03
Febrero
2017
Los gobiernos en el centro de los escándalos
Responsabilidades legales y políticas en la corrupción de Odebrecht
En Bogotá, Jorge Enrique Robledo
Jorge Enrique Robledo | Foto: Giorgio Trucchi
Ante la justicia de Estados Unidos, los directivos de la trasnacional Odebrecht reconocieron haber pagado 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de América Latina, incluido Colombia, donde, hasta lo que se sabe, entregaron 6,5 millones de dólares al ex viceministro de Transporte Gabriel García Morales y 4,5 millones al ex senador liberal Otto Bula Bula.
Violando la ley, los ejecutivos se aseguraron dos contratos de la Ruta del Sol, por 3,54 (1,2 billones de dólares) y 0,9 billones de pesos (0,3 billones de dólares) respectivamente.
Esos sobornos no los paga Odebrecht sino los colombianos, porque se cubren con la plata que nos roban y que se origina, por ejemplo, en los muy altos peajes que imponen los contratos.
El país, con razón indignado, espera que se individualice a los demás responsables, porque García Morales (ministro de Álvaro Uribe) no pudo montar solo un fraude de ese calibre y Bula (integrante del gabinete de Juan Manuel Santos) tuvo que comprarse a algunos funcionarios para que decidieran a favor de Odebrecht.
Es probable también que los sobornos hayan sido mayores a lo declarado e incluyan otros contratos, porque los funcionarios de las trasnacional que confesaron pueden haber ocultado otras verdades.
Le corresponde a la Fiscalía de Colombia actuar con la diligencia de la que careció en años anteriores, pues nada de este robo se sabría si no fuera por la justicia de otros países.
Esos sobornos no los paga Odebrecht sino los colombianos, porque se cubren con la plata que nos roban y que se origina, por ejemplo, en los muy altos peajes que imponen los contratos.
El país, con razón indignado, espera que se individualice a los demás responsables, porque García Morales (ministro de Álvaro Uribe) no pudo montar solo un fraude de ese calibre y Bula (integrante del gabinete de Juan Manuel Santos) tuvo que comprarse a algunos funcionarios para que decidieran a favor de Odebrecht.
Es probable también que los sobornos hayan sido mayores a lo declarado e incluyan otros contratos, porque los funcionarios de las trasnacional que confesaron pueden haber ocultado otras verdades.
Le corresponde a la Fiscalía de Colombia actuar con la diligencia de la que careció en años anteriores, pues nada de este robo se sabría si no fuera por la justicia de otros países.
Préstamos “amistosos” y fraudulentos
Nada se investiga
También debe investigarse un préstamo de 120 mil millones de pesos (41 millones de dólares) del Banco Agrario a Navelena SAS –empresa que en 87 por ciento pertenece a dos filiales del grupo Odebrecht– y que se otorgó cuando en Brasil ya habían condenado a 19 años de cárcel a Marcelo Odebrecht.
Además, una de las firmas socias de Navelena estaba quebrada y había sido declarada en causal de disolución por la Superintendencia de Sociedades.
Para completar el cuadro, los banqueros prestaron la plata a una tasa de interés menor a la que les cobran a los campesinos y con unas supuestas garantías que no garantizan el pago de la deuda.
Además, el crédito podría perderse porque ya se encuentra en mora, en razón de que Navelena no ha podido conseguir que una banca global le financie los 2,5 billones de pesos del negocio del río Magdalena.
Según Aurelio Suárez, Odebrecht le pagó a Bula por conseguir que la ANI le otorgara, entre otras, las siguientes gabelas: que la vía Ocaña-Gamarra, que va de este a oeste, se declarara parte de la Ruta del Sol, que va de norte a sur, para que el contrato se adjudicara a dedo, y que el costo por kilómetro pasara de 5.000 a 17.000 millones de pesos, con utilidades del 23 por ciento.
Y que el otrosí al primer contrato se suscribiera siete meses antes del Documento Conpes 3817 que le dio vía libre al negocio.
Ante hechos tan graves, deben aclararse dos tipos de responsabilidades: las penales y administrativas, que caen sobre los individuos que hayan violado la ley y están a cargo de la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía, y las políticas, por las que deben responder los gobiernos y los partidos de los funcionarios que llevaron al país a semejante descalabro.
El problema reside en que el triunfo del tapen-tapen conviene a los grandes intereses en juego, tanto políticos como económicos.
Para la muestra unos hechos: se oculta el partido político de los involucrados, los ministros de Hacienda y Agricultura, que mandan en el Banco Agrario y se niegan a dar la cara. Vargas Lleras dijo que nada conocía sobre dicho crédito pero uno de sus senadores dijo que sí sabía.
Mención aparte merece el fiscal Néstor Humberto Martínez, quien, como “superministro”, también aprobó el Documento Conpes a pesar de sus estrechas relaciones con Luis Carlos Sarmiento Angulo, socio de Odebrecht en la Ruta del Sol.
Y fue objeto de escándalo que tras una investigación exprés, de apenas dos semanas, Martínez saliera a los medios a decir que la Fiscalía “había descartado la posibilidad de corrupción en las obras del río Magdalena”.
Además, una de las firmas socias de Navelena estaba quebrada y había sido declarada en causal de disolución por la Superintendencia de Sociedades.
Para completar el cuadro, los banqueros prestaron la plata a una tasa de interés menor a la que les cobran a los campesinos y con unas supuestas garantías que no garantizan el pago de la deuda.
Además, el crédito podría perderse porque ya se encuentra en mora, en razón de que Navelena no ha podido conseguir que una banca global le financie los 2,5 billones de pesos del negocio del río Magdalena.
Según Aurelio Suárez, Odebrecht le pagó a Bula por conseguir que la ANI le otorgara, entre otras, las siguientes gabelas: que la vía Ocaña-Gamarra, que va de este a oeste, se declarara parte de la Ruta del Sol, que va de norte a sur, para que el contrato se adjudicara a dedo, y que el costo por kilómetro pasara de 5.000 a 17.000 millones de pesos, con utilidades del 23 por ciento.
Y que el otrosí al primer contrato se suscribiera siete meses antes del Documento Conpes 3817 que le dio vía libre al negocio.
Ante hechos tan graves, deben aclararse dos tipos de responsabilidades: las penales y administrativas, que caen sobre los individuos que hayan violado la ley y están a cargo de la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía, y las políticas, por las que deben responder los gobiernos y los partidos de los funcionarios que llevaron al país a semejante descalabro.
El problema reside en que el triunfo del tapen-tapen conviene a los grandes intereses en juego, tanto políticos como económicos.
Para la muestra unos hechos: se oculta el partido político de los involucrados, los ministros de Hacienda y Agricultura, que mandan en el Banco Agrario y se niegan a dar la cara. Vargas Lleras dijo que nada conocía sobre dicho crédito pero uno de sus senadores dijo que sí sabía.
Mención aparte merece el fiscal Néstor Humberto Martínez, quien, como “superministro”, también aprobó el Documento Conpes a pesar de sus estrechas relaciones con Luis Carlos Sarmiento Angulo, socio de Odebrecht en la Ruta del Sol.
Y fue objeto de escándalo que tras una investigación exprés, de apenas dos semanas, Martínez saliera a los medios a decir que la Fiscalía “había descartado la posibilidad de corrupción en las obras del río Magdalena”.
