Colombia es el país que presenta la mayor cantidad de homicidios de este tipo con 34 casos, y continúa siendo el que registra más homicidios políticos y sociales del mundo.

Las estadísticas oficiales distinguen entre asesinatos de líderes y lideresas ambientales, indígenas, comunitarios, territoriales, sindicales, agrarios, defensores de derechos humanos, integrantes de comunidades LGBTI, afrodescendientes, etc. En realidad, además, y más allá de partidos y sectores, se trata de homicidios políticos en todos los casos.

Detrás de cada asesinato existe la intención de impedir que se consoliden organizaciones de base, populares, que propugnan cambios, justicia, derechos, que defienden a los más débiles ante poderes institucionales o de facto, y a menudo con ideologías opuestas, o simplemente demandan la aplicación de la ley.

No hay que minimizar los intereses económicos, ya sea de mafias de narcos, de terratenientes decimonónicos, de brazos armados enriquecidos por el tráfico de drogas, de la minería ilegal, pero todas siguen siendo tributarias de una cierta visión política de la sociedad. Cada poder de facto es portador de un modelo social y político, pero todos comparten dos denominadores comunes: el autoritarismo y la ausencia de libertad.

Según el informe de la CIDH, los cuatro departamentos con mayor índice de homicidios contra liderazgos sociales coinciden con aquellos donde existe una mayor presencia de producción y tráfico de cocaína: el Cauca, Putumayo, Nariño y el Valle del Cauca.

Allí también se registra una fuerte presencia de varios grupos escindidos de las ex Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que se disputan casi constantemente el territorio por el control de la producción de coca.

Estos enfrentamientos a menudo involucran a las comunidades indígenas y agrícolas de donde extraen alimentos y secuestran jóvenes, a veces hasta niños, a quienes reclutan a la fuerza.

El diario El País, de España, reseñando el documento de la CIDH afirma que “El Cauca sufrió en 2023 la mayor cantidad de asesinatos de defensores de derechos humanos: 16.

Uno de los departamentos donde más coca y marihuana se cultiva, su población sufre casi diariamente los choques entre los dos principales grupos armados del país, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Estado Mayor Central (EMC), este último una escisión de las FARC que se negó a desmovilizarse.

El informe destaca que en 2023 en América Latina, ‘como en años anteriores, esta violencia estuvo particularmente dirigida a quienes defienden el medio ambiente y el territorio y personas con liderazgos indígenas y afrodescendientes’. Las comunidades indígenas del Cauca y Putumayo son particularmente afectadas.

Según la CIDH, solo en diciembre pasado fueron ejecutados cinco activistas: el líder indígena Eliécer Puyo Chocué, asesinado en Caldono; el líder social John Freiman Ramos Ocaña, en Santander; el líder campesino Carlos Arturo Quijano Velasco, en Silvia; el líder indígena Marino Paví Julicue, en Toribío; y el líder campesino Robert Fernández, en Cajibío.

En Nariño se registraron en 2023 ocho asesinatos de defensores de los derechos humanos. Es el departamento con más cultivos de coca: 59.746 hectáreas, según el informe de 2022 del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas (SIMCI).

Datos proporcionados por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), señalan que en el primer semestre de 2023 los desplazamientos individuales en Nariño aumentaron en un 33%, con 4.788 víctimas, y los masivos en un 17%, afectando a 16.137 personas.

El CICR documentó también 44 casos de desapariciones entre enero y septiembre de 2023. El entonces gobernador del departamento, Jhon Rojas, admitió que la zona vive una “crisis humanitaria por el grave recrudecimiento del conflicto entre grupos armados”.

Si bien la CIDH reconoce que el Estado colombiano ha adoptado diversas medidas para proteger a los líderes, lideresas y defensores de derechos humanos, entre los que destaca la aprobación del Acuerdo de Escazú —que tiene un capítulo especial sobre protección de estos liderazgos— ; y la expedición de la Directiva Presidencial 07 del 13 de diciembre de 2023, “que respalda y reconoce la labor de la defensa de los derechos humanos en Colombia”, la realidad muestra que no ha sido suficiente.

Por su parte, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) reportó que en 2023 se registraron en Colombia 188 asesinatos de líderes y lideresas sociales y defensores de los derechos humanos.

Desde su fundación, a fines de los 60, la Rel UITA ha estado presente en Colombia. Hemos tenido que despedir a no pocos queridos compañeros y compañeras sindicalistas, militantes políticos, trabajadores y trabajadoras de la alimentación y la agricultura.

Otros han sido amenazados de muerte una y otra y otra vez. Algunos han sufrido atentados, al punto que varios de ellos se han visto obligados a desplazarse en vehículos blindados. Pero la lucha nunca se ha detenido.

Cuando arreciaba la violencia ciega, despiadada, en el norte colombiano de Urabá, el territorio del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Agroindustria (SINTRAINAGRO), la Rel UITA junto a su organización afiliada, a la comunidad de Apartadó y a la solidaridad internacional, construyó una escuela para 400 alumnos y alumnas que aún hoy sigue en pie y activa.

Esta es la clase de lucha tenaz que inspiran los y las militantes de Urabá, y de toda Colombia, por la justicia social, el respeto a los derechos humanos y sociales, y la paz duradera.

¡Venceremos!

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Fuentes; CIDH, diario El Espectador, diario El País, INDEPAZ.