“Estar de suerte es estar viva” y “Agradezcan que buscamos justicia y no venganza», fueron las consignas más escuchadas en Ciudad Juárez posicionada en el epicentro de los feminicidios en México y referencia mundial de la violencia contra las mujeres donde patrones de exterminio se evidencian desde hace décadas.

En esta localidad, fronteriza con Estados Unidos, más de 2.400 mujeres fueron asesinadas y más de 300 desaparecidas desde que hay registros. Al tiempo, el gobierno estatal responde recortando año a año el presupuesto destinado a investigar la violencia contra la mujer y a velar por su seguridad.

El artículo 325 del Código Penal Federal define el delito de feminicidio como el asesinato de una mujer por el simple hecho de ser mujer.

En México, de 2015 a enero de 2023, se registraron 6.543 feminicidios, según guarismos oficiales. Se trata de cifras alarmantes que, por otro lado, configuran un subregistro en el número de feminicidios. Sucede que muchas fiscalías optan por clasificar el crimen como homicidio doloso.

“De 2012 a junio de 2016 fueron asesinadas en forma violenta en México 9.581 mujeres, pero sólo 1.887 de esos crímenes fueron tipificados como feminicidios, que equivalen al 19 por ciento.

Con base en estos informes, al menos 7.694 mujeres que fueron asesinadas a balazos, descuartizadas, violadas, asfixiadas o golpeadas hasta morir no fueron reconocidas como víctimas de feminicidios”, destaca Valeria Durán, de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

Aunque las procuradurías y fiscalías de los 32 estados de la República registran 948 feminicidios en 2022, el Secretariado de Estado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó que 2.807 mujeres fueron asesinadas de manera violenta. Solo el 33 por ciento de los casos fueron clasificados como feminicidios.

En el Día Internacional de la Mujer 2023 México mantiene el promedio de 10 mujeres asesinadas al día. Tres de cada cuatro de ellas se investigan como homicidio y no como feminicidio.

Maquillar las cifras deja en claro la intencionalidad política del Estado de actuar en favor de la impunidad.