13
Enero
2016
Dos meses después
La tragedia de Mariana y las lágrimas de cocodrilo
En Montevideo, Daniel Gatti
Foto: www.em.com.br
“Es un caso vivo”, dice la ministra de Medio Ambiente de Brasil, Izabella Teixeira, cuando se le pregunta por el desastre ambiental de Mariana, una localidad del estado de Minas Gerais sepultada en noviembre por un alud de agua y lodo provocado por la destrucción de un dique de la transnacional minera Samarco, que causó la muerte de 17 personas y la mayor contaminación jamás registrada en Brasil.
“Esto sigue, no terminó, es un problema de dimensión monumental”, dijo la ministra a la edición brasileña del diario español El País, y acusó a la empresa –controlada por la brasileña Vale y la anglo-australiana BHP Billiton, las dos mayores mineras del planeta– de no haber tomado las medidas necesarias para recuperar las zonas contaminadas e indemnizar a las víctimas.
El tsunami, sepultó por entero a un municipio, el de Bento Rodrigues, en unos pocos minutos, arrasando con 200 viviendas y transportando su carga tóxica hasta el río Doce, primero, y el océano Atlántico, después, a lo largo de 850 quilómetros.
Fue el 5 de noviembre, hace algo más de dos meses, y todavía no se sabe qué va a hacer Samarco para reparar parte del daño causado.
Desde entonces, el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama) elevó 37 advertencias a la transnacional y le impuso multas por 250 millones de reales (casi 66 millones de dólares).
El gobierno federal y los de los estados de Minas Gerais y Espirito Santo, ambos afectados por el desastre, dijeron que exigirán a Samarco unos 20.000 millones de reales (algo menos de 5.000 millones de dólares) para recuperar y reactivar las zonas devastadas e indemnizar a sus habitantes.
Los daños fueron terribles.
“El flujo de nutrientes en toda la cadena alimentaria en la tercera parte de la región del sudeste de Brasil y la mitad del Atlántico sur se verá comprometido por un mínimo de cien años”, dijo a la británica Bbc el biólogo marino André Ruschi.
Otro científico, Marcus Vinícius Polignano, afirmó a su vez que el 80 por ciento del río Doce está perdido.
“No estaremos vivos para ver una mínima recuperación de la vegetación perdida”, alertó por su lado Carlos Alfredo Joly, del Instituto de Biología de la Universidad de Campinas.
El tsunami, sepultó por entero a un municipio, el de Bento Rodrigues, en unos pocos minutos, arrasando con 200 viviendas y transportando su carga tóxica hasta el río Doce, primero, y el océano Atlántico, después, a lo largo de 850 quilómetros.
Fue el 5 de noviembre, hace algo más de dos meses, y todavía no se sabe qué va a hacer Samarco para reparar parte del daño causado.
Desde entonces, el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama) elevó 37 advertencias a la transnacional y le impuso multas por 250 millones de reales (casi 66 millones de dólares).
El gobierno federal y los de los estados de Minas Gerais y Espirito Santo, ambos afectados por el desastre, dijeron que exigirán a Samarco unos 20.000 millones de reales (algo menos de 5.000 millones de dólares) para recuperar y reactivar las zonas devastadas e indemnizar a sus habitantes.
Los daños fueron terribles.
“El flujo de nutrientes en toda la cadena alimentaria en la tercera parte de la región del sudeste de Brasil y la mitad del Atlántico sur se verá comprometido por un mínimo de cien años”, dijo a la británica Bbc el biólogo marino André Ruschi.
Otro científico, Marcus Vinícius Polignano, afirmó a su vez que el 80 por ciento del río Doce está perdido.
“No estaremos vivos para ver una mínima recuperación de la vegetación perdida”, alertó por su lado Carlos Alfredo Joly, del Instituto de Biología de la Universidad de Campinas.
¿Samarco “víctima”?
Por favor…
Los grupos ambientalistas descreen de los lamentos de los gobernantes.
“Ellos dicen que lo que sucedió en Mariana fue un accidente, que bastaría que Samarco y las otras mineras corrigieran algunas cosas, hicieran ajustes para que todo esté bien.
Pero el problema está en la raíz de la actividad minera de gran porte, en el modelo de desarrollo del que estas empresas son uno de los símbolos más visibles”, afirmó el Movimiento de Afectados por la Minería (MAM).
No hay en Brasil, uno de los seis mayores países mineros del planeta, controles adecuados de esta actividad a ningún nivel (permisos para la instalación y operación de las empresas, ritmos de extracción, manejo de desechos), señala el MAM.
La publicación Brasil de Fato recordó que el mismo 5 de noviembre que se produjo el desastre de Mariana los empresarios mineros estaban reunidos en São Paulo en el marco de un foro en el que se reclamó al Estado “mayor seguridad jurídica” para una industria “clave para el futuro del país”.
No fue inocente que al día siguiente de la tragedia el secretario de Desarrollo Económico de Minas Gerais, Altamir Roso, ubicara entre las “víctimas” a la propia Samarco, que habría tenido la “mala suerte” de que una de que uno de sus diques colapasara.
Roso es partidario, al igual que el gobernador del estado, Fernando Pimentel, de “facilitar” las operaciones de las mineras, “aligerando” los controles estatales sobre su actividad y los permisos que necesitan para instalarse.
Vale, una de las accionistas de Samarco, fue calificada en 2012 por la ONG Greenpeace como la “peor empresa del mundo” por “no respetar los derechos humanos y ambientales”. También es de las compañías que más evade impuestos en Brasil.
Pero tiene un punto a su favor: es una de las que más aporta dinero a las campañas políticas, sean del partido que sean, lo que le ha valido un gran nivel de impunidad.
“Ellos dicen que lo que sucedió en Mariana fue un accidente, que bastaría que Samarco y las otras mineras corrigieran algunas cosas, hicieran ajustes para que todo esté bien.
Pero el problema está en la raíz de la actividad minera de gran porte, en el modelo de desarrollo del que estas empresas son uno de los símbolos más visibles”, afirmó el Movimiento de Afectados por la Minería (MAM).
No hay en Brasil, uno de los seis mayores países mineros del planeta, controles adecuados de esta actividad a ningún nivel (permisos para la instalación y operación de las empresas, ritmos de extracción, manejo de desechos), señala el MAM.
La publicación Brasil de Fato recordó que el mismo 5 de noviembre que se produjo el desastre de Mariana los empresarios mineros estaban reunidos en São Paulo en el marco de un foro en el que se reclamó al Estado “mayor seguridad jurídica” para una industria “clave para el futuro del país”.
No fue inocente que al día siguiente de la tragedia el secretario de Desarrollo Económico de Minas Gerais, Altamir Roso, ubicara entre las “víctimas” a la propia Samarco, que habría tenido la “mala suerte” de que una de que uno de sus diques colapasara.
Roso es partidario, al igual que el gobernador del estado, Fernando Pimentel, de “facilitar” las operaciones de las mineras, “aligerando” los controles estatales sobre su actividad y los permisos que necesitan para instalarse.
Vale, una de las accionistas de Samarco, fue calificada en 2012 por la ONG Greenpeace como la “peor empresa del mundo” por “no respetar los derechos humanos y ambientales”. También es de las compañías que más evade impuestos en Brasil.
Pero tiene un punto a su favor: es una de las que más aporta dinero a las campañas políticas, sean del partido que sean, lo que le ha valido un gran nivel de impunidad.