30
Mayo
2016
Los mismos hechos, tan distintas respuestas
Condenas por el Plan Cóndor en Argentina, pasividad de la justicia en Uruguay
En Montevideo, Daniel Gatti
El viernes 27, mientras el coronel uruguayo Manuel Cordero oía en Buenos Aires cómo la justicia argentina lo condenaba a 25 años de cárcel por su participación en el Plan Cóndor, uno de sus camaradas, José Gavazzo, que había participado en los mismos secuestros, desapariciones y torturas, se aprestaba en Montevideo a ir al cumpleaños de su nieta. Paradojas de la justicia y de los procesos políticos a uno y otro lado del Río de la Plata.
A las 17 horas del viernes la sala del Tribunal Oral Federal número 1, en la calle Comodoro Py de Buenos Aires, estaba llena a reventar para asistir a las primeras sentencias pronunciadas específicamente en relación a la operación de coordinación represiva desarrollada en los años 1970 entre las dictaduras del Cono Sur bajo el ala protectora de Estados Unidos.
Manuel Cordero y los argentinos Miguel Ángel Furci y Santiago Omar Riveros fueron quienes recibieron mayores penas: un cuarto de siglo de prisión por “asociación para delinquir”, “privación ilegítima de la libertad” y tormentos.
Otros 12 militares y agentes argentinos recibieron entre ocho y 20 años de cárcel, entre ellos el ex dictador Reinaldo Bignone.
Todos ellos intervinieron a distinto nivel en acciones de secuestro, asesinato, desaparición, torturas, y en algunos casos de traslado transfronterizo de personas. Se los juzgó durante varios años por 105 casos, sobre todo de extranjeros exiliados en Argentina (45 uruguayos, 22 chilenos, 13 paraguayos, 11 bolivianos), además de 14 militantes argentinos.
El Cóndor tuvo como eje Argentina, y Cordero fue uno de los principales operadores de las fuerzas represivas uruguayas en Buenos Aires, fundamentalmente en la base clandestina de Autmotores Orletti, montada en un antiguo taller mecánico.
A diferencia de varios de sus camaradas que participaron en las mismas acciones y que fueron sentenciados en 2006, el coronel –acusado no sólo de delitos fuera de fronteras sino de torturas, asesinatos y violaciones de mujeres en Uruguay– escapó a la justicia durante muchos años.
En 2007 logró huir hacia Brasil, y fue allí, cerca de la frontera con Uruguay, que fue ubicado por Jair Krischke, presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos con base en Porto Alegre.
Jair, que ya había tenido un papel central, décadas atrás, en la denuncia de la desaparición en Brasil de militantes uruguayos a los que literalmente les salvó la vida, fue también uno de los puntales de las organizaciones de derechos humanos que presionaron para que la justicia brasileña extraditara a Cordero hacia Argentina.
La extradición se concretó en 2010, luego de una campaña internacional impulsada por la Rel-UITA conjuntamente con el MJDH que contó con miles y miles de adherentes, entre los que se destacaron los escritores Eduardo Galeano y Juan Gelman.
El día de la sentencia en Buenos Aires contra Cordero y los 14 militares y agentes argentinos, José Gavazzo, uno de los jefes de la rama uruguaya del Cóndor, se preparaba para asistir al cumpleaños de 15 de su nieta en el coquetísimo Club Naval de Montevideo.
Y es que el coronel, al igual que Ernesto Ramas, otro de los pocos militares y civiles condenados en Uruguay por delitos relacionados con el terrorismo de Estado, goza de prisión domiciliaria desde fines de 2015.
El mismo juez que lo envió a su casa por considerar que el genocida estaba en malas condiciones de salud, estimó esta vez que se hallaba en suficientes buenas condiciones como para ausentarse unas 12 horas, entre las 6 de la tarde del viernes y las seis de la mañana y participar en una festichola con baile.
Finalmente no fue. Un grupo de militantes organizó un “escrache” a las puertas de su casa, con carteles y banderolas, y le aguó la fiesta al militar de la eterna sonrisa. “Por razones de seguridad”, Gavazzo desistió de ir al cumpleaños.
Una vez más, el movimiento social suplió en Uruguay las carencias o las omisiones de los poderes públicos, y Gavazzo, al menos, sintió la condena de la sociedad.
Manuel Cordero y los argentinos Miguel Ángel Furci y Santiago Omar Riveros fueron quienes recibieron mayores penas: un cuarto de siglo de prisión por “asociación para delinquir”, “privación ilegítima de la libertad” y tormentos.
Otros 12 militares y agentes argentinos recibieron entre ocho y 20 años de cárcel, entre ellos el ex dictador Reinaldo Bignone.
Todos ellos intervinieron a distinto nivel en acciones de secuestro, asesinato, desaparición, torturas, y en algunos casos de traslado transfronterizo de personas. Se los juzgó durante varios años por 105 casos, sobre todo de extranjeros exiliados en Argentina (45 uruguayos, 22 chilenos, 13 paraguayos, 11 bolivianos), además de 14 militantes argentinos.
El Cóndor tuvo como eje Argentina, y Cordero fue uno de los principales operadores de las fuerzas represivas uruguayas en Buenos Aires, fundamentalmente en la base clandestina de Autmotores Orletti, montada en un antiguo taller mecánico.
A diferencia de varios de sus camaradas que participaron en las mismas acciones y que fueron sentenciados en 2006, el coronel –acusado no sólo de delitos fuera de fronteras sino de torturas, asesinatos y violaciones de mujeres en Uruguay– escapó a la justicia durante muchos años.
En 2007 logró huir hacia Brasil, y fue allí, cerca de la frontera con Uruguay, que fue ubicado por Jair Krischke, presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos con base en Porto Alegre.
Jair, que ya había tenido un papel central, décadas atrás, en la denuncia de la desaparición en Brasil de militantes uruguayos a los que literalmente les salvó la vida, fue también uno de los puntales de las organizaciones de derechos humanos que presionaron para que la justicia brasileña extraditara a Cordero hacia Argentina.
La extradición se concretó en 2010, luego de una campaña internacional impulsada por la Rel-UITA conjuntamente con el MJDH que contó con miles y miles de adherentes, entre los que se destacaron los escritores Eduardo Galeano y Juan Gelman.
El día de la sentencia en Buenos Aires contra Cordero y los 14 militares y agentes argentinos, José Gavazzo, uno de los jefes de la rama uruguaya del Cóndor, se preparaba para asistir al cumpleaños de 15 de su nieta en el coquetísimo Club Naval de Montevideo.
Y es que el coronel, al igual que Ernesto Ramas, otro de los pocos militares y civiles condenados en Uruguay por delitos relacionados con el terrorismo de Estado, goza de prisión domiciliaria desde fines de 2015.
El mismo juez que lo envió a su casa por considerar que el genocida estaba en malas condiciones de salud, estimó esta vez que se hallaba en suficientes buenas condiciones como para ausentarse unas 12 horas, entre las 6 de la tarde del viernes y las seis de la mañana y participar en una festichola con baile.
Finalmente no fue. Un grupo de militantes organizó un “escrache” a las puertas de su casa, con carteles y banderolas, y le aguó la fiesta al militar de la eterna sonrisa. “Por razones de seguridad”, Gavazzo desistió de ir al cumpleaños.
Una vez más, el movimiento social suplió en Uruguay las carencias o las omisiones de los poderes públicos, y Gavazzo, al menos, sintió la condena de la sociedad.
Fotos: Lucía Iglesias
Genocidas
Manuel Cordero y los argentinos Miguel Ángel Furci y Santiago Omar Riveros fueron quienes recibieron mayores penas: un cuarto de siglo de prisión por “asociación para delinquir”, “privación ilegítima de la libertad” y tormentos.
Otros 12 militares y agentes argentinos recibieron entre ocho y 20 años de cárcel, entre ellos el ex dictador Reinaldo Bignone.
Todos ellos intervinieron a distinto nivel en acciones de secuestro, asesinato, desaparición, torturas, y en algunos casos de traslado transfronterizo de personas. Se los juzgó durante varios años por 105 casos, sobre todo de extranjeros exiliados en Argentina (45 uruguayos, 22 chilenos, 13 paraguayos, 11 bolivianos), además de 14 militantes argentinos.