fue impactado por dos huracanes que destruyeron la infraestructura de muchas comunidades que todavía no se recuperan del impacto de estos fenómenos naturales; sin embargo, los colonos y las industrias extractivistas no descansan en su ejercicio de muerte contra los pueblos originarios del país.
Desde el año 2015, han sido asesinadas más de 40 personas indígenas en Nicaragua, con docenas de personas secuestradas, heridas y desaparecidas. Como muestra: el 29 de enero del 2020, la comunidad de Alal, del Territorio Mayangna Sauni As fue atacada por 80 hombres armados.
En el ataque murieron 4 personas, 2 resultaron heridas y 16 casas fueron incendiadas (The Oakland Institute, 2020). El genocidio indígena es permanente en Nicaragua, mientras distintos pueblos originarios arriesgan constantemente sus vidas para la protección de sus bosques y territorios sagrados.
Las amenazas y ataques también se extienden a otros pueblos que habitan la zona del pacifico, centro y norte de Nicaragua en donde la explotación minera y actividades extractivistas, donde se ha establecido el bosque seco, aumentan la frontera agrícola, la deforestación, la ocupación de tierras comunales, la invasión de áreas costeras y la venta ilegal de tierras indígenas.
La Fundación Prilaka denuncia, este mes de junio de 2021, que las invasiones a los territorios indígenas en el Caribe Norte siguen su curso, desforestando el bosque para cultivar palma africana, establecer áreas de pasto para el ganado y expandir la explotación minera.
Para obtener la aprobación de estas actividades en territorios indígenas, de acuerdo a las autoridades de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte de Nicaragua (RACCN), se imponen mandos territoriales afines al FSLN (gobiernos paralelos), en la Comunidad Mayangna Sauni As.
Destacamos que una característica de los gobiernos comunales de estas regiones de Nicaragua es la toma de decisión en grupo; no existen líderes que impongan decisiones sobre la comunidad, sino que la asamblea comunal es la máxima autoridad para disponer sobre los territorios.
En el Caribe Sur de Nicaragua, donde se localizan los territorios de los pueblos indígenas Rama, Miskitu, Ulwas, Garífunas, Kriols y Creole, la situación no es distinta. La lucha contra la invasión de tierras por parte de colonos se mantiene; sin embargo, en la actualidad los territorios Rama y Kriol de esta región de Nicaragua están amenazados por el proyecto de Gran Canal Interoceánico.
La amenaza permanece a través de la aún vigente Ley 840 y la Ley 800 mediante las cuales se creó la Autoridad del Gran Canal Interoceánico y se otorgó una concesión, todavía vigente, que abortó el proceso de titulación de la Comunidad Negra Creole Indígena de Bluefields e impuso el arriendo perpetuo de 276 km en el territorio Rama y Kriol para construir un canal en el sur de Nicaragua.
A pesar de las protestas presentadas a la CIDH porque no se realizó un procedimiento de consentimiento previo, libre e informado a las comunidades afectadas, el gobierno de Nicaragua mantiene estas resoluciones en función de sus propios intereses e ignora el clamor de las poblaciones del Caribe Norte y Sur de sanear las tierras étnicas e indígenas, es decir, de detener las invasiones y retirar a las poblaciones no indígenas que destruyen los últimos bosques y reservas naturales del país.
Los Pueblos Mískitu y Mayangna dirigieron una carta a la OEA en el mes de junio de 2021 en demanda de solidaridad internacional ante el recrudecimiento de la violencia en sus territorios. Ante este pedido, nos sumamos a diversos colectivos e instituciones para exigir justicia y respeto a la vida y cultura de los pueblos originarios de Nicaragua.
Observamos una centralización de los registros de las represiones gubernamentales en la actualidad principalmente en Managua, la ciudad capital, dejando en un silenciamiento atroz los crímenes que diariamente se cometen a las poblaciones étnicas e indígenas de la Costa Caribe.
El hambre y la violencia física, sexual, simbólica y espiritual contra estos pueblos sigue y cobra vidas sin generar la respuesta necesaria en los medios de comunicación locales y nacional, pero nosotros no podemos quedarnos en silencio.
Hacemos un llamado al Estado de Nicaragua, a las autoridades Regionales y demás autoridades competentes nacionales e internacionales a proteger estos territorios y a condenar los crímenes de lesa humanidad cometidos a su gente. Hasta el día de hoy los crímenes contra los pueblos indígenas no han sido condenados; exigimos que sean reconocidos como tales, para encontrar a los culpables, detener la masacre y garantizar justicia.