La actividad se centró en la condena a las decisiones de jueces que desconocieron la jurisprudencia sentada por la Corte Constitucional, según la cual la tutela es el mecanismo más idóneo para reclamar los derechos fundamentales.
A pesar de estos antecedentes, algunos jueces no fallan en acuerdo a Derecho y declaran las querellas de los sindicatos como improcedentes, obligando a muchos trabajadores a entablar demandas ordinarias que, en la gran mayoría de los casos, demoran años en definirse.
Estos plazos ordinarios condenan a muchos trabajadores y trabajadoras enfermos a una suerte de “muerte económica”, pues difícilmente serán contratados por otra empresa, llevando a esas familias a vivir indignamente pues en general son padres o madres cabezas de hogar.
La movilización de protesta no pretendió presionar a la justicia o a los jueces, sino llamar la atención de la Corte Constitucional para que revise los fallos de tutela emitidos en contra de trabajadores enfermos en la ciudad de Cartagena.
Estas personas ya son víctimas de un sistema de trabajo insensible y súper explotador que los enferma, y además se les desconocen derechos fundamentales como la estabilidad laboral reforzada, el mínimo vital, el derecho a la salud, a la vida digna, al debido proceso, a la libre asociación, entre otros.
La protesta también apuntó a que los jueces tengan en cuenta que la asociación sindical es un derecho fundamental, protegido por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, cuya negación en los tribunales está provocando la destrucción de los sindicatos.
El gobierno colombiano, sin embargo, dice falsamente ante la comunidad internacional -y en especial al Congreso de Estados Unidos- que en el país se respetan los derechos humanos, entre ellos el derecho a la organización sindical.
Pedro Londoño, secretario general de USTRIAL, en diálogo con Sirel afirmó que “Los trabajadores y trabajadoras de los sindicatos movilizados reiteramos el llamado al gobierno colombiano -y en especial al vicepresidente Angelino Garzón, quien se ha comprometido en la protección de los derecho humanos- a que intervenga ante los empresarios y las autoridades competentes para que realmente sean respetados estos derechos.
En caso contrario, quedará en evidencia que las declaraciones oficiales no son más que una simple frase que busca la aprobación del TLC por parte del gobierno estadounidense, y que Colombia no sea sancionada por las organizaciones internacionales como la OIT”, concluyó Londoño