La trata de personas es un delito que el imaginario colectivo focaliza en la explotación sexual de mujeres.
Probablemente esto tiene que ver con el abordaje que se transmite desde los medios masivos de comunicación, y porque la trata históricamente está ligada a cuestiones de género.
Sin embargo, la trata de personas implica múltiples formas, incide en distintos ámbitos y supone una sumatoria de hechos ilícitos que actúan en el reclutamiento, traslado y, claro está, en el lugar de destino de las víctimas.
La impunidad alimenta todo el proceso en sus diferentes facetas.
En las redes de la trata caen mujeres, hombres, niñas y niños y personas trans, que quedan expuestos a situaciones de explotación sexual, de explotación laboral (principalmente en los sectores agrícola, pecuario, textil, doméstico y turismo), la extracción y comercio de órganos, entre otros delitos.
Según Naciones Unidas más de 12 millones de personas fueron víctimas de la trata, en su mayoría mujeres y niñas (77 por ciento).
Las causas, múltiples, se centralizan en la falta de oportunidades, en los altos niveles de pobreza y exclusión, en la desigualdad salarial que padecen las mujeres cuando acceden a un empleo y en el creciente flujo de millones de personas que huyen del hambre y el desempleo, los conflictos armados, de la violencia en el campo ante el avance del agronegocio, o por razones climáticas.
Otra causal que no podemos obviar desde el Clamu es el incremento vertiginoso del número de hogares monoparentales, en los que las mujeres jefas de hogar están expuestas a un mayor grado de inseguridad y vulnerabilidades.
En el pasado año nuestro Comité, junto a la Regional Latinoamericana de la UITA, suscribió un Convenio de Cooperación con la Alianza Global Contra la Trata de Mujeres (GAATW, por sus siglas en ingles).
La idea es potenciar capacidades complementarias, enriquecernos al acumular y compartir experiencias obtenidas en ámbitos diversos y apoyarnos mutuamente en todas aquellas declaraciones, actividades, contra la trata de personas y las distintas formas de explotación laboral y violación de los derechos humanos en los procesos migratorios.
Esencial será, por ejemplo, establecer políticas públicas que garanticen la defensa de los derechos de las víctimas, que habitualmente se encuentran signadas por la estigmatización social y el desamparo del Estado, en especial cuando se trata de personas migrantes.
Los sindicatos tienen mucho por hacer y mucho que cooperar con otras organizaciones para combatir un fenómeno que tanto afecta a la sociedad en su conjunto.
Patricia Alonso
Presidenta del Clamu