La discriminación al poder

“Desde la formación en 2003 de esta asociación se trabajó con personas portadoras de VIH, buscando dar respuestas a esta problemática. Asimismo nos abocamos a buscar formas de inclusión del colectivo LGTB, sobre todo enfocándonos en los jóvenes”, señaló José Zambrano.

Según el activista los motivó la aún muy presente homofobia que limita el acceso de este colectivo a diversos ámbitos, buscando generar espacios y asistencia para estas personas que sufren muchas veces una doble discriminación.

“En un principio la casa pasó a brindar asistencia para aquellas personas portadoras de VIH que se trasladaban del área rural al centro y se realizaban actividades de formación, charlas talleres, en 12 años pudimos hacer un trabajo que valió la pena”, recuerda.

Consultados acerca de si recibieron alguna ayuda por parte del Estado, José contó que como no podían administrar tratamiento antirretroviral debían trabajar “sí o sí con la Secretaría de Salud y con los Centros de Atención Integral no solo en Tegucigalpa sino también en el interior”.

En las localidades del interior se trató de generar esos espacios para facilitar la atención médica para las personas con VIH. “Tuvimos que conformar un buen equipo que contó con trabajadores solidarios y contamos también con la ayuda del gobierno de Holanda”, manifestó.

José recuerda que llegaron a tener un local en el centro donde se enfocaron al trabajo con los jóvenes de las comunidades LGTB. “La idea es empoderarlos, ofreciéndoles herramientas de cambio e información para la prevención”.

En Honduras existe una fuerte presión social contra el colectivo LGTB y la discriminación más fuerte la viven en la propia casa.

“Muchos de los jóvenes que atendemos fueron expulsados de sus hogares por ser lo que son y tienen que escuchar de sus progenitores que hubiesen preferido tener un hijo o hija ladrón que homosexual”, dijo José.

“Llegamos a tener una asociación de padres de lesbianas y gays con el objetivo de ayudar a estas personas, pero no tuvo mucho éxito, así que nos volcamos al trabajo de apoyo de los jóvenes de este colectivo”.

La discriminación de instituciones como la iglesia pesa mucho sobre estas personas, el grado de homofobia de algunos fundamentalistas religiosos es estremecedor.

“Esa homofobia permea a toda la sociedad. En este contexto se da nuestra lucha y nuestra tarea. La diversidad sexual no forma parte de la agenda política del país, no hay espacio ni voluntad de legislar a favor de los derechos de las personas trans, tampoco hay tolerancia con este colectivo”, dispara.

Antes de 2009 se reportaban cuatro o cinco casos de violencia contra personas trans. Ahora son muchos más, y ninguno con consecuencias judiciales, informa Sandra Zambrano, activista y hermana de José.

De 2008 a 2016 se registraron 236 casos de violencia contra personas trans que permanecen en la impunidad.

“La justicia no investiga, no le interesa punir a los culpables de estos crímenes y es por esa razón que el número de muertos o de agredidos continúa creciendo de forma exponencial con la impunidad”, señala Sandra.

El caso de Walter Troche es emblemático en este sentido –interviene José -. “Este compañero fue un gran opositor al golpe y se sabe que en su asesinato están involucrados mandos policiales y militares, no fue apenas un crimen de odio homofóbico”.

“Después del golpe de Estado se dio una escalada de violencia y persecución contra nuestra organización, inclusive contra nuestras familias”, dice Sandra y José está con medidas cautelares.

“La brutalidad recrudeció porque nosotros no bajamos los brazos, permanecimos en la lucha todos los días, diciendo presente, rechazando el golpe de estado.

Hoy continuamos reclamamos justicia por los asesinados y reclamamos igualdad de derechos en un país donde lo diferente no encaja y es criminalizado”, ahonda.

En el año 2013 comenzaron las extorsiones. “Secuestraron a mi sobrino en 2010 y a mi hija en 2013, luego atacaron las oficinas que teníamos en el barrio del bosque. Nos vienen atacando sistemáticamente, raptos, asaltos, robos son algunas de las violencias que sufrimos a diario”, denuncia Sandra.

Ambos activistas cuentan que una de sus líderes fue brutalmente golpeada. En tres años fueron asesinados varios familiares de integrantes de la Asociación.

“Nuestros derechos humanos no son contemplados ni siquiera por los entes gubernamentales dispuestos para la defensa de estos. En este momento estamos los dos con medidas cautelares por las amenazas que sufrimos.

Algunos tenemos custodia pero no es suficiente para todos”, se lamenta

Es la cuarta o quinta vez que como asociación viajan a Washington a denunciar su situación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“La última vez que fuimos, en marzo, me enojé porque a nosotros nos cuesta mucho poder viajar allá, dependemos de la buena voluntad de amigos y de la caridad de algunas personas, no vamos a Washington de compras, a veces creo que la CIDH también trata el caso de Honduras con cierta displicencia”, se queja Sandra.

Según la activista el organismo ya debería estar respaldando sus denuncias, “Además, cuando vamos nos dan apenas 10 minutos para exponer nuestro caso y luego el Estado tiene sus descargos, esta vez han dicho que van a realizar un análisis de riesgo de las personas que estamos denunciando, pero ¿cómo va a ser el Estado de Honduras que haga ese trabajo?, eso tiene que ser realizado por algún organismo independiente”, analiza.

Casi todos los jóvenes que iniciaron el proceso de formación de esta organización se han tenido que marchar. La mayoría vive en el exilio en EstadosUnidos, España o Suiza y el que no, está muerto.

“En Honduras los derechos humanos son más valederos para determinadas personas, los pobres, los de a pie, somos invisibles también en esto.

El Estado está completamente de espalda a los problemas reales de la sociedad, y estamos siendo desplazados por temor, por hambre o muerte”, culmina Sandra.