De los 35 países que integran la OCDE y de los 20 del G20, México es el que tiene el salario mínimo más bajo.
En 2015, la OCDE urgió al gobierno mexicano a que tomara medidas para desvincular el salario mínimo de otras variables económicas.
En noviembre de ese año la Cámara de Diputados de México aprobó una legislación por la cual el salario mínimo deja de ser el referente para pagar honorarios, préstamos, servicios, sanciones, multas y otros.
Poco efecto han tenido esas medidas sobre la economía de los trabajadores y trabajadoras y de las grandes mayorías.
Según la OCDE, el bajo salario mínimo se debe a un problema de “baja productividad”. Esa interpretación resulta al menos curiosa cuando la misma organización reconoce que los trabajadores mexicanos son los que más trabajan entre todos los países miembros de ese foro económico, con un promedio anual de 2.226 horas por trabajador.
Según la edición del 26 de febrero de 2017 de la revista de negocios El Economista, en 2005 lo trabajadores y trabajadoras que más ganaban (al menos 5 salarios mínimos) representaban el 4,7 por ciento de la población activa, que captaban más de 5 salarios mínimos.
Para 2016, ese sector había caído al 3 por ciento.
A la inversa, el sector más perjudicado, los que ganan entre uno y dos salarios mínimos, pasaron de ser el 15,2 por ciento en 2005 al 21 en 2016.
El portal La Izquierda Diario señaló a su vez que el salario real siguió cayendo el año pasado a pesar de los aumentos del salario mínimo decretados en 2016
Uno de los factores que explican esa caída es la inflación, indicó el Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM.
A fines de 2016, ese centro de estudios subrayó que desde que Enrique Peña Nieto asumió la presidencia, en 2012, el salario mínimo nacional cayó 11,11 por ciento.
El Trade Union Congress (TUC), organismo sindical consultivo de la OCDE, pronosticó para 2018 un estancamiento del salario real.
Finalmente, la OIT, en su informe mundial de salarios 2016-2017, ubicó a México en el nivel más bajo de los países del G20 en cuanto a salarios medios reales en el período 2006-2015.
En días recientes trascendió la acción de una trabajadora, María de la Luz Gregorio, que, desafiando a todo el sistema judicial mexicano, elevó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que sostiene que lo que cobra -el salario mínimo- no le alcanza para comer.
Siete millones de personas que ganan lo mismo que ella, señaló, están bajo el umbral de pobreza.
Más de 70 organizaciones sociales, populares y sindicales respaldaron la acción de esta trabajadora.
En recientes declaraciones a La Rel, Lorenzo Rodríguez, del Sindicato de Jornaleros de San Quintín en Baja California (SINDJA), uno de los líderes de la famosa huelga de San Quintín en marzo de 2015, que paralizó la recolección de fresas para el mercado estadounidense, respaldó la exigencia de Canadá a México de que aumente el salario mínimo.
“Nosotros hemos venido exigiendo lo mismo al gobierno. Consideramos que eso crearía una derrama económica para la sociedad y para la economía y mejoraría la vida de muchos miles de trabajadores que ahorita mismo están en pobreza extrema”, dijo Rodríguez.
La abogada Susana Prieto Terrazas, directora de un centro de apoyo legal a trabajadoras de la maquila en Ciudad Juárez, observó que el salario mínimo en esa región es aún más bajo que en el resto del país.
La situación favorece, obviamente, a las pujantes industrias maquiladoras asentadas en la frontera con el mercado estadounidense, pero los trabajadores y las trabajadoras de la maquila padecen hambre, precariedad y enfermedades profesionales.
Frente a esa realidad, ha surgido la propuesta de convocar a una huelga general en la región para elevar el salario a 280 pesos diarios (unos 15 dólares).
Desde el 13 de enero, un movimiento de mujeres se reúne todos los sábados en Juárez sumando cada vez más gente a su iniciativa de huelga.