Brasil feroz

-¿Ya habías vivido una situación como la que atraviesa hoy Brasil?
-No. Tengo 46 años, así que apenas tenía noción de algo a finales de la última dictadura. La coyuntura que estamos viviendo hoy, este retroceso de derechos en todas las áreas, salud, educación, para mí es novedosa.

La velocidad con que la joven Constitución brasileña viene siendo desmantelada da miedo.

En la Constitución de 1988 se consagraron derechos laborales fundamentales y en menos de 30 años ya están siendo dinamitados. Imagínate cuando se trata de derechos de los pueblos y comunidades originarias, ahí la situación es tremenda.

-¿Por qué la población está tan ausente?
-Creo que es el estupor de tantos golpes juntos. Es tal el vértigo con el que el Congreso Nacional y sus aliados vienen golpeando, con reformas y medidas que favorecen los intereses del capital, que la gente está como aletargada, no se da cuenta de todo lo que va a perder.

Existe la posibilidad de que los brasileños y brasileñas no puedan jubilarse, que no tengan un acceso mínimo a la salud y a la educación, que se recorte el sistema público de educación universitaria. Y no hay una reacción.

El combate se trasladó a las redes sociales y ahí se quedó, en el espacio virtual. Eso es extremadamente angustiante.

-La situación de los pueblos indígenas en Brasil arrastra la violación de derechos humanos, masacres, la implicancia de la clase política. ¿Y en este nuevo escenario?
-Tiende a profundizarse. Los pueblos originarios ya veníamos sufriendo una fuerte presión de los sectores vinculados al agronegocio, que no respetaban la demarcación de tierras e invadían de forma muy violenta sus territorios.

En Mato Grosso do Sul, los guaraní y los terena fueron brutalmente atacados al intentar retomar sus tierras. Solo en 2016 hubo más de 30 ataques violentos contra campamentos indígenas.

Esto se produce porque el gobierno firmó acuerdos con la bancada ruralista, entre ellos uno que establece un marco temporal según el cual  los pueblos indígenas sólo tendrían derecho a las tierras que estaban bajo su posesión el 5 de octubre de 1988, fecha en que fue promulgada la Constitución.

El 16 de agosto irán a juicio en el Supremo Tribunal Federal tres territorios indígenas y eso puede sentar un precedente muy peligroso. Todo esto ha propiciado un clima de enfrentamientos y un nivel de violencia desproporcionado hacia las comunidades indígenas.

Este año un ataque al pueblo gamela en Maranhão mostró una saña fuera de lo común. Hubo indígenas a los que les cortaron las manos, decenas de heridos con machetes y a balazos, algo que  remite a los relatos de Fray Bartolomé de las Casas en el Ataque de losbandeirantes.

La violencia toma varias formas. Está la ejercida por sicarios, y está la otra, impartida por gente incentivada a atacar a los pueblos indígenas, como sucedió en Maranhão.

Luego está la violencia originada en el sistema político, que se traduce en este desmantelamiento de derechos, que sin dudas agudizará los ataques y la impunidad.

El marco temporal que proponen tanto el Ejecutivo como el Legislativo es un absurdo inconstitucional: deja afuera a todas aquellas comunidades que no ocupaban sus tierras hasta esa fecha, cuando en realidad habían sido expulsadas y con la misma violencia con la que son atacadas hoy día.

En Rondonia se están produciendo ataques sistemáticos a trabajadores rurales, campesinos, líderes sindicales, líderes indígenas para echarlos de los territorios ya demarcados y volver a lotear esos terrenos.

Y todo en las narices de la justicia, del gobierno y de la Fundación del Indio (Funai), que también está siendo desmantelada.

En el Cimi tenemos un grupo que trabaja con indígenas aislados, alrededor de un centenar. Desde que asumió este gobierno toda esa estructura se ha visto afectada y se ha quitado la protección a las comunidades indígenas para que el agronegocio pueda expandirse libremente.

-¿Crees que la sociedad brasileña es consciente de esta vulnerabilidad de los pueblos originarios?
-Por un lado creo que se ha ampliado la sensibilidad popular ante la causa indígena. Colectivos de artistas y organizaciones de la sociedad civil se han mostrado a favor de la protección de los pueblos nativos.

Pero en las zonas en que hay conflicto por la tierra se da un fenómeno de criminalización de los líderes indígenas, con el apoyo de los medios masivos de comunicación, que perpetúan el discurso anti-indígena y vinculan a los pueblos originarios con la idea de “atraso”, como es el caso de la TV Bandeirantes.

Todo esto genera una animosidad contra los indígenas y una violencia desmedida.

-Para el agronegocio, selvas e indígenas son un estorbo…
-Sí, se trata de lo que he dado en llamar agrocefalia, un neologismo que utilizo para describir la incapacidad de aquellos que están vinculados al agronegocio de profesar cualquier sentimiento noble por la naturaleza o por todo aquello que remita a ella, una suerte de incapacidad genética.

Los intereses de este sector están vinculados a la explotación de los recursos naturales, el agua, los suelos, solo el lucro interesa y de ahí la aversión hacia los indígenas y los quilombolas.

Por otra parte, se está dando una nueva y fuerte articulación entre los pueblos originarios que nos da la señal de que podremos resistir.

Desde 2012 hay una intensificación de la protesta por los derechos donde participan los propios indígenas, que vienen a Brasilia a manifestarse.

-¿Esto también ha propiciado que se intensifique la represión?
-Sí, sobre todo aquí en Brasilia. En la 14 edición del Movimiento Tierra Libre, que reunió a más de 4.000 indígenas en una manifestación simbólica frente al Congreso, la represión fue brutal.

También se impidió a la gente el ingreso a las barras para acompañar la votación de la PEC 215, que afecta a los pueblos indígenas. Eso cuando todavía estaba Eduardo Cunha al frente de la Cámara de Diputados.

Hay un círculo de violencia: acción del agronegocio, reacción de los pueblos indígenas y contra reacción de las fuerzas públicas.

-El Cimi nortea su lucha en líneas de acción defendiendo a los pueblos, territorios y biomas ante la destrucción sin límites del capitalismo…
-Sí, porque el precepto fundamental para el capital es que todo aquello que pueda transformarse en lucro se lo hará a cualquier precio.

El agua es un recurso natural fundamental para las poblaciones indígenas y el capital lo que ve es un recurso hidroeléctrico o un potencial de riego para los monocultivos. Poco le importa el valor espiritual y sagrado que los ríos tienen para las comunidades.

Por otro lado, hay un profundo distanciamiento de las poblaciones urbanas con la realidad de donde provienen los recursos naturales como el agua.

Existe una gran desconexión con la naturaleza, aunque mucha gente quiera vivir en chacras, lejos de las ciudades.

Esta desconexión interfiere negativamente en la lectura que se puede hacer de la explotación de los recursos naturales y eso es lo que organizaciones como el Cimi queremos combatir.

En Brasilia, a comienzos de este año, ya había escasez hídrica. Si será importante preservar los conocimientos indígenas y el respeto por el ambiente y los recursos.

El agronegocio se ha expandido de tal forma que ya está habiendo una crisis hídrica como causa de ese drenaje indiscriminado para el riego de los monocultivos.

-Y en vez de aprender a vivir con la naturaleza, se la destruye…
-Sí. Los que tenemos el privilegio de compartir la vida con las comunidades indígenas todavía podemos darnos cuenta de que se puede vivir con sencillez, pero la mayoría de la humanidad va entrando en la lógica del capitalismo, que te lleva a pensar que necesitas un celular o un auto nuevo por año.

En las aldeas indígenas existe otra dinámica, una simplicidad cotidiana que permite la interrelación con la naturaleza y también con los avances sociales, pero sin la torpeza de las grandes urbes.

-Saben que cuentan con la Rel-UITA en esta lucha.
-Sí, y valoramos enormemente lo que significa esta alianza porque necesitamos integrarnos más a nivel regional. La Rel-UITA es nuestro enlace primordial con la Patria Grande.