08
Marzo
2017
Diputados brasileños promueven solidaridad con
Jair Krischke
Jair Krischke
“La intimidación no debe ser ignorada”
En Buenos Aires, Gerardo Iglesias
Jair Krischke | Foto: Rel-UITA
Legisladores brasileños promovieron iniciativas para que los poderes públicos de su país y la región se solidaricen con Jair Krischke, presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil, amenazado de muerte junto a otras 12 personas por un comando paramilitar uruguayo por su actuación durante los años de dictadura en el Cono Sur latinoamericano.
Pedro Joao, Paulo Pimenta y Nilto Tatto -presidente, primer vicepresidente y segundo vice respectivamente de la Comisión de Derechos Humanos y Minorías de la Cámara de Diputados de Brasil- se dirigieron a la fiscalía federal de su país, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al parlamento del Mercosur para exigir una solidaridad concreta con los amenazados.
Todas las víctimas de las amenazas del llamando Comando Pedro Barneix de Uruguay “actuaron para rescatar la memoria histórica” y el juicio a los responsables del Plan Cóndor de los años 1970, “mediante el cual los militares de los países del Cono Sur se articularon de forma supraestatal para capturar, torturar, matar y ocultar los restos de militantes de izquierda”.
El grupo paramilitar toma el nombre de un general uruguayo que se suicidó en 2015 poco antes de ser conducido a prisión por su participación en delitos de lesa humanidad durante la dictadura en su país (1973-1985) y fuera de fronteras en el marco de la Operación Cóndor.
“Por cada suicidado mataremos a tres en esta lista, aleatoriamente”, amenazaba el comando, recuerda el texto de los tres legisladores brasileños.
Además de Jair, integran el listado, abogados, políticos y militantes de derechos humanos de Uruguay y el jurista francés Louis Joinet.
“La intimidación contra las 13 personas no deber ser ignorada, dada la historia de los militares que cometieron gravísimas violaciones a los derechos humanos en Uruguay y a la conexión internacional que mantuvieron para la comisión de crímenes durante las dictaduras militares en Brasil, Argentina, Paraguay, Bolivia, con apoyo de Estados Unidos”, escriben los congresistas.
Y destacan que según informaciones recogidas por Jair Krischke, “hay evidencias de que los militares uruguayos que participaron en los crímenes de aquella época y permanecen impunes están reorganizándose”.
El caso indica la necesidad de respuestas a las preguntas no respondidas sobre las atrocidades cometidas por agentes do Estado, inclusive contra ciudadanos brasileños”, concluyen.
Todas las víctimas de las amenazas del llamando Comando Pedro Barneix de Uruguay “actuaron para rescatar la memoria histórica” y el juicio a los responsables del Plan Cóndor de los años 1970, “mediante el cual los militares de los países del Cono Sur se articularon de forma supraestatal para capturar, torturar, matar y ocultar los restos de militantes de izquierda”.
El grupo paramilitar toma el nombre de un general uruguayo que se suicidó en 2015 poco antes de ser conducido a prisión por su participación en delitos de lesa humanidad durante la dictadura en su país (1973-1985) y fuera de fronteras en el marco de la Operación Cóndor.
“Por cada suicidado mataremos a tres en esta lista, aleatoriamente”, amenazaba el comando, recuerda el texto de los tres legisladores brasileños.
Además de Jair, integran el listado, abogados, políticos y militantes de derechos humanos de Uruguay y el jurista francés Louis Joinet.
“La intimidación contra las 13 personas no deber ser ignorada, dada la historia de los militares que cometieron gravísimas violaciones a los derechos humanos en Uruguay y a la conexión internacional que mantuvieron para la comisión de crímenes durante las dictaduras militares en Brasil, Argentina, Paraguay, Bolivia, con apoyo de Estados Unidos”, escriben los congresistas.
Y destacan que según informaciones recogidas por Jair Krischke, “hay evidencias de que los militares uruguayos que participaron en los crímenes de aquella época y permanecen impunes están reorganizándose”.
El caso indica la necesidad de respuestas a las preguntas no respondidas sobre las atrocidades cometidas por agentes do Estado, inclusive contra ciudadanos brasileños”, concluyen.
