Carne de violencia doméstica
Con Belia Quiñones
Ser mujer, indígena y campesina en Perú
Carne de violencia doméstica
Foto: periodismohumano.com
Belia Quiñones lleva 20 años trabajando como abogada, defendiendo los derechos de las mujeres del campo, las más vulnerables de Perú. Buena parte de ese tiempo lo ha dedicado a luchar contra la violencia doméstica, a “cambiar esquemas machistas y a fortalecer la ley. Pero las resistencias son grandes.
Apenas comenzado el dialogo con Brecha, Belia Quiñones habla de su preferencia por trabajar en el campo junto a las mujeres que viven alejadas de los centros urbanos y son víctimas de violencia doméstica. “tenemos que sensibilizar a la población a todos los operadores que intervienen cuando se da un caso de violencia contra una mujer.
Medicina legal, jueces, fiscales y funcionarios policiales están rotando permanentemente de un puesto a otro”
De su experiencia sobre el terreno se desprende que entre los expertos existen fuertes resistencias a tratar el tema.
Belia ha conocido jueces que tras un caso de violencia doméstica buscaban la conciliación de la víctima con el agresor, y ha visto a la Iglesia aconsejar mujeres para negociar y evitar así llegar a los tribunales cuando todavía existían las vicarías de solidaridad.
“La pobreza tiene nombre de mujer. Las mujeres agredidas viajan hasta la comisaría más cercana, horas, gastan el poco dinero que tienen, caminan horas y cuando llegan, muchos funcionarios les dicen que vayan más tarde.
La mujer que vive en el campo no tiene otro remedio que volver a la casa y seguir con la misma situación, compartiendo el mismo techo con su agresor”
La ley y los hechos
En 1993 el Estado peruano incorporó el enfoque de género en su legislación nacional mediante la ley 26.260, conocida como “Ley de protección frente a la violencia familiar”, teniendo como marco normativo la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación la Mujer; posteriormente en 1996, adhiere a la Convención de Belem do Pará, que reconoce que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos, aunque en los hechos está lejos de cumplirse.
Belia Quiñones forma parte del proyecto de promoción del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Sus lineamentos incluyen la prevención, con la colaboración de jóvenes universitarios, en áreas vinculadas, el derecho, la antropología y la comunicación.
“Recuerdo que una mujer me dijo: “No me pega pero no me escucha. Ellas tienen que saber que eso también es violencia “remarca la abogada.
Otra línea clave del proyecto es el trabajo con las líderes comunitarias para que se conviertan en referentes, mediadoras, entre las mujeres agredidas, guiarlas en la ruta hacía la justicia, entre otras razones, porque las indígenas de 40 o 50 años que no suelen dominar el castellano y los funcionarios en varios casos no conocen la lengua materna.
Otro aspecto importante es la capacitación de los periodistas para que incorporen en el manejo de la noticia un enfoque de género y no conviertan al victimario en víctima.
Educar
La ley peruana sólo procesa por vía penal aquellos casos en los que aparece agresión física o tentativa de homicidio. Y si la sentencia es menor a cuatro años no se hace efectiva, basta con que el agresor se presente en el juzgado, firme un control mensual y observe ciertas reglas de conducta.
Esto es una gran prueba del grado de indefensión en que se encuentran mujeres que sufren amenazas, agresiones psicológicas o maltrato que no deja rastros físicos, dice Quiñones.
Y si la agresión es visible, no existen garantías de que la ley se vaya a cumplir. “el machismo está muy arraigado. El analfabetismo es mayor entre las mujeres y el 85 por ciento de los casos de violencia familiar afecta a mujeres”.
Por otra parte hay muy pocas mujeres en política. “Por ejemplo cuando hay reuniones comunitarias solo los hombres se sientan en las sillas, mientras las mujeres se sientan en el suelo. Las mujeres no hablan. Los hombres llegan a caballo, las mujeres a pie. Pero son ellas las que tienen que llevar la comida”, agrega.
El cambio pasa básicamente por la educación, con profesionales que trabajen en las escuelas el tema de género, pero el panorama no es favorable. “Para atener los casos de violencia que ocurren en 13 provincias hay un solo psicólogo que trabaja para el distrito judicial de Puno Región.
Otro tema es el de la corrupción que existe en la administración de justicia. Recuerda el caso, en 2003, de una joven violada por cuatro policías a la que una abogada intentó convencerla de que retirase la denuncia a cambio de 5 mil dólares. Los propios policías habían reunido ese dinero, y la chica, bajo presión y con apremios económicos, lo aceptó. La abogada subraya que en Puno, especialmente en el campo, hace falta más de una vida para reunir ése dinero.
“Existe mucha inequidad” insiste Quiñones. Y la ley de 1993 necesita ser modificada. En cinco de 13 provincias no se ha implementado la ordenanza sobre prevención y sanción contra el hostigamiento sexual.
Hay un plan nacional de igualdad de género de agosto de 2012 que engloba todas las formas de violencia contra la mujer pero debe adecuarse a escala regional.
No todo son cemento y fierros
“Queremos que en Perú el desarrollo económico vaya de la mano de igualdad de oportunidades y de justicia, el desarrollo social es mucho más importante que el material. No todo son cemento y fierros.
Esto implica un trabajo articulado entre muchos sectores, pero es muy duro. El machismo es universal y muy difícil de erradicar. Por eso la escuela juega un rol tan importante” concluye.