Resolución sobre Derechos Humanos en el Cono Sur

En meses pasados, volvieron a aparecer en Uruguay signos de que los sobrevivientes de lo que se conoció como Plan Cóndor, es decir la cooperación entre los servicios represivos de las dictaduras del Cono Sur, siguen estando activos y que incluso pueden llegar a tener adeptos en las estructuras actuales de las Fuerzas Armadas.

La impunidad de que gozaron durante tanto tiempo -con excepción de unos pocos represores emblemáticos que han ido a la cárcel, en condiciones, por otra parte, de absoluto privilegio-, el hecho de que  se tolere que incluso hoy mandos militares de primer orden se den el lujo de condicionar un simple pedido de perdón por lo que hicieron a que el Estado y las organizaciones de derechos humanos renuncien a la verdad y la justicia, le han hecho el caldo gordo a sectores que, tanto desde las sombras como abiertamente, continúan profiriendo amenazas que nadie puede poner en duda que son capaces de concretar.

En febrero pasado, un llamado Comando General Pedro Barneix envió amenazas de muerte, vía correo electrónico, a 11 personalidades uruguayas y extranjeras vinculadas a la defensa de los derechos humanos y a dos altos funcionarios del Estado.

El texto decía lo siguiente: “El suicidio del general Pedro Barneix no quedará impune, no se aceptará ningún suicidio más por injustos procesamientos. Por cada suicidio, de ahora en más, mataremos a tres elegidos azarosamente de la siguiente lista”.

Y mencionaba los nombres de los amenazados: la ex fiscal Mirtha Guianze, actual integrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo; el fiscal Jorge Díaz; el ministro de Defensa Jorge Menéndez; la exvicecanciller Belela Herrera; los abogados Pablo Chargoñia, Juan Errandonea, Óscar López Goldaracena, Hebe Martínez Burlé, Juan Fagúndez y Federico Álvarez Petraglia; el magistrado francés Louis Joinet (ex integrante del Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en Uruguay, SIJAU);  la investigadora italiana Francesa Lessa; y Jair Krischke asesor de la Rel-UITA en materia de derechos humanos y presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Rio Grande del Sur.

Pedro Barneix fue un general con activa participación en la dictadura que se suicidó en setiembre 2015. Se mató de un disparo cuando iba a ser detenido tras ser procesado por la justicia por el asesinato en prisión, por torturas, del militante Aldo Perrini, en 1974.

Desde que el comando hizo su aparición no ha habido noticia alguna de investigaciones realizadas al respecto por la justicia o los actuales servicios de inteligencia. Los datos que se han conocido han sido producto del trabajo de organizaciones de defensa de los derechos humanos o periodistas, como ha sucedido en la gran mayoría de los casos relacionados con violaciones a los derechos humanos bajo la dictadura.

-Exigir a las autoridades uruguayas la realización de una investigación adecuada sobre el Comando General Pedro Barneix, la divulgación de los nombres de quienes lo integran y su puesta a disposición ante la justicia.

-Expresar la solidaridad de la Rel-UITA con todos los amenazados, en especial con nuestro compañero y amigo Jair Krischke.

 

Brasilia, 11 de julio de 2017