Testimonios de personas fumigadas con este producto se han acumulado a lo largo de los años, desde Argentina a Estados Unidos, de Francia a Sri Lanka, de Canadá a India.
Estudios científicos independientes, realizados al margen de los laboratorios que trabajan para las empresas de la industria “biotecnológica” o de organismos que tienen entre sus miembros a personas vinculadas a esas compañías, han tendido a corroborar esos testimonios.
Pero lo que se inició esta semana en San Francisco, Estados Unidos, es una “premiere mundial”: un tribunal deberá establecer si el Roundup es cancerígeno y si su fabricante ocultó deliberadamente esa condición. Monsanto es objeto de miles de procesos judiciales en todo el mundo, pero es la primera vez que el Roundup está sentado en el banquillo.
El juicio en San Francisco, iniciado por Dewayne Johnson, un estadounidense de 46 años que fumigó el herbicida a lo largo de dos años en un predio escolar y que hoy está en fase terminal de un cáncer, debería extenderse por al menos tres semanas.
“Monsanto sabe desde hace unos 40 años que los componentes de base del Roundup, sobre todo el glifosato, pueden provocar tumores en animales de laboratorio. Lo sabe y lo ha ocultado. Peor aún: ha proclamado la inocuidad de este producto y ha pagado estudios para que demostraran esta inocuidad”, dijo por estos días Brent Wisner, uno de los abogados de Johnson.
“No es por un problema genético o por una de esas casualidades de este mundo” que el hombre padece un linfoma incurable.
“Es consecuencia de las fumigaciones que él mismo realizó, con Roundup y también con Ranger Pro, otro producto de Monsanto, entre 2012 y 2014, en terrenos pertenecientes a una escuela de Benicia, California”, afirmó otro de los abogados del demandante, David Dickens.
Un tercer integrante del equipo de defensores de Johnson, Robert Kennedy Junior, sobrino del ex presidente John Kennedy, afirmó a su vez que “nadie puede verse sorprendido por el hecho de que Monsanto haya intentado ocultar la peligrosidad de este producto”. “
Siempre lo ha hecho”, dijo, y aseguró que su estudio maneja “unas 700 denuncias” contra el Roundup por diversos tipos de cáncer (AFP, 9-VII-18).
Para los abogados de Johnson, lo más difícil será probar que Monsanto estaba al tanto y ocultó la peligrosidad del Roundup.
“Legalmente es extremadamente difícil responsabilizar a una compañía por casos específicos de cáncer u otras enfermedades relacionadas con pesticidas”, admitió Linda Wells, de Pesticide Action Network North America (AFP, 9-VII-18).
Esa asociación que debe batallar un día sí y otro también contra las chicanas constantes a que recurren las empresas de esta industria y las cifras millonarias que invierten para hacer lobby en los estrados judiciales, en el Congreso y entre los científicos.
La legislación del estado de California obliga a las empresas que estén al tanto de la peligrosidad probada o presunta de cualquier producto que fabriquen a hacerlo constar en el envase.
Y además incluye al glifosato, el principio activo del Roundup, en un listado de sustancias potencialmente cancerígenas, siguiendo el punto de vista del Centro Internacional de Investigación del Cáncer, una agencia dependiente de las Naciones Unidas que así lo consignó hace tres años.
Los poderosísimos bufetes que defienden a Monsanto alegan no sólo que “por supuesto” la empresa nada sabía acerca de la peligrosidad de su producto, sino que la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, una instancia federal, ha “demostrado” que nada “hay que temer del glifosato”.
Uno de los abogados de Dawayne Johnson hizo notar que esta agencia supuestamente encargada de velar por la seguridad ambiental es la misma que ha negado la realidad del cambio climático y que promueve el uso de combustibles fósiles…
El juicio en San Francisco se da, además, en un contexto nuevo: Monsanto va a desaparecer.
A comienzos de junio, otra transnacional, la alemana Bayer, cerró la compra de Monsanto en 63.000 millones de dólares, y apenas la operación recibió el visto bueno de las autoridades de la competencia estadounidenses y europeas, confirmó que en agosto o setiembre el nombre de la empresa creada en 1901 en Misuri desaparecerá del mercado.
No porque Bayer esté preocupada por las consecuencias de los productos que fabricaba Monsanto -de hecho el Roundup se seguirá comercializando bajo ese nombre, al igual que el Dicamba, otro herbicida de Monsanto que es objeto de juicios en Estados Unidos1-.
Ambas empresas tienen además una historia de complicidad con genocidios que las acerca.
Así como la alemana colaboró con los nazis durante la segunda guerra mundial, Monsanto es la responsable de la fabricación del llamado “Agente Naranja”, un defoliante utilizado por el ejército estadounidense en las selvas de Vietnam que exterminó a cientos de miles de personas y causó malformaciones a muchas más.
“Pero está claro que el nombre de Monsanto no es de los más simpáticos actualmente y podría resultar negativo para la imagen de la empresa seguir utilizándolo”, dijo un anónimo ejecutivo de la transnacional germana al portal francés Médiapart.
Ilustración: Gabriel Balla
En Estados Unidos, los defensores de Johnson y de decenas de otros agricultores que entablaron juicios civiles o penales contra Monsanto podrán seguir con sus demandas aunque la compañía deje de existir como tal.
No sucederá lo mismo en otros países. Al menos en el plano penal.
Es el caso de Francia, donde las leyes tratan a una empresa desaparecida de la misma manera que a una persona fallecida: penalmente no pueden ser imputadas. Pero sí pueden serlo en lo civil.
Fue por eso que William Bourdon, Amélie Lefebvre y Bertrand Ripolt, abogados de la familia del niño Théo Grataloup, eligieron la vía civil para llevar desde comienzos de junio ante los tribunales franceses a Monsanto.
La empresa es acusada de ser la responsable de las deformaciones que desde su nacimiento, hace once años, sufre Théo.
Los Grataloup son una familia de fuertes convicciones ecologistas que años atrás se creyeron la publicidad del Glyper, un derivado del Roundup presentado por su fabricante como “el primer herbicida biodegradable concebido en el mundo”, y fumigaron el campo que explotaban en el departamento de Isere con este producto que también contiene glifosato.
Lo hicieron por mucho tiempo, incluso durante el embarazo de Sabine, la madre de Théo.
Cuando el niño nació, en 2007, presentó malformaciones que el cirujano que llegó a operarlo 54 veces, Rémi Dubois, dijo “jamás haber visto anteriormente” (Médiapart, 14-VI-18).
Los médicos debieron separar los sistemas digestivo y respiratorio del recién nacido y someterlo a una traqueotomía a los tres meses de vida.
Cuatro años le llevó a Théo abandonar el servicio de reanimación del hospital que lo trataba y dos más para dejar de alimentarse por sonda.
Basándose en 15 investigaciones médicas publicadas entre 2002 y 2017, Dubois afirmó ante la justicia de su país el mes pasado que “la implicancia del glifosato en la aparición del síndrome polimalformativo que Théo presentó al nacer es altamente probable”.
Sabine fue una de las decenas de personas provenientes de todo el mundo que declararon ante el Tribunal Monsanto, una “instancia ciudadana” reunida en La Haya, Holanda, entre el 16 y el 18 de octubre de 2016 para determinar la responsabilidad de la transnacional estadounidense en la fabricación y comercialización de productos nocivos para la salud y el medio ambiente.
El tribunal, integrado por cinco jueces profesionales, funcionó siguiendo los mecanismos de la Corte Penal Internacional, que sesiona en la misma ciudad holandesa.
Tras escuchar los testimonios de víctimas de fumigaciones y de diversos especialistas, acabó condenando a la transnacional por “ecocidio” y por “implementar prácticas que tienen un impacto negativo sobre el derecho a un ambiente sano, a la alimentación y a la salud”.
Émilie Gaillard, una de las organizadoras del tribunal, admite que esa resolución no tendrá consecuencia jurídica alguna, pero “se cumplió con uno de los objetivos principales de los promotores de la iniciativa: lograr que víctimas de las prácticas de Monsanto y científicos que luchan con pocos medios contra este gigante puedan juntarse”.
“Sabine Grataloup, por ejemplo, se cruzó en La Haya con María Liz Robledo, una argentina cuya hija, Martina, nació con malformaciones congénitas en el esófago emparentadas con lo que le sucede a Théo”.
La vivienda de Robledo, en la provincia de Buenos Aires, está rodeada de bidones de pesticidas utilizados para tratar con herbicidas de Monsanto la soja y el maíz transgénicos producidos con semillas de Monsanto.
La Red de Pueblos Fumigados argentinos pelea a brazo partido contra la transnacional desde hace años, con la ayuda de organizaciones sociales y de un puñado de científicos que se resisten a ser cooptados por la industria “biotecnológica”.
Según el neonatólogo Medardo Ávila, de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, desde que se comenzó a fumigar con productos a base de glifosato, en las zonas agrícolas argentinas “hay tres veces más de casos de cáncer que en las ciudades y de cada 100 nacimientos tres son de niños con malformaciones, frente a una media de 2 por ciento en otras zonas” (AFP, 6-VII-18).
A los integrantes de esas redes, los productores de soja argentinos y las corporaciones empresariales de la industria los tratan de “ecoterroristas”.
El mismo mote le endilgaron responsables de Monsanto en Francia a Paul François, un productor de cereales de la región de Charente que denunció a la transnacional por haberse intoxicado con Lasso, otro herbicida producido por la firma estadounidense prohibido en Canadá en 1985 y en Bélgica en 1992.
En 2012 un tribunal de Lyon condenó a la empresa a indemnizar al agricultor, un fallo confirmado en 2015 pero anulado poco después por el Tribunal de Casación.
El caso volverá a ser examinado por la justicia en 2019.
Los abogados de François se concentrarán en intentar probar que Monsanto estaba al tanto de la nocividad del Lasso.
“Vivimos en una época en que se protege cada vez más el secreto empresarial”, observó Bertrand Repolt, uno de los defensores del agricultor francés.
Pero él y sus colegas podrán agregar a sus alegatos no sólo la voluminosa documentación presentada ante el Tribunal Monsanto sino las informaciones reveladas por los Monsanto Papers, cientos de documentos internos de la transnacional publicados en 2017 en el marco de un recurso de habeas data presentado en Estados Unidos.
El diario francés Le Monde “trabajó” esos informes, correos electrónicos, memorandos secretos y puso al descubierto la metodología utilizada por la transnacional para manipular a científicos y organizaciones, desprestigiar a investigadores críticos y ocultar informaciones.
“De esa investigación queda clarísimo que al menos desde 1999 Monsanto sabía que su paquete tecnológico es dañino para la salud y el ambiente, en especial el glifosato, pero también los surfactantes asociados”, dijeron los abogados de la familia Grataloup.
“Esperemos que la justicia así lo entienda”.
En diciembre pasado, la Comisión Europea renovó la licencia del glifosato hasta fines de 2022. La medida fue votada por 18 países, pero algunos de los nueve que la rechazaron dijeron que no lo acatarán. Es el caso de Francia, cuyo gobierno ratificó su decisión de prohibir el uso del herbicida a más tardar en tres años.Concentración
Con la compra de Monsanto por Bayer, el sector agroquímico quedó reducido a tres grandes grupos. En 2017 Dow Chemical se unió con la también estadounidense DuPont y ChemChina compró a la suiza Syngenta.Con 115.000 empleados y unos ingresos estimados en 53.000 millones de dólares anuales, el grupo Bayer-Monsanto será el principal del sector.
“Los tres nuevos conglomerados controlarán más del 60 por ciento del mercado de las semillas y la agroquímica a nivel planetario, suministrarán casi todos los organismos genéticamente modificados y tendrán la mayoría de las patentes sobre las plantas, por lo que impondrán sus condiciones a los agricultores y a los estados más de lo que ya lo estaban haciendo”, denunció la fundación Heinrich Boll, vinculada a los Verdes alemanes.Escándalo
“El glifosato es el mayor escándalo sanitario de toda la historia de la industria química. Es cancerígeno, es un perturbador endógeno que actúa como una hormona (por eso hay tantos casos de niños que nacen con malformaciones congénitas o se producen tantos abortos espontáneos), absorbe los metales buenos como el hierro que necesitamos para el cuerpo, y es un agente antibiótico muy fuerte que acaba con las buenas bacterias del suelo. No es común que un agrotóxico reúna estas cuatro funciones”.
(Declaraciones de Marie Monique Robin, documentalista e investigadora francesa, a la publicación resumenlatinoamericano.org, en 2016. Robin es autora, entre otros trabajos, de El mundo según Monsanto y El glifosato en el banquillo. Este último, que fue precedido por el documental Le Roundup face á ses juges, recoge los testimonios presentados ante el Tribunal Monsanto).
1- Según un relevamiento de la Universidad de Misuri hacia fines de 2017 había 2.700 denuncias contra Monsanto por los desastres causados por el Dicamba.