08
Junio
2016
Tabacaleros rechazan ir al Fonasa
Juan Pablo Correa | El País
Mario de Castro | Foto: Gerardo Iglesias
El sindicato pelea por su sistema de atención médica que no le costaba nada al Estado y se niega a ingresar al Fondo Nacional de Salud (Fonasa).
El Sindicato Autónomo Tabacalero rechaza la reciente incorporación de sus afiliados al Sistema Nacional Integrado de Salud. El gremio entiende que al eliminarse el sistema médico con el que contaban desde hace décadas, el Estado afrontará nuevos costos.
Mario de Castro, integrante del gremio, explicó a El País que el sistema con que contaba el sindicato era de larga data y no generaba ningún tipo de costo al Estado ni a los trabajadores que accedían a medicamentos y tratamientos de forma gratuita.
A su juicio, la incorporación de 730 trabajadores y pasivos al sistema "es un capricho" que tendrá un costo para el Estado y que perjudicará a los trabajadores que tendrán una atención "inferior".
El sindicato planteó a la Organización Internacional del Trabajo su rechazo a la medida a la que considera una intromisión indebida del gobierno, ya que la existencia del sistema estaba prevista en el convenio salarial del sector y constituía de hecho parte del salario.
Según de Castro, el sindicato estaba dispuesto a estudiar una solución intermedia para que los trabajadores se hicieran cargo de parte del pago de los costos de su atención, pero esta posibilidad no fue tomada en cuenta por el gobierno.
El anterior gobierno había decidido en 2010 la extensión del sistema hasta enero de 2016. Transcurrido ese plazo se abrió una negociación que no llegó a ningún acuerdo.
El sindicalista insistió en que el costo de la atención corría a cargo de las empresas, y de hecho, luego de que la multinacional Philip Morris cerrara su planta en Uruguay en 2011 y llevara su operación a Argentina, siguió pagando la atención médica de los jubilados.
La modalidad de pago por parte de las empresas tabacaleras de la atención médica se estableció en 1961 y la reinstauración de los Consejos de Salario en 2005 no introdujo ninguna modificación al respecto.
El sindicato ya comenzó acciones legales ante la Justicia y ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT.
En las empresas hasta ahora funcionaban policlínicas con médicos, enfermeras y personal administrativo, y la atención se brindaba en mutualistas de primer nivel, destacó De Castro.
En su opinión, la decisión del gobierno es doblemente inconveniente porque el Fonasa ya es deficitario y continúa incorporando nuevos grupos de la población.
De hecho, la diferencia entre los fondos que ingresaron al sistema el año pasado y las erogaciones que debió enfrentar llegaron a US$ 377 millones.
Este año no se espera que esa cifra caiga. Si bien estaba previsto que esos aportes se incrementaran, el marco de la delicada situación fiscal actual obligó al gobierno a plantear un ajuste que incluye un aumento de impuestos, además de observar con preocupación los niveles a los que está llegando la asistencia financiera al Fonasa.
El año pasado se incorporaron 53.000 jubilados y pensionistas al sistema y en los próximos meses se sumará un último grupo de 89.000 pasivos, lo que le demandará al Estado invertir US$100 millones.
Si bien el gobierno dejó claro al anunciar el ajuste que no afectará los planes sociales ni los gastos en salud, en el Ejecutivo hay quienes consideran que se debería procurar generar mecanismos que disminuyan un peso tan importante sobre las finanzas del Estado. Se entiende que hay trabajadores que realizan aportes que están por debajo de su costo de atención en las mutualistas.
Mario de Castro, integrante del gremio, explicó a El País que el sistema con que contaba el sindicato era de larga data y no generaba ningún tipo de costo al Estado ni a los trabajadores que accedían a medicamentos y tratamientos de forma gratuita.
A su juicio, la incorporación de 730 trabajadores y pasivos al sistema "es un capricho" que tendrá un costo para el Estado y que perjudicará a los trabajadores que tendrán una atención "inferior".
El sindicato planteó a la Organización Internacional del Trabajo su rechazo a la medida a la que considera una intromisión indebida del gobierno, ya que la existencia del sistema estaba prevista en el convenio salarial del sector y constituía de hecho parte del salario.
Según de Castro, el sindicato estaba dispuesto a estudiar una solución intermedia para que los trabajadores se hicieran cargo de parte del pago de los costos de su atención, pero esta posibilidad no fue tomada en cuenta por el gobierno.
El anterior gobierno había decidido en 2010 la extensión del sistema hasta enero de 2016. Transcurrido ese plazo se abrió una negociación que no llegó a ningún acuerdo.
El sindicalista insistió en que el costo de la atención corría a cargo de las empresas, y de hecho, luego de que la multinacional Philip Morris cerrara su planta en Uruguay en 2011 y llevara su operación a Argentina, siguió pagando la atención médica de los jubilados.
La modalidad de pago por parte de las empresas tabacaleras de la atención médica se estableció en 1961 y la reinstauración de los Consejos de Salario en 2005 no introdujo ninguna modificación al respecto.
El sindicato ya comenzó acciones legales ante la Justicia y ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT.
En las empresas hasta ahora funcionaban policlínicas con médicos, enfermeras y personal administrativo, y la atención se brindaba en mutualistas de primer nivel, destacó De Castro.
En su opinión, la decisión del gobierno es doblemente inconveniente porque el Fonasa ya es deficitario y continúa incorporando nuevos grupos de la población.
De hecho, la diferencia entre los fondos que ingresaron al sistema el año pasado y las erogaciones que debió enfrentar llegaron a US$ 377 millones.
Este año no se espera que esa cifra caiga. Si bien estaba previsto que esos aportes se incrementaran, el marco de la delicada situación fiscal actual obligó al gobierno a plantear un ajuste que incluye un aumento de impuestos, además de observar con preocupación los niveles a los que está llegando la asistencia financiera al Fonasa.
El año pasado se incorporaron 53.000 jubilados y pensionistas al sistema y en los próximos meses se sumará un último grupo de 89.000 pasivos, lo que le demandará al Estado invertir US$100 millones.
Si bien el gobierno dejó claro al anunciar el ajuste que no afectará los planes sociales ni los gastos en salud, en el Ejecutivo hay quienes consideran que se debería procurar generar mecanismos que disminuyan un peso tan importante sobre las finanzas del Estado. Se entiende que hay trabajadores que realizan aportes que están por debajo de su costo de atención en las mutualistas.
Más gasto para el Estado
Para Mario de Castro, del Sindicato Autónomo de Tabacaleros, es una "contradicción" que se pretenda incorporar más trabajadores en un momento en que el Estado debe afrontar un gasto creciente en el Fonasa.
El gobierno quiere bajar con aumento de impuestos y reducción de gasto un déficit público que llega al 3,6 por ciento del Producto Interno Bruto.
Licencias bajo la lupa
En el gobierno la gran preocupación se extiende a lo que el Banco de Previsión Social (BPS) está gastando por concepto de licencias médicas.
Y como parte de su intento por bajar el déficit fiscal y con la sospecha de que algo no funciona bien, el gobierno anunció la semana pasada que creará un grupo de trabajo para estudiar la situación.
Es que en 2015, el BPS pagó US$ 203,5 millones por este concepto, nada menos que 36,5 por ciento más que en 2014. Y la cifra de 2014 a su vez representó un salto del 20 por ciento con respecto a 2013.
En el gobierno se entiende que en muchos casos lo que ocurre es que el control es insuficiente.
La Justicia Penal investiga a un médico que emitía certificados falsos por los que cobraba 300 pesos uruguayos (10 dólares) a personas sanas para que accedieran a una licencia médica.
El BPS incorporará un software que le permitirá detectar a los médicos que más certificaciones dan.
También reforzó el personal de la gerencia que se encarga de certificaciones y peritajes, y contrató a 10 médicos certificadores para Montevideo y otros tantos para que se desempeñen en el interior del país.
En las empresas hasta ahora funcionaban policlínicas con médicos, enfermeras y personal administrativo, y la atención se brindaba en mutualistas de primer nivel, destacó De Castro.
En su opinión, la decisión del gobierno es doblemente inconveniente porque el Fonasa ya es deficitario y continúa incorporando nuevos grupos de la población.
De hecho, la diferencia entre los fondos que ingresaron al sistema el año pasado y las erogaciones que debió enfrentar llegaron a US$ 377 millones.