“…Un mal arrastra otro; este, otro aún
más terrible, en una concatenación inexorable.
La furia parece excitarse a sí misma; la mano, una vez
manchada de sangre, enloquece de pasión. No hay
respiro; no hay lugar a la inocencia ya.
No hay consuelo ni alivio…”
(Amelia De Paz. Prólogo del libro La Violencia en México,
de David Huerta)
Claudia Licona trabajaba para la empresa estadounidense Adient que produce asientos, arneses y otros implementos automotrices. Salió de Honduras hace más de 15 años y recaló en la frontera norte de México. Como otros tantos miles de compatriotas, Claudia fue en la búsqueda de una vida mejor. La muerte la sorprendió junto a su hijo en su propia casa, en Ciudad Juárez, en esa esquina convertida en carnicería humana.
Cuando salió de Honduras dejó un pequeño hijo que luego logró traer a México. Luego se casó con un mexicano y formó un nuevo hogar en el que nacieron otros tres. Se nacionalizó y hace cinco años quedó viuda.
Como obrera del sector maquilero se organizó junto con sus compañeras y era una de las convocantes a la huelga general que pretende elevar el salario de la maquila en Ciudad Juárez al nivel de otros estados es decir, a 15 dólares diarios.
“La gente es pobre, porque los salarios son pobres”, se suele escuchar. Datos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), revelan que en 1987 un mexicano debía trabajar solo 4 horas con 53 minutos para adquirir la famosa canasta básica, en 2017 eran necesarias 24 horas con 31 minutos para comprar los alimentos básicos.
El 9 de marzo, Claudia fue asesinada en su hogar, junto a su hijo más pequeño de cinco años. Sus otros dos hijos encontraron su cuerpo y el de su hermanito. No están claros los móviles ni quién fue el autor del femicidio.
Ante la indignación generalizada de sus compañeras el gobierno de la ciudad, en un acto de alta generosidad, ofreció inicialmente 7 mil pesos para ambos funerales (unos 390 dólares), cantidad insuficiente para cubrir dichos gastos.
Las denuncias de sus compañeras y una colecta lanzada por redes sociales que se convirtió en viral en pocas horas, provocó que el gobierno accediera a cubrir todos los gastos de los sepelios de Claudia y su pequeño hijo, corroborando el dicho que muchas veces los gobiernos actúan más por vergüenza que por conciencia.
Como es de público conocimiento, la muerte de Claudia no es un hecho aislado en México y mucho menos en Ciudad Juárez. Se trata de una pandemia sin control donde las autoridades de gobierno, que deberían actuar para cerrar esa herida que sangra a diario, figuran en la lista de los principales sospechosos.
Fue a finales de la década de los 90 que las voces de denuncia empezaron a señalar con fuerza la impunidad que alimenta la maquinaria de terror donde las mujeres son asesinadas por sus parejas o ex parejas, por sus compañeros de trabajo, por empresarios poderosos, por sicarios del crimen organizado o por agentes de seguridad del Ejército o de las agencias municipales, estatales o federales. Por balas perdidas y balas certeras.
Se trata de un estado general de impunidad que le garantiza a los hechores que sus crímenes no serán perseguidos y vuelven a cargar sus armas sin ningún temor de represalias.
Quienes han denunciado sistemáticamente la indiferencia estatal, la colusión de intereses entre empresarios y gobernantes con el crimen organizado y la violencia contra las mujeres también han sido víctimas de ésta vorágine.
Justo el pasado 23 de marzo se cumplió un año del asesinato de la reconocida periodista y corresponsal de La Jornada en Ciudad Juárez Miroslava Breach Velducea, muerta por sicarios que dejaron un letrero con la leyenda “Esto les va pasar a los lengua larga”.
Periodistas y colegas de Mirosalva protestaron al cumplirse ese aniversario con un acto frente a la sede del gobierno de la ciudad, vestidos de blanco y formando la palabra “Justicia”.
En 2016, en Ciudad Juárez ganó las elecciones municipales un candidato independiente, el primero en arrebatar la jefatura municipal a los tradicionales PRI y PAN.
Desde que el actual jefe municipal Armando Cabada Alvídrez asumió el cargo, los niveles de criminalidad se han disparado.
El mismo jefe municipal, proveniente del sector empresarial, ha sido señalado por diversas vías de estar vinculado a varios casos de agresiones sexuales, incluso una violación colectiva hace más de una década.
Esos episodios tan repugnantes y degradantes se han vuelto conocidos gracias a denuncias anónimas de víctimas o testigos, cuyos testimonios indican que son protagonizados por jóvenes de familias económicamente poderosas conocidos como “Juniors”, en contra de mujeres que son agredidas sexualmente por estos grupos, como un acto de diversión.
Según Susana Prieto, abogada laboralista, y colega de Claudia Licona en el movimiento convocante a la huelga general de obreras maquileras, los feminicidios crecieron 35 por ciento en lo que va de 2018 respecto al mismo período de 2017 y 2016.
Prieto subraya la recurrencia general de revictimizar a las víctimas cuando son objeto de estas agresiones o feminicidios. “¡Nada justifica ésta violencia!”, arremete la abogada y activista.
El crimen contra Claudia Licona ha sido fuente de indignación entre los grupos de derechos humanos, colectivos de mujeres y sus mismas compañeras del Movimiento de Obreras Maquiladoras.
Sin embargo sus compañeras no están dispuestas a que su causa colectiva, de la que Claudia fue protagonista, se quede en solo una aspiración.
“Claudia escucha, obreras en la lucha. Claudia vive, la lucha sigue”, fue el canto de rebeldía e indignación de cientos de mujeres en “La Cruz de Clavos”, en la entrada del Puente Santa Fe, donde están los nombres de más de mil mujeres asesinadas desde 1992.
“Claudia escucha, obreras en la lucha. Claudia vive, la lucha sigue”.
La UITA y el Clamu se suman a esa proclama.
Foto: Gilberto García
