La investigación, de la asociación basada en Berna Public Eye, documenta la manera en que la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos (SECO) de Suiza trató de obstaculizar una ley de etiquetado de alimentos adoptada por México en 2019. Antes lo había hecho en Chile, ante una iniciativa similar aprobada en 2012, y luego en Perú.

El organismo estatal de cooperación suizo actuó en consonancia con Nestlé y otras empresas del sector de la alimentación reunidas en la Cámara Suizo Mexicana de Comercio e Industria, que consideraron a la ley del país latinoamericano como un ataque a sus intereses y consiguieron que la SECO se movilizara en su apoyo.

Nestlé fue la que llevó la voz cantante en las presiones, por el “acceso privilegiado que tiene a las autoridades competentes” suizas, según escribió un funcionario de la cancillería helvética que opera en México en un mensaje que dirigió a la SECO.

“Suiza bailó al son de Nestlé”, tituló su nota Public Eye.

La ley mexicana apuntaba a combatir la obesidad, declarada a fines de 2016 por el gobierno como una “emergencia epidemiológica nacional”.

México es, detrás de Estados Unidos, el país con mayores índices de obesidad entre los 38 que componen la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición el 38 por ciento de los niños y las niñas de entre cinco y once años tiene sobrepeso y el 74 por ciento de la población del país mayor de 20 años “está demasiado gorda”.

Una de las causas centrales de la obesidad son los malos hábitos alimenticios y estos se han acentuado por el alto consumo de productos que poco y nada tienen de nutritivos, como los alimentos y bebidas ultraprocesados, que están reemplazando a velocidad vertiginosa a frutas, verduras, legumbres y son el principal componente de la dieta mexicana actual.

Datos de 2013 indican que ese año se vendieron en México 214 toneladas de alimentos ultraprocesados per cápita. En la OCDE solo Estados Unidos, Canadá y Alemania tuvieron cifras más altas.

De acuerdo al epidemiólogo Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud de México, en 2018 la mitad de las muertes registradas en el país se debieron a enfermedades relacionadas con la mala alimentación. Las cifras de hoy son aún más terroríficas.

Casuales casualidades, Nestlé es una de las empresas que más vende alimentos ultraprocesados en México. En 2019 recaudó por ese concepto más de 1.000 millones de francos suizos (unos 1.030 millones de dólares al cambio actual).

En 2014 México se decidió a encarar el asunto por primera vez: introdujo un impuesto a las bebidas azucaradas y obligó a que en los envases de productos ultraprocesados se precisara el contenido de azúcar, sal, calorías y grasas saturadas y se incorporara una tabla con las necesidades nutricionales diarias de las personas.

El intento resultó fallido: las etiquetas eran poco claras, y además “el Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, ConMéxico, en el que Nestlé desempeña un papel activo, se encargó de que los valores de referencia se determinaran de tal modo que favorecieran a la industria”, señaló Public Eye.

Cinco años después, la nueva ley fue mucho más contundente: se dispuso un etiquetado notorio, con sellos negros, de los productos más dañinos y se prohibió que esos “alimentos” estuvieran disponibles en cantinas escolares y que fueran objeto de publicidad específica para niños. También fueron más restrictivos los perfiles nutricionales.

Nestlé se sintió particularmente afectada y movilizó tropas y recursos como para que la SECO asumiera como propias sus preocupaciones. Estaban en peligro “los intereses de Suiza”, dijeron algunos de sus representantes en México. Y la SECO fue sensible a esas presiones.

La transnacional hizo todo lo posible para que la norma fuera modificada. Llegó incluso a “sugerir” a sus proveedores mexicanos que se movilizaran para impedir el cierre de fuentes de trabajo “en un momento en que las perspectivas económicas nacionales son difíciles”, según una carta que les dirigió.

Por ahora no parece haber encontrado eco entre las autoridades mexicanas.

“Si países como Suiza quieren defender los intereses de sus empresas, deben hacerlo en el marco de sus leyes nacionales o en organismos internacionales. Pero nunca permitiremos que otro país o una empresa extranjera dicten nuestra política sanitaria”, dijo López Gatell a Public Eye.

En Chile, el país latinoamericano pionero en esta materia, la transnacional suiza también había intentado impedir la aplicación de una norma que se conoció como “Ley del Súper Ocho”, en referencia a un popular chocolatín fabricado por Nestlé que en ese país se consume como pan caliente (tres tabletas por segundo, según la empresa).

Y también contó con colaboración de la SECO, que procuró por ejemplo que las etiquetas de advertencia sobre los daños causados por estos “alimentos” fueran menos “alarmistas”.

En una entrevista que le realizaran en 2017, el director local de Nestlé, Pablo Devoto, se permitió hablar “como si fuera el presidente de Chile”, ironizó Public Eye. “Tenemos que pasar de asustar a educar”, pontificó entonces el empresario.

Además, se equivocaba. “En junio de 2019, un estudio de seguimiento realizado por tres universidades chilenas demostró que las ventas de productos con etiquetas de advertencia habían disminuido considerablemente: un 25 por ciento en el caso de las bebidas azucaradas y hasta un 36 por ciento en el de los cereales para el desayuno”, indicó la ONG suiza.

Nestlé también operó contra la Ley de Alimentos Saludables que entró en vigor en Perú a fines de 2019. Y tampoco tuvo éxito.

Tanto Perú como Chile son mercados interesantes para la transnacional europea. En ambos países recauda un total de 500 millones de francos suizos al año (unos 515 millones de dólares). Pero en México juega en las grandes ligas: sus ventas totales allí superan los 3.000 millones de dólares.

Dice Public Eye que la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Estados Unidos y Canadá, en 1994, “suele citarse como el inicio de la nefasta evolución hacia una dieta cada vez menos saludable para la población mexicana”, por las liberalizaciones que contenía.

Pero López-Gatell lo sitúa en la década previa, cuando ya había comenzado en México “una transformación hacia el neoliberalismo, la desregulación y, por lo tanto, hacia el debilitamiento de la protección de la salud”.

Piensa el médico y activista argentino Damián Verseñassi que así como hay una división internacional del trabajo en la cual los países del Sur global ocupan un papel subordinado hay también una “geopolítica de la salud” en función de la cual los países ricos −y las transnacionales− trasladan a los pobres los daños causados por políticas y prácticas que ya no pueden −o pueden menos− aplicar fronteras adentro.

En los once años que estuvo al frente de la SECO en Berna, y que culminaron recientemente, Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch se vanagloria de haber defendido a capa y espada los intereses de las transnacionales suizas en el extranjero.

“Una de las principales tareas de mis últimos once años como directora de la SECO fue evitar más regulaciones”, dijo en mayo.