Presión internacional ante amenazas a defensores de derechos humanos

-¿Cuáles han sido las consecuencias y reacciones luego de la amenaza que recibiste en Uruguay ⁽¹⁾junto a otros defensores de los DDHH?
-Lo primero es que como resultado de gestiones realizadas ante la embajada de Brasil en Montevideo, la Dirección General de  Inteligencia de la Policía uruguaya envió una nota al Consulado brasileño en Uruguay, en la cual se le informa la existencia de amenazas de muerte por parte de un llamado "Comando Barneix" contra 13 personas vinculadas a la defensa de los DDHH, entre ellas al “doctor Krischke”, quien “se encontraría residiendo en la ciudad de Porto Alegre” y por lo tanto “se solicita se le haga saber la existencia de dicha amenaza”.

También menciona la nota que la amenaza está siendo investigada bajo la dirección de la jueza penal Julia Staricco.

-Parece algo bastante tímido, por decir lo menos.
-Pero lo importante es que el gobierno uruguayo, por medio de la Inteligencia policial, admite que existen estas amenazas, y la embajada de Brasil ha sido oficialmente informada de ello.

-Aunque la responsabilidad de aclarar el caso corresponde a las autoridades uruguayas.
-Sin duda. Ellas son las que deben llegar a identificar al o los autores de las amenazas. Personalmente percibo que no se le estaría dando la trascendencia necesaria a este episodio. ¡Veamos que entre los amenazados se encuentra el propio ministro de Defensa, Jorge Menéndez!

Más que la amenaza me asusta que el presidente Tabaré Vázquez no haya dicho absolutamente nada al respecto.

Me preocupa recordar que ya hubo otros hechos de similar gravedad que nunca se han aclarado, como el robo de materiales y archivos a los antropólogos e investigadores forenses que trabajan en la Facultad de Humanidades, quienes además fueron amenazados. Las investigaciones no han tenido absolutamente ningún resultado.

-Eso que mencionas ocurrió hace ahora exactamente un año. También hubo "robos sospechosos" en domicilio de un fiscal y amenazas a jueces y otros Ministros. Nunca se identificó a nadie.  
-Por eso hemos creído necesario movilizarnos a nivel internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebra periódicamente audiencias en diferentes países americanos. Supe que estarán en Buenos Aires a fines de mayo y hemos solicitado ser recibidos por la Comisión en esa oportunidad.

-¿Quién presentó la solicitud de audiencia?
-Lo hizo el Observatorio Luz Ibarburu por medio de su coordinador ejecutivo, Raúl Olivera. En la nota presentada por el Observatorio se pide una audiencia para exponer sobre las recientes amenazas y el cumplimiento (o incumplimiento) de la "Sentencia Gelman vs. Uruguay".

Poco después se conoció una declaración de la CIDH en la cual “condena las amenazas de muerte realizadas contra autoridades, operadores de justicia y defensoras y defensores de derechos humanos de Uruguay y urge al Estado a adoptar medidas urgentes a fin de resguardar la seguridad de los operadores de justicia”. ⁽²⁾

-Eso es un buen augurio para que la audiencia sea concedida. ¿Qué reacciones hubo en Brasil?
-Compañeros que están en Brasilia plantearon estos hechos ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados que, a su vez, expidió tres notas: una para la CIDH expresando su preocupación por las amenazas en Uruguay; otra dirigida al Parlasur y una tercera para la Fiscalía brasileña solicitando que tomen conocimiento y se expidan sobre el tema.

Por otra parte, fui llamado por la Asamblea Legislativa de Rio Grande do Sul para conocer de primera mano los hechos, y habrá un pronunciamiento de este órgano legislativo y también del gobernador del estado, José Ivo Sartori.

Asimismo, la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de la cual soy miembro, también difundió una nota en la cual da cuenta de la existencia de estas amenazas, las rechaza y deplora, y reclama al gobierno federal que, junto al gobierno uruguayo, “se tomen las debidas providencias para que dichas amenazas no se concreten”.

-¿Cómo estás tomando todo esto?
-Con mucha tranquilidad, pero también viendo que es algo grave, sobre todo si tenemos en cuenta que ninguno de los hechos anteriores de este tenor tuvo consecuencias policiales o judiciales para sus autores.

Esto ocurrió en Uruguay y corresponde a las autoridades uruguayas conocer la identidad de quién o quiénes están detrás. En mayo habrá esta reunión de la CIDH en Buenos Aires y pienso que estaré allí, pero después quiero pasar por Montevideo, y quiero hacerlo sin que nadie me moleste.  

Con referencia a esto recibí una llamada del Senado brasileño planteándome que cuando vaya a Uruguay lo comunique previamente para activar al Ministerio de Relaciones Exteriores y que éste, por medio de la embajada brasileña en Montevideo me proporcione protección.

Lo importante es que se haga algo eficaz para que estos hechos no vuelvan a ocurrir.

-La amenaza se produjo por medio de un correo electrónico utilizando el navegador Thor, que no permite normalmente identificar al emisor. Pero actualmente sabemos que para un Estado ya no hay barreras tecnológicas si decide investigar a fondo este tipo de episodios.
-El mail está en manos del Fiscal de Corte y de Inteligencia policial. Se me ha informado que la Facultad de Ingeniería del Uruguay tiene capacidad para desentrañar esta interrogante.

También se han puesto a disposición universidades estadounidenses. Quiere decir que hay muchos recursos que se pueden utilizar si hay voluntad de llegar a los responsables.

-¿Cuándo tendrán respuesta al pedido de audiencia con la CIDH?
-Lo sabremos en abril. Pero antes estamos esperando los resultados de la investigación policial y judicial que anunció la nota de la Inteligencia policial uruguaya.