Respondiendo a una solicitud del Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, la Dirección General de Política Exterior de esa entidad produjo en junio pasado un documento de análisis en el cual afirma que una de las posibilidades de acción para lograr que se detengan las quemas e incendios en la Amazonia, sería presentar una alerta al Tribual Penal Internacional (TPI) de La Haya.
El análisis establece que el fundamento para presentar la alerta ante el Tribunal sería considerar la devastación forestal en la Amazonia brasileña como un “crimen contra la humanidad”.
Según consigna la noticia publicada en el portal brasileño UOL, estos análisis son utilizados por los parlamentarios como insumos en sus debates, y si bien no hay ninguna decisión aún al respecto, el hecho de que la recomendación figure en un documento que circula en el Parlamento Europeo significa que la eventualidad no ha sido descartada.
El TPI ha dado inequívocas señales desde hace tiempo de que otorgará particular importancia a los daños ambientales. En un documento producido en 2016 por la oficina del Procurador General de esa institución se establece que “se dará especial consideración y persecución a los crímenes contra el Estatuto de Roma que sean cometidos por medio de, o que resulten en la destrucción del medio ambiente, en la explotación ilegal de recursos naturales o en la desapropiación ilegal de tierras”.
Con respecto a Brasil, el documento señala que las quemas “pueden estar amenazando a las poblaciones indígenas en aislamiento voluntario o sin contacto”.
Y agrega que “las amenazas y la violencia están aumentando contra los pueblos indígenas y los defensores del medio ambiente, están aumentando los asesinatos de activistas que se oponen a esos desarrollos (ndr: agroindustriales), e intentan evitar que la floresta alcance un punto de no retorno”.
El texto apunta que existe también una responsabilidad europea ante esta situación crítica, y sugiere que “La UE debe implementar más cambios en relación con sus actividades comerciales, financieras y de desarrollo, para establecer una estructura legal que prohíba acciones que, deliberada o inadvertidamente, socaven el Acuerdo Climático de París”.
El documento propone que se proporcione más asistencia técnica y financiamiento a los “pueblos indígenas para apoyar el autogobierno y el control y la gestión de sus territorios”, además de implementar medidas para facilitar el ingreso de productos indígenas al mercado europeo.
Finalmente, el análisis menciona la necesidad de generar más apoyo a la sociedad civil, a los activistas en el terreno, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como apoyar a los gobiernos que pretendan rehabilitar Áreas Protegidas, y se adopten medidas para fortalecer el Estado de derecho en la región.
*Con información de Portal UOL