06
Junio
2017
Los cruceros y su “otra” realidad
Esclavitud y expoliación en alta mar
La Rel
Ilustración: Allan McDonald
Los 24 millones de personas que eligieron a los cruceros en 2016 y que reportaron a las tres mayores compañías del sector unos 2.800 millones de dólares de beneficios, lejos estuvieron de notar lo que ese glamour oculta.
Un reportaje multimedia titulado Vacaciones en aguas de nadie muestra cómo Carnival Corporation, Royal Caribbean y Norwegian Cruise Line, las empresas que acaparan el 82 por ciento del mercado de cruceros en el planeta, evaden impuestos, contaminan los mares, no se hacen cargo de los reclamos de sus usuarios, y explotan con total impunidad a sus empleados.
Para colmo de males, ni siquiera controlan adecuadamente el estado de sus buques, que exceden a menudo el límite de antigüedad (“40 por ciento son antiguos”, señala el trabajo).
Basadas en Estados Unidos, las tres, a través de “una compleja estructura operacional en distintos países y paraísos fiscales evitan las garantías laborales estadounidenses, pagan menos impuestos y pueden evadir los estrictos controles medioambientales de Estados Unidos”.
“Esa estructura propicia que si usted es víctima de un accidente o un crimen a bordo el proceso para investigar, reclamar la reparación de daños o llevar a la justicia a los responsables se puede convertir en un calvario”, dice.
Bahamas, Panamá, Bermudas y Malta, cuatro de los más recurridos paraísos fiscales por las empresas evasoras de los más diversos sectores, son los sitios en que están matriculados el 70 por ciento de los 266 barcos de este tipo examinados por la investigación, sobre 411 que circulan actualmente por los mares del planeta.
Tan flexibles son las normas que rigen en esas naciones en todos los dominios, que las constantes “malas prácticas” (laborales, medio ambientales) en que incurren las empresas navieras que manejan los cruceros casi nunca tienen sanción.
Sólo la tienen cuando son cometidas en puertos estadounidenses o cuando conciernen a ciudadanos estadounidenses, al tener esas empresas su base en Estados Unidos.
Pero cuando los delitos que cometen tienen lugar en puertos o aguas de otros países, o cuando algún robo, agresión, homicidio ocurre a bordo de uno de los buques ilícitos y no concierne a ciudadanos no estadounidenses, conseguir que se haga justicia es toda una odisea.
Para colmo de males, ni siquiera controlan adecuadamente el estado de sus buques, que exceden a menudo el límite de antigüedad (“40 por ciento son antiguos”, señala el trabajo).
Basadas en Estados Unidos, las tres, a través de “una compleja estructura operacional en distintos países y paraísos fiscales evitan las garantías laborales estadounidenses, pagan menos impuestos y pueden evadir los estrictos controles medioambientales de Estados Unidos”.
“Esa estructura propicia que si usted es víctima de un accidente o un crimen a bordo el proceso para investigar, reclamar la reparación de daños o llevar a la justicia a los responsables se puede convertir en un calvario”, dice.
Bahamas, Panamá, Bermudas y Malta, cuatro de los más recurridos paraísos fiscales por las empresas evasoras de los más diversos sectores, son los sitios en que están matriculados el 70 por ciento de los 266 barcos de este tipo examinados por la investigación, sobre 411 que circulan actualmente por los mares del planeta.
Tan flexibles son las normas que rigen en esas naciones en todos los dominios, que las constantes “malas prácticas” (laborales, medio ambientales) en que incurren las empresas navieras que manejan los cruceros casi nunca tienen sanción.
Sólo la tienen cuando son cometidas en puertos estadounidenses o cuando conciernen a ciudadanos estadounidenses, al tener esas empresas su base en Estados Unidos.
Pero cuando los delitos que cometen tienen lugar en puertos o aguas de otros países, o cuando algún robo, agresión, homicidio ocurre a bordo de uno de los buques ilícitos y no concierne a ciudadanos no estadounidenses, conseguir que se haga justicia es toda una odisea.
Trabajadores y trabajadoras
Sumergidos en aguas de nadie
Lo mismo -o peor- sucede respecto a las condiciones de trabajo impuestas a los miles de empleados de los buques, casi todos originarios de países del Tercer Mundo.
Las leyes laborales que los rigen no son las estadounidenses, que además están lejos de ser una panacea, sino las del país de bandera del buque.
Por lo general, los contratos son de corta duración (hasta nueve meses) y altísima dedicación (70 horas semanales, en promedio), sin días libres ni vacaciones pagas.
Y ojo si reclaman: “generalmente sus contratos determinan que los litigios no se resolverán ante una corte sino ante un panel de arbitraje sufragado por la propia compañía de cruceros”.
El trabajo cita el caso del Thomson Celebration, un barco con capacidad para más de 1.200 pasajeros perteneciente a Carnival construido en Francia en 1984.
“El navío actualmente está inscrito en Malta, una isla del Mediterráneo que no tiene límites de edad para registrar barcos comerciales de pasajeros. El dueño registral del bote –HAL Antillen NV– está registrado en Curazao, y la corporación detrás de esta, Carnival, tiene su domicilio en Panamá, aunque opera desde Estados Unidos”.
Una docena de pasajeros ingleses -no de algún ignoto país pobre, ingleses- que sufrieron enfermedades gástricas y respiratorias en un viaje en ese barco en 2014 y lo denunciaron estaban, en marzo de 2016, dando aún vueltas por remotos estrados judiciales para obtener alguna indemnización.
Los periodistas autores de la investigación –Ronny Rojas, Alejandra Vergas, Damiá Bonmatí, Patricia Clarembeaux y Maye Primera– pidieron entrevistas a los responsables de las empresas y apenas si lograron ser recibidos por dos altos funcionarios durante muy poco tiempo.
El reportaje fue exhibido por el canal Univisión, elaborado a partir de datos recogidos por estudiantes de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia y es accesible en esta dirección electrónica.
Las leyes laborales que los rigen no son las estadounidenses, que además están lejos de ser una panacea, sino las del país de bandera del buque.
Por lo general, los contratos son de corta duración (hasta nueve meses) y altísima dedicación (70 horas semanales, en promedio), sin días libres ni vacaciones pagas.
Y ojo si reclaman: “generalmente sus contratos determinan que los litigios no se resolverán ante una corte sino ante un panel de arbitraje sufragado por la propia compañía de cruceros”.
El trabajo cita el caso del Thomson Celebration, un barco con capacidad para más de 1.200 pasajeros perteneciente a Carnival construido en Francia en 1984.
“El navío actualmente está inscrito en Malta, una isla del Mediterráneo que no tiene límites de edad para registrar barcos comerciales de pasajeros. El dueño registral del bote –HAL Antillen NV– está registrado en Curazao, y la corporación detrás de esta, Carnival, tiene su domicilio en Panamá, aunque opera desde Estados Unidos”.
Una docena de pasajeros ingleses -no de algún ignoto país pobre, ingleses- que sufrieron enfermedades gástricas y respiratorias en un viaje en ese barco en 2014 y lo denunciaron estaban, en marzo de 2016, dando aún vueltas por remotos estrados judiciales para obtener alguna indemnización.
Los periodistas autores de la investigación –Ronny Rojas, Alejandra Vergas, Damiá Bonmatí, Patricia Clarembeaux y Maye Primera– pidieron entrevistas a los responsables de las empresas y apenas si lograron ser recibidos por dos altos funcionarios durante muy poco tiempo.
El reportaje fue exhibido por el canal Univisión, elaborado a partir de datos recogidos por estudiantes de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia y es accesible en esta dirección electrónica.