Un gobierno de empresarios para empresarios

Hace algo más de dieciséis meses se producía un cambio en la conducción política del país. Asumía la Presidencia el ingeniero Mauricio Macri, encabezando un partido político relativamente nuevo, sin más experiencia que haber gobernado la ciudad de Buenos Aires.

Si bien resultaba claro que la derecha llegaba al poder, lo novedoso era que no se trataba de “políticos de derecha”, sino de representantes directos del poder económico y financiero, que abandonaban su histórico rol de fuerza dominante en la sombras y asumían abiertamente el gobierno.

La razón, sin lugar a dudas, era la inexistencia de un elenco de políticos capaces e ideológicamente confiables, a los que les pudiera pedir la implementación de un plan económico, que claramente llevaría a tomar medidas de ajuste en perjuicio de la mayoría de la población.

Por primera vez la derecha llega al gobierno mediante elecciones más o menos limpias, pero descartando la intermediación de los políticos.

Aparecen así, ocupando los principales cargos del gobierno nacional, los gerentes de las más importantes empresas nacionales y multinacionales que actúan en el país.

No hay lugar para la duda: el actual es un gobierno de empresarios que, naturalmente, defiende los derechos y los intereses de los empresarios, quienes, en el mejor de los casos, creen en la teoría del “derrame”.

Es decir que, de la mesa del banquete de los poderosos, siempre algo quedará para los de abajo, aun cuando no participen en la negociación de las cargas y beneficios del modelo económico, ni del proceso de distribución de la riqueza.

Si en el sistema capitalista el conflicto social es inevitable, atento a los intereses sectoriales naturalmente en pugna, el abandono por el Estado de su rol de mediador y administrador de ese conflicto, por haber sido copado por los representantes empresarios, determina que la confrontación también aparezca como inevitable.

Por tal motivo el SATIF apoyó el paro nacional del 6 de abril pasado, decretado por la CGT.

Y por esa misma razón la represión parece inevitable, ya que el ajuste estructural intensificará, tarde o temprano, el descontento popular.

No nos referimos exclusivamente a la represión “clásica” contra los piquetes y cortes de calles, tan reclamada por las clases media y alta, sino también al ataque a las organizaciones sindicales y a los movimientos sociales, demonizando a sus dirigentes, interviniéndolas directa o solapadamente, desfinanciándolas, judicializando a opositores políticos o sindicales. Todo ello acompañado convenientemente con un intenso bombardeo mediático.

El gobierno levanta la bandera de la mejora de la “productividad laboral”, que es un eufemismo que los trabajadores conocemos bien y que significa desregulación y flexibilización laboral.

Para decirlo más claro, significa despojo de los derechos de los trabajadores y mayor explotación.

Significa someter a las organizaciones sindicales al chantaje de tener que modificar a la baja sus Convenios Colectivos, para  supuestamente lograr incentivar las inversiones en el sector y la hipotética creación de puestos de trabajo.

Pronto se batirá el parche con la cuestión del “costo laboral argentino”, que en el discurso oficial es el gran obstáculo para el desarrollo económico del país. Con esa excusa se promoverán reformas a la legislación laboral, para eliminar o reducir derechos de los trabajadores.

Paralelamente se pondrá en la agenda política del país el tema de la “democratización de los sindicatos”, aunque el verdadero objetivo sea debilitarlos para que dejen de ser uno de los actores sociales fundamentales, con capacidad para enfrentar estas políticas neoliberales.

Nos preparamos para una ronda de negociaciones paritarias durísimas, en el marco de una notoria pérdida del poder adquisitivo del salario, de una inflación que continúa descontrolada, de la decisión política del gobierno de poner un techo muy bajo a los posibles incrementos salariales, y de un sector patronal que, sintiéndose respaldado por el gobierno, endurece sus posiciones.

Una impresionante maquinaria comunicacional al servicio del gobierno trabaja sin descanso durante las 24 horas creando ficciones que nos vende como realidad.

Construye sentido común y opinión pública, para imponerle a la sociedad su propia representación del mundo, colocando en el terreno de la irracionalidad cualquier divergencia.

Nos hacen mirar la realidad a través de los ojos del poder. Sólo así se puede entender que mucha gente tome como natural y bueno que los gerentes de los grandes grupos económicos y financieros ocupen los principales cargos del Poder Ejecutivo.

No obstante este escenario, se equivoca el gobierno de los gerentes si cree que el pueblo y los trabajadores argentinos serán meros espectadores del atropello a sus derechos.

Somos una sociedad compleja, portadora de una cultura de luchas, con capacidad de organización y de resistencia, y con memoria histórica.