Foto: La Jornada, México
La Procuraduría de los Derechos Humanos manifiesta su alarma y preocupación porque las autoridades del gobierno central han desplazado contingentes policiales y militares para contener el paso de caravanas de personas migrantes provenientes de Honduras, incluso acudiendo al uso de la fuerza.
Este domingo 17 de enero, en el kilómetro 177, emplearon gases lacrimógenos para dispersar a los migrantes, y varios fueron heridos.
Que las personas migrantes huyen de la desigualdad social, la pobreza y la violencia y no pueden ser sometidas a tratos crueles e inhumanos en territorio guatemalteco.
Que el Código de Migración establece que “el Estado de Guatemala reconoce el derecho de toda persona a emigrar o inmigrar, por lo cual el migrante puede entrar permanecer, transitar, salir y retornar al territorio nacional conforme la legislación nacional”.
Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció guías de adecuación de políticas públicas de conformidad con los instrumentos internacionales y estándares interamericanos, para asegurar la protección integral de los derechos humanos de los migrantes en el contexto de la pandemia del Covid-19.
Que desde el ingreso al país de la caravana de personas migrantes, equipos multidisciplinarios de las Auxiliaturas, Defensorías y Procumóvil han verificado el respeto de los derechos humanos y protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad, de conformidad con lo establecido en las normas nacionales e internacionales.
Que se activó el Protocolo de Actuación de la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO) para la protección de los derechos humanos de las personas en contexto de migración, y se realizan las coordinaciones respectivas con las instituciones nacionales de derechos humanos de Honduras, México y Guatemala.
Las recomendaciones contenidas en la resolución de diciembre de 2018, mediante la cual declaró la violación de los derechos humanos a la integridad personal y a una vida digna de las personas migrantes que se movilizaron por el territorio guatemalteco.
- Realizar las acciones necesarias para garantizar los derechos de las personas migrantes, como lo establece la legislación nacional e internacional vigente.
Coordinar con la Procuraduría General de la Nación (PGN) el estricto cumplimiento de los procedimientos para diligenciar y agilizar la protección de la niñez y adolescencia migrante no acompañada, solicitante de refugio y víctimas de trata, y otras poblaciones vulnerables.
Desarrollar una política de atención coordinada para casos de flujos masivos de personas migrantes.
- Que todas las instrucciones que giren al personal bajo su mando, respecto al tratamiento de la población migrante, estén apegadas a los estándares de derechos humanos que obligan al Estado de Guatemala a brindarles seguridad y protección.
- Fortalecer la coordinación con la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República y demás instancias a fin de garantizar la efectiva atención y protección integral de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados.
Continuar con la implementación y divulgación del “Protocolo de la PGN para la atención de niñas, niños y adolescentes extranjeros no acompañados en territorio guatemalteco por situación de desplazamiento de grupos humanos”.
- Fortalecer la coordinación con la PGN para garantizar la atención y protección de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, procurando en todo momento la reunificación familiar.
Levantar un registro de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados en el territorio nacional.
NdE: destacados nos pertenecen.
