Los impactos en la agricultura familiar

Los trabajadores y trabajadoras rurales tuvieron la primera mala noticia el día que Temer asumió. 

El 12 de mayo de 2016, una de sus primeras medidas como presidente fue liquidar el Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA), el Ministerio de Previsión Social, las secretarías de Políticas para las Mujeres, la Juventud y los Derechos Humanos, y sólo nombró a hombres para conformar su gabinete. Desde la dictadura militar, este fue el primer gobierno sin mujeres.

“Es un gobierno machista que paralizó todas las políticas conquistadas por las mujeres a lo largo de los últimos años. El escenario es desafiante para las mujeres, principalmente para las trabajadoras rurales, pero vamos a continuar luchando por la igualdad y la autonomía” destaca la secretaria de la Mujer de CONTAG, Mazé Morais.

Y los retrocesos no pararon ahí. En el primer mes del gobierno ilegítimo de Temer, el programa Mi Casa Mi Vida sufrió recortes presupuestarios. El Fies, el Prouni y el Pronatec* fueron suspendidos; y 40.000 agricultores y agricultoras familiares fueron excluidos del Programa de Adquisición de Alimentos (PAA).

A lo largo del tiempo, el Consejo Nacional de Educación fue desmantelado; y las reformas comenzaron a tomar fuerza en el núcleo del gobierno.

La primera propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) aprobada tuvo lugar en 2016, la llamada PEC del fin del mundo, que congela por 20 años las inversiones en políticas sociales, principalmente en educación y salud. 

Para la CONTAG, esa medida representa el regreso al “Estado mínimo”, una situación agravada con la decisión de no destinar los recursos de las reservas de petróleo (Pre-Sal) para las políticas de salud y educación. 

Y así el gobierno viene intentando golpear una y otra vez a la clase obrera, teniendo como gran aliado el Congreso Nacional. La aprobación de la ley sobre tercerizaciones fue un ejemplo de que el capital es la prioridad para este gobierno, y no su pueblo. 

Las reformas laborales y de la previsión social también representan un gran riesgo para los trabajadores y trabajadoras brasileñas, pues sólo benefician a los empleadores y a los planes de previsión social privada.

“Este es el gobierno del capital y del latifundio. Tenemos un gran desafío de frenar esas reformas, pues ninguna de ellas apunta al bienestar de la población brasileña. Sólo se centran en el lucro, en el beneficio del mercado financiero, de los grandes empresarios y de las élites”, dijo el presidente de la CONTAG, Aristides Santos.

“La agricultura familiar necesita condiciones para permanecer en el campo y producir los alimentos que llegan a la mesa de los brasileños y brasileñas”.

Con el cierre del MDA, muchas políticas y programas, que fueron conquistados a partir de arduas luchas de los trabajadores rurales a lo largo de las últimas décadas, terminaron anulados o perdieron fuerza por los recortes presupuestarios. 

Las políticas agrarias como la adquisición de inmuebles rurales, créditos para la compra de tierras y regularización agraria en la Amazonia, por ejemplo, no fueron ejecutadas en el último año, según datos del Ministerio de Hacienda.

La asistencia técnica para la reforma agraria tuvo una asignación inicial de 108 millones de reales (32 millones de dólares), pero sólo el 4 por ciento de su presupuesto fue ejecutado.

La Defensoría Agraria Nacional, que funcionaba de forma independiente y con estructura propia, fue cerrada y se creó una defensoría vinculada al gabinete de la presidencia del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra), que carece de autonomía.

Se registraron 61 asesinatos de trabajadores y trabajadoras rurales y líderes comunitarios, un aumento del 22 por ciento con respecto al año anterior.

Según datos de la Comisión Pastoral de la Tierra, en 2016 se registraron 1.536 conflictos por tierra, agua y trabajo en el campo, el número más alto de los últimos diez años y un 26 por ciento superior al registrado en 2015. 

Se registraron 61 asesinatos de trabajadores y trabajadoras rurales y líderes comunitarios, un aumento del 22 por ciento con respecto al año anterior. 

Y en 2017 las cifras ya son terribles: hubo nueve muertes en la masacre de Colniza en Mato Grosso, dos en Pará, tres en Rondonia, y una en Minas Gerais, sin contar las atrocidades cometidas contra los indios de la etnia Gamela. 

Y la tendencia es que los conflictos empeoren con la aprobación de la medida provisional 759, que trata sobre la regularización agraria, incorporando la liberación de la venta de tierras brasileñas al capital nacional y extranjero.

En las políticas agrícolas la situación no es diferente. La Agencia Nacional de Asistencia Técnica y Extensión Rural (Anater) no se hizo efectiva y el presupuesto para la ATER** sufrió un recorte drástico. 

En 2016 se ejecutaron 285 millones de reales (85 millones de dólares) y para 2017 se presupuestaron 237 millones (70 millones de dólares), pero se prevé un recorte del 46 por ciento.

Otro programa que también sufrió grandes recortes fue el PAA, que pasó de 300 millones de reales (91,5 millones de dólares) el año pasado a 120 millones (36,5 millones de dólares) en 2017.

El medio rural también está siendo afectado, con el desmantelamiento del Sistema Único de Salud, el cierre de 400 unidades de la Farmacia Popular, la no implementación del Plan Nacional de Juventud y Sucesión Rural, la paralización de las políticas contra la violencia de género, el aumento de 30 por ciento de la deforestación en la Amazonía y la reducción de las áreas de unidades de conservación y el fin de los espacios de control social.

Es por estos y otros motivos es que la CONTAG, las federaciones y sindicatos continuarán movilizados para luchar por el mantenimiento de los derechos de toda clase obrera.