02
Agosto
2017
Anulan normas que consagraban las tercerizaciones
Una victoria de la resistencia sindical
Daniel Gatti
La Centra Única de Trabajadores (CUT) de Colombia celebró como una victoria del movimiento sindical la decisión del Consejo de Estado de anular dos disposiciones de una ley recién aprobada que consagraba las tercerizaciones.
“Ha quedado invalidado este instrumento de precarización laboral aplicado por el gobierno y los empresarios para profundizar las formas indebidas de contratación”, señaló la central en un comunicado.
Desde 2015 la CUT había interpuesto más de 150 demandas ante el Ministerio de Trabajo contra empresas por “intermediación ilegal o pactos colectivos”, una forma de contratación no sólo utilizada por el sector privado sino también por el propio Estado.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) llamó la atención al Estado colombiano en numerosas oportunidades por este tema, según recordó Luis Alejandro Pedraza, presidente de la CUT.
La decisión del Consejo de Estado, que es inapelable, indicó la central, “sustenta la petición del movimiento sindical de formalización de cerca del 50 por ciento de empleados del sector público y privado afectados por estas perversas formas de contratación”.
Colombia es uno de los países con mayor informalidad y desempleo en América Latina. El gobierno de Juan Manuel Santos y los que lo precedieron han hecho la vista gorda, primero, y alentado después, formas de contratación laboral que precarizan el trabajo, disminuyen los ingresos de los trabajadores y las trabajadoras y les niegan derechos.
Esas prácticas se iniciaron a partir de 1990, cuando Colombia ingresó en la “era” de los tratados de libre comercio, que liberalizaron al máximo la legislación laboral.
Una de las formas de precarización más comunes que se instaló de parte de las empresas fue el recurso a un contratista o intermediario, evitando un contrato directo con el trabajador o la trabajadora
En los hechos, esas normas no sólo dejaban en manos del intermediario la fijación de los salarios sino que impedían la organización sindical.
“La tercerización y el uso de diferentes formas de intermediación laboral no son más que instrumentos antidemocráticos para violentar y degradar derechos”, dijo a La Rel en 2015 Arley Bonilla, presidente de la seccional La Virginia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (Sintrainagro).
Desde entonces, nada había cambiado.
Desde 2015 la CUT había interpuesto más de 150 demandas ante el Ministerio de Trabajo contra empresas por “intermediación ilegal o pactos colectivos”, una forma de contratación no sólo utilizada por el sector privado sino también por el propio Estado.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) llamó la atención al Estado colombiano en numerosas oportunidades por este tema, según recordó Luis Alejandro Pedraza, presidente de la CUT.
La decisión del Consejo de Estado, que es inapelable, indicó la central, “sustenta la petición del movimiento sindical de formalización de cerca del 50 por ciento de empleados del sector público y privado afectados por estas perversas formas de contratación”.
Colombia es uno de los países con mayor informalidad y desempleo en América Latina. El gobierno de Juan Manuel Santos y los que lo precedieron han hecho la vista gorda, primero, y alentado después, formas de contratación laboral que precarizan el trabajo, disminuyen los ingresos de los trabajadores y las trabajadoras y les niegan derechos.
Esas prácticas se iniciaron a partir de 1990, cuando Colombia ingresó en la “era” de los tratados de libre comercio, que liberalizaron al máximo la legislación laboral.
Una de las formas de precarización más comunes que se instaló de parte de las empresas fue el recurso a un contratista o intermediario, evitando un contrato directo con el trabajador o la trabajadora
En los hechos, esas normas no sólo dejaban en manos del intermediario la fijación de los salarios sino que impedían la organización sindical.
“La tercerización y el uso de diferentes formas de intermediación laboral no son más que instrumentos antidemocráticos para violentar y degradar derechos”, dijo a La Rel en 2015 Arley Bonilla, presidente de la seccional La Virginia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (Sintrainagro).
Desde entonces, nada había cambiado.