El país reclama un cambio de rumbo que lo aleje de los récords violentos que ostenta en la última década, con especial destaque en la brutalidad de los feminicidios que nacieron en ciudades fronterizas como Tijuana y Ciudad Juárez pero se extendieron a todo el país.
Pero la economía también pinta mal.
A los problemas agrarios generados por el TLC con Estados Unidos y Canadá, que lleva dos largas décadas despoblando el campo y empobreciendo a los campesinos, debe sumarse que los salarios de los trabajadores mexicanos son inferiores aún a los que perciben los obreros chinos.
No puede llamar la atención, ante estas condiciones laborales, que las grandes empresas del Norte hayan puesto sus ojos en México.
Por eso, y a pesar de la violencia y la sistemática violación de los derechos humanos, los empresarios consideran a México como uno de los mejores países de América Latina para hacer negocios.
En este marco las elecciones del domingo 1 de julio deberían dar triunfador a Andrés Manuel López Obrador, de la alianza Juntos Haremos Historia. Por lo menos todas las encuestas lo sitúan primero, con bastante diferencia sobre los demás competidores.
Además de la presidencia se elige el parlamento, que incluye 128 senadores y 500 diputados.
A partir de este escenario deben hacerse varias consideraciones.
La primera es que el fraude es habitual en las elecciones mexicanas.
En 1988, Cuauhtémoc Cárdenas, que se había separado del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) y se presentaba bajo el lema del Frente Democrático Nacional, tenía una clara ventaja (42 por ciento frente a 36 de Carlos Salinas de Gortari) cuando se llevaban computadas la mitad de las mesas.
En ese momento “se cayó el sistema” informático, con el resultado final del triunfo de Salinas.
En las presidenciales de 2006 se registró un nuevo fraude que llevó a la presidencia a Felipe Calderón en detrimento de López Obrador por apenas medio punto.
Pese a la masiva y maciza movilización social, con millones de personas en las calles, las autoridades electorales convalidaron el fraude.
La legitimidad del gobierno electo fue tan baja que un político mesurado como López Obrador creó un “gobierno legítimo” y simbólico, elegido a mano alzada en el Zócalo por sus seguidores en una congregación multitudinaria.
La pregunta parece evidente: ¿qué sucederá si se produce un nuevo fraude?
Por más que la oposición convoque a la población a tomar las calles, el poder no se inmuta.
Más aún cuando el parlamento aprobó la Ley de Seguridad Interior, en diciembre de 2017, que regula el uso de las fuerzas armadas en el orden interno.
Entre los objetivos de esa ley figuran combatir el narco y la delincuencia, pero también las protestas y movilizaciones populares.
En segundo lugar, se ha registrado una profunda derechización de Morena, el partido de López Obrador.
Según el jefe de Opinión de La Jornada, Luis Hernández Navarro, esta derechización toma forma con el anuncio de incluir en el gabinete, en caso de vencer el 1 de julio, a personas que forman parte de la “mafia del poder”, según palabras del propio candidato.
El futuro ministro de Agricultura sería Víctor Villalobos, operador político de los grandes consorcios agroindustriales y promotor de los transgénicos.
Villalobos “fue consultor externo y empleado de Monsanto y consejero del Grupo Pulsar, del que formaba parte Seminis, gigante de los transgénicos y controladora del mercado mundial de semillas”, escribe La Jornada.
Bajo el gobierno de Vicente Fox (2000-2006), varias organizaciones lo acusaron de utilizar la administración pública en beneficio de la empresa privada.
En el Ministerio de Educación, el candidato López Obrador se comprometió a colocar a Esteban Moctezuma, quien fue secretario general del PRI y ministro de gobiernos de esa fuerza.
El editor de La Jornada sostiene que son muchos los altos cargos del PRI que se están pasando a la alianza de López Obrador.
“Su Proyecto de Nación, coordinado por Alfonso Romo, en su momento defensor de Augusto Pinochet, tiene muchas propuestas que poco tienen que ver con la izquierda, y, que, incluso, parecen sacadas de la política de seguridad democrática de (el ex presidente colombiano) Álvaro Uribe”, dice.
Si el fraude llegara a fallar porque la diferencia de votos fuera demasiado grande, la clase dominante mexicana ya se encargó de neutralizar a la fuerza política encargada del cambio infiltrando en su interior a sus representantes.
La reciente experiencia política que tuvimos en Sudamérica nos permite adelantar dos conclusiones.
La primera es que un gobierno de López Obrador no va a producir el menor cambio estructural y dejará a los sectores populares en el mismo lugar que ocupan desde siempre.
Las expectativas de cambio se desvanecerán, los movimientos se debilitarán y hacia el final de la gestión del líder de Morena habrá la misma represión que ahora y una honda desmoralización entre sus bases sociales.
Habrá una redistribución de renta dentro de los asalariados, como hemos vivido bajo los gobiernos progresistas del Cono Sur, y más consumismo.
La segunda, es que ya han aparecido “analistas” de izquierda que anuncian un “nuevo progresismo latinoamericano”.
Cuando aún no se han apagado los ecos del derrumbe de los gobiernos progresistas, ya se lanzan las campanas al vuelo anunciado su renacimiento.
¿No sería más adecuado y oportuno trazar balances, aprender de los errores y planificar el futuro, antes que descerrajarnos un optimismo tan ciego como inconducente?
La tercera es tal vez la más importante, porque atiende a los temas de fondo.
Después del fracaso histórico del socialismo real (concretado entre 1989 y 1991) y del fracaso en curso de los gobiernos progresistas latinoamericanos, lo menos que podemos hacer es reflexionar en profundidad, sin dejar de luchar.
¿Cuál es el sentido de poner todas las energías y recursos en llegar al gobierno? ¿Qué tipo de estrategias necesitamos para transformar el mundo sin que el capital nos domestique?
Gabriel Salazar, ex militante del MIR y actual premio nacional de historia de Chile, define esos dilemas en una notable frase: “Un pueblo que tiene derechos pero no tiene poder no es nada. El derecho no vale sin poder”.
Conquistamos derechos que gestionan otros, en general funcionarios que no controlamos; mientras, nuestros poderes tienden a evaporarse en la democracia electoral, que permite elegir pero no decidir.
Ilustración: Monero Rapé