Tiempos de indignación

La corrupción llegó a nuestro continente con la conquista misma. El saqueo, el pillaje, el robo de tierras y riquezas minerales a los aborígenes y dueños de estas tierras establecieron una economía de despojo y se convirtieron en la fuente de acumulación de capital para el floreciente capitalismo europeo.

Los robos perpetrados al Estado de Honduras y a la Corporación Nacional de Inversiones (CONADI) por militares golpistas, algunos empresarios y políticos corruptos en los años setenta y ochenta del siglo pasado, generó una deuda externa  de más de 5.000 millones de dólares que por impagable casi llegó  a paralizar el país.

A esa situación nos llevó el Fondo Monetario Internacional (FMI), al otorgar préstamos a gobiernos golpistas y empresarios que sabían que se los robarían, para después chantajearnos con la impagable deuda externa resultante.

El chantaje consistió en que al gobierno le otorgarían más préstamos y le prolongarían más plazos de pago solo si imponía al pueblo el llamado “programa de ajuste estructural de la economía”.

Como producto de la corrupción de las décadas de los setenta y ochenta surgieron nuevos ricos en la industria, la agricultura y la banca. Miguel Facusse fue uno de ellos.

Se comprobó así que la corrupción es clave para acumular capital y un resorte del poder para la impunidad.

Por ello quienes se han propuesto combatir la corrupción como simple fenómeno que debe ser castigado por  el derecho penal sin tocar o denunciar el sistema capitalista fracasan, pues la corrupción es propia de todas las sociedades divididas en clases, y su combate una forma de la lucha de clases.

De nada sirvió que nos condonaran buena parte de la vieja deuda externa por ser un país pobre altamente endeudado, cuando en el presente siglo la corrupción continúa y uno de sus resultados es el incremento de la impagable deuda externa e interna que ya suma 10.000 millones de dólares.

Hoy la economía hondureña está caracterizada por la implementación más descarnada del modelo neoliberal, que ha traído como consecuencia, entre otros, el incremento de la deuda interna y externa, Tratados de Libre Comercio y un proceso de achicamiento del Estado.

De este proceso han resultado nuevos ricos como los conjuntados en los grupos Terra y Colibrí, la destrucción de la incipiente industrialización del país para fortalecer importadores como DIUNSA, Lady Lee y Mendels, Bultos, entre otros.

Se ha concentrado la tierra en menos manos y promovido, en tierras donde se producían alimentos que hoy importamos, el cultivo de la palma africana y caña de azúcar para la exportación.

Se ha generado más de un millón de desempleados que aumentan cada año convirtiéndolos en migrantes, vendedores ambulantes, delincuentes. En síntesis, el poder del capital ha aumentado y disminuido el del Estado.

Honduras ha rebasado muchos de los indicadores tolerables para una sociedad moderna y respetuosa de los derechos humanos como son criminalidad, narcotráfico, pobreza, indigencia, insalubridad, analfabetismo, desempleo, explotación del hombre por el hombre, concentración de la riqueza y el ingreso.

Vivimos una institucionalidad colapsada y una pérdida casi total de credibilidad, confianza y legitimidad en quienes están al frente de las principales instituciones que componen el Estado.

La corrupción y la impunidad, exacerbadas por el premeditado y criminal saqueo del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) para privatizarlo, sus efectos en la mortalidad de casi 3.000 personas, la desatención integral de miles de sus derecho habientes, son fenómenos intolerables que agudizan la crisis y movilizan a enormes masas de indignados e indignadas exigiendo la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández.

El STIBYS, como parte del pueblo indignado, considera que además de continuar en las calles debemos realizar y apoyar otras acciones, y de ser necesario llegar hasta la paralización del comercio, la banca, la agricultura, la agroindustria, el transporte, la industria, las entidades públicas hasta lograr la urgente instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIH) de Naciones Unidas, y el juicio político a algunas autoridades.

Si el presidente de la república está implicado en actos de corrupción, también debe ser enjuiciado políticamente.