Tras la crisis de las amenazas arancelarias de Donald Trump en julio, Honduras, Guatemala y El Salvador asumieron acuerdos de países seguros.
El concepto de tercer país seguro es entendido como un país intermedio, entre el país de origen de la migración, y el país de destino, desde donde un solicitante de asilo puedo hacer todo el proceso de solicitud y establecerse mientras ésta se resuelve favorablemente o no.
En julio México adoptó medidas excepcionales para parar la migración centroamericana en su territorio, bajo la presión de imposición de aranceles.
Dos meses después, el presidente hondureño Juan Orlando Hernández, anunció su disposición de sumarse a los esfuerzos de terceros países seguros, y esto fue confirmado por Mauricio Claver-Carone, asesor especial del presidente estadounidense para Asuntos del Hemisferio Occidental.
El presidente saliente de Guatemala Jimmy Morales ya había manifestado su intención de ser también un tercer país seguro y de hecho firmó un acuerdo con Estados Unidos.
La Corte de Constitucionalidad lo detuvo inicialmente, pero el 10 de septiembre dijo que el presidente tiene facultades para hacer esos acuerdos toda vez y cuando cuente con el aval del Congreso.
Ante esto Morales afirmó que dos organismos del sistema de Naciones Unidas, ACNUR y la OIM, disponen de un fondo de 30 millones de dólares proporcionado por Estados Unidos para poner en marcha el acuerdo.
Finalmente, el presidente salvadoreño Nayib Bukele se sumó al muro de México y Centroamérica. La canciller salvadoreña Alexandra Hill Tinoco y Kevin McAleenan, secretario en funciones del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, firmaron el 20 de septiembre el acuerdo en cuestión.
Los salvadoreños que soliciten asilo en Estados Unidos no serán devueltos a su país de origen, pero sí podrían ser enviados a otro país “seguro” como Honduras o Guatemala.
La situación no puede ser más complicada para los refugiados y solicitantes de asilo en la región.
El 23 de octubre, la Clínica Jurídica Alaíde Foppa de la Universidad Iberoamericana de México denunció que solicitantes de asilo y protección provenientes de Venezuela habían sido detenidos por el Instituto Nacional de Migración e incomunicados y que pendía sobre ellos la amenaza de ser devueltos a su país luego de haber llegado por vía aérea a México1.
Lo que claramente ha sucedido, a partir de las caravanas del año pasado, es que Washington ha presionado de diferentes maneras a los países del Triángulo Norte y México para que puedan albergar entre sí, a los solicitantes de asilo que intentan obtenerlo en Estados Unidos.
En la práctica, estamos ante un sistema de acuerdos similares firmados con varios países tendientes a complicar y complejizar los procesos de solicitud de asilo en Estados Unidos y hacer que en la práctica menos personas puedan aplicar a esta figura, aún aquellos provenientes de países a los cuales Estados Unidos acusa de falta de democracia, como Venezuela.
La reacción de la administración Trump es construir un muro legal que impide a cada vez más personas que huyen de otros países solicitar el asilo de manera regular.
Quienes logren pasar de manera irregular engrosarán las filas del gran ejército de reserva de mano de obra en Estados Unidos, que debido a su condición de vulnerabilidad están obligados a tomar los trabajos peor pagados y en condiciones de absoluta dependencia de sus empleadores.
Y así es como el muro nos sobrepasó en Centroamérica.
1 https://twitter.com/AfClinica/status/1187207521133563904?s=20