Abandono y represión en el Valle del Aguán

En ese caminar hacia que se cumplan los acuerdos firmados con Porfirio Lobo por la recuperación de 20.000 hectáreas de tierra campesina, la represión ha aumentado y ha ido cambiando sus dinámicas.

Al inicio era solo difamación mediática. Nos tildaron de guerrilleros, terroristas, etcétera y luego pasaron a realizar desalojos violentos, que tuvieron un fuerte impacto en la población.

Ya entre 2010 y 2012 comenzaron los asesinatos y los encarcelamientos y desde entonces y se cuentan por decenas los compañeros y compañeras ultimados en estos actos de extrema violencia.

El último compañero asesinado fue el presidente del Movimiento Unificado Campesinos del Aguán (MUCA) José Ángel Flores, en octubre de 2016, junto a Silmer Dionisio George, un compañero muy comprometido con nuestra lucha.

Antes de estas muertes, en una localidad llamada Panamá fueron asesinados los trabajadores Gregorio Chávez y Antonio López Lara. Al realizar la exhumación de sus cuerpos se encontró en la Finca Paso Aguán un verdadero cementerio clandestino.

La lista sigue: en junio de 2016 fueron asesinados dos jóvenes militantes sociales coordinadores de un grupo de campesinos, ante la mirada de unas 50 personas en un campo de fútbol, como forma de lograr un mayor impacto psicológico en la comunidad.

A cara descubierta el sicario mató a estos jóvenes y se dirigió lentamente hacia el predio de la Finca de la Corporación Dinant, donde se encuentra un destacamento militar, sembrando el terror.

Lo mismo que se hacía en Guatemala o en Colombia: una modalidad de tierra arrasada, implementada por grupos paramilitares, sobre todo en el asesinato de José Ángel.

En el Aguán existe una Unidad de Muertes Violentas que se dedica a investigar estos crímenes con el asesoramiento de la embajada de Estados Unidos pero hasta el momento no ha demostrado ser efectiva.

En el caso de los jóvenes asesinados en junio, la Unidad sólo procedió a la autopsia cinco meses después, cuando decidió exhumar los cuerpos.

Creo que se trata de medidas que buscan que el paso del tiempo borre evidencias y haya menos elementos para castigar al culpable, que todos conocen y que todavía circula libremente en la comunidad.

Al compañero José Ángel lo asesinaron cuando los trabajadores estaban movilizados en torno a una propuesta muy sólida para la readecuación de la deuda y de exigencia  del cumplimiento de los acuerdos.

Fue en el asentamiento La Confianza, después de una asamblea, durante una reunión en la que participaban unos 40 compañeros y directivos. Aparecieron cuatro tipos armados vestidos de militares y abrieron fuego contra el grupo en el que estaban José Ángel y Silmer.

Fue una operación paramilitar que se valió de infiltrados en nuestro movimiento campesino para orquestar actos de terror, obedeciendo a la lógica del gobierno y del terrateniente.

Esto nos ha tenido a unos ocho compañeros fuera de la zona desde el 18 de octubre de 2016.

Algunos han optado por salir del país debido a la situación de vulnerabilidad en la que nos encontramos quienes exigimos nada más que justicia.

Nos hemos convertido en blancos de estos asesinos. Las autoridades tienen pleno conocimiento de quiénes son pero no hace nada.

Entre la Policía, la Unidad de Muertes Violentas, la ATIC* y las Fuerzas Armadas se pasan la pelota y ninguna ofrece una verdadera solución a este tema.

Están jugando con la justicia: dicen que no han podido ubicar a los asesinos.

Lo grave y preocupante es la relación de estos criminales con el poder. Toda la comunidad sabe que los asesinos permanecen en la zona, los hemos avistado varias veces.

Otro hecho: el 19 de enero pasado, un compañero que se dirigía en su auto a la asamblea en que se iba a elegir a la Junta Directiva del MUCA fue perseguido durante casi una hora, con la evidente intención de intimidarlo por los mismos paramilitares que ultimaron a Flores.

Por todo lo anterior se desprende que este es un grupo paramilitar sólido y que goza de la protección de los altos mandos militares. De ahí la impunidad con la que se maneja.

Nuestra lucha también se ha dado en el ámbito legal. Sucedió lo mismo en su momento con el Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán (MARCA). El 29 de julio de 2012 el abogado Antonio Trejos logró judicialmente que a los campesinos de ese movimiento se les reconociera la posesión de sus tierras.

Sin embargo, ese fallo fue desconocido y se inició un proceso de desalojo.

En una manifestación de protesta, en agosto de 2012, terminaron por enviarnos a prisión. Yo estuve entre los detenidos, junto a otros 25 compañeros y Trejos.

Luego nos dieron medidas sustitutivas, pero apenas un mes después, el 22 de setiembre, asesinaron al abogado.

En septiembre de 2013 se desalojó a los compañeros de la cooperativa San Isidro, una de las tierras que legalmente había ganado Trejos, y el 21 de mayo de 2014 a los de La Trinidad y La Despertar.

Jaime Cabrera, coordinador de la Plataforma Agraria Regional del Aguán, no pudo venir a esta reunión por temor a ser capturado pues todavía pende sobre él un ilegal pedido de captura por usurpación de tierras, aunque fue exculpado en otro caso.

A pesar de que la CIDH y la ONU han conminado al gobierno de Honduras a investigar las causas que dieron origen a las violaciones de los derechos humanos, nos vemos enfrentados a los grupos paramilitares y a la criminalización de compañeros clave para nuestro movimiento de parte del Ministerio Público.

Hemos solicitado al Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos la creación de una comisión que investigue los casos de violencia en el Bajo Aguán, pero no hemos recibido ninguna respuesta.