La insuficiencia renal crónica de Costa Rica

-Dentro de las calamidades en este país está el caso de la IRC. ¿Cómo sigue este tema?
-En el sector de la caña de azúcar es donde más se manifiesta esta patología y donde más le hemos dado seguimiento.

Durante 10 años veíamos que la gente se nos moría muy joven, entonces comenzamos a investigar qué podría estar causando esa insuficiencia renal crónica que llevaba a la muerte prematura de los trabajadores.

¿Serían los agrotóxicos? Veíamos en los pueblos de las cercanías de los cultivos que la gente enfermaba de tal manera que no podía volver a trabajar, pues cuando la IRC llegaba a grado 3 ya no pueden hacer nada, no pueden caminar, asolear, nada.

Sin embargo, así enfermos como estaban, los veíamos salir a trabajar a hacer alguna changa, sin ningún tipo de pensión o indemnización por enfermedad.

Hicimos varias actividades con técnicos y expertos tratando de entender qué era esto y luego llegó la lucha para catalogar a la IRC como enfermedad profesional.

Aunque todavía no estaba claro el origen, sabíamos que se daba en la caña pero también en la piña y con menos intensidad en la palma y el banano porque hay más sombra.

Hasta donde nosotros sabíamos, la IRC es una enfermedad policausal, no se da solo por el calor del trabajo bajo el sol sino también por el uso de pesticidas, plaguicidas, insecticidas.

Durante esa década llegamos a hacer una tabla para explicar a los trabajadores que se cuidaran de esos factores. Si tiene una IRC grado 1 va por los tobillos, si tiene grado 2 va por el ombligo, si tiene grado 3 va por el pecho, si es grado 4 va por el cuello, y ya váyase despidiendo de su familia. Así de dramática y cruel es la cosa.

Logramos que se modificara un reglamento sobre el estrés térmico pero ahora ocurre otra situación: muchísima gente fue afectada durante las últimas dos décadas y ya no consigue trabajo porque ahora, antes de tomar personal para los cultivos, les hacen un examen para saber si tienen IRC.

Lo hacen inclusive las empresas subcontratistas y si tienen aunque sea grado 1 no los contratan.

Antes los contrataban hasta con el grado 4 de la enfermedad cuando se caían por los cañaverales.

Todavía en Costa Rica, la IRC no es considerada una enfermedad profesional. En una reunión que mantuvimos con la OIT y el Consejo de Salud Ocupacional, se planteó un cambio en la reglamentación interna de enfermedades del trabajo para que el Estado reconociera a la IRC como enfermedad vinculada al trabajo en la agricultura.

Un trabajador de la caña de azúcar llega a soportar temperaturas de hasta 45º C porque van quemando el cañal y detrás van cortando, ese es el sistema que se usa todavía en nuestro país. Un sistema que daña al ambiente, a la tierra y sobre todo -e irreversiblemente- al trabajador.

Esta es una enfermedad muy cruel y silenciosa, es terrible ver que gente tan joven no sabe qué tiene y cuando se da cuenta ya es tarde.

-¿Cuáles son los principales síntomas de la IRC?
-La sintomatología comienza por una debilidad generalizada, cansancio y fatiga extremos, pero, como los portadores de la IRC se esfuerzan por seguir trabajando provocan enfermedades colaterales como la hipertensión.

Cuando van al médico, primero lo hacen con los profesionales que trabajan para las empresas, gente joven generalmente manipulada por los empleadores y que no dan con el diagnóstico correcto y para cuando llegan a una clínica del seguro social, la enfermedad ha avanzado irremediablemente.

-¿Qué tratamiento se utiliza?
-Generalmente en etapas avanzadas se hacen tratamientos paliativos, es decir no se cura, la otra posibilidad es el trasplante de riñones pero las dos son alternativas muy difíciles.

-¿Se tienen datos estadísticos sobre la IRC?
-Cuando logramos entender de qué se trataba empezamos a documentar todos los casos y eso es lo que tenemos: una documentación. Filmamos y entrevistamos a todos los trabajadores y trabajadoras enfermos, muchos de ellos ya muertos.

Documentamos cómo ellos enfrentaron la enfermedad y el impacto que tuvo en la comunidad. El último caso es el de Fredy, un hombre de 40 años que había empezado a trabajar en el Ingenio Taoga a los 16, de 1,95 metros, un hombre fuerte y sano. Tiene IRC grado 4 y la empresa lo despide por esa razón.

El sindicato lo asesora y defiende pero no hay forma. Presentamos una demanda judicial hace 2 años y el juzgado tardó seis meses para notificar a la empresa que está en la misma comunidad. Hace un mes fui a hablar con la jueza para que nos ayudara a que la demanda avanzara porque si eso se tarda Fredy no va a ver el resultado de este juicio.

No existen protocolos administrativos para tratar estos casos. Es lo mismo que estar en el corredor de la muerte. Fredy no tendrá acceso a un trasplante de riñón, al menos no aquí, y no tiene recursos para costear una operación de ese tipo en otro lugar.

Y cuando va a dializarse comienza el calvario, porque para que lo atiendan en el seguro social, debe trasladarse cuatro horas en bicicleta bajo un acuciante calor. Vuelve completamente destruido. No tiene de qué vivir, apenas cuenta con lo que puede ofrecerle el sindicato, pequeñas ayudas, comida y algo más porque no es un sindicato con grandes recursos, y con la ayuda de sus vecinos.

No hay un mecanismo institucional capaz de responder a su pensión por incapacidad, algo terrible.

-¿Cómo se dieron cuenta de que la IRC estaba vinculada a la actividad laboral?
-Nuestro sindicato fue pionero en esto. Ni siquiera había surgido el tema de la IRC en Nicaragua, cuando, en 1998, nos dimos cuenta que había mucha gente enferma y se nos ocurrió hacer exámenes preventivos a los trabajadores.

Fuimos al hospital de Punta Arenas y ahí encontramos receptividad. El director del hospital envió un equipo de 30 médicos y comenzamos a conocer esta enfermedad. Ahí comenzó el control preventivo. A iniciativa del sindicato, no de la seguridad social ni de las autoridades sanitarias.

El problema en la piña es que la mayoría de los trabajadores son migrantes que luego vuelven a su país de origen, en este caso Nicaragua, y no se registran aquí.

-¿A qué se debe tanta insensibilidad del Estado ante este problema?
-A que el Estado está absolutamente cooptado por las transnacionales y las cámaras empresariales financian el movimiento solidarista.

El Estado convirtió a los sindicatos amarillos en organizaciones con rango constitucional, tienen la misma validez que un sindicato de clase. Todo por presión de las cámaras empresariales.

El tema de la salud de los trabajadores y las trabajadoras no es tema ni para el Estado, ni para los sindicatos. El Estado social de derecho ha caído en nuestro país e irónicamente le atribuyen a los trabajadores migrantes la caída de los servicios de la seguridad social, algo completamente injusto.

-¿Se ha pensado en realizar alguna acción o denuncia a nivel internacional?
-Sí, pero nunca tuvimos las condiciones para llevarlo adelante. No teníamos los mecanismos probatorios que ahora sí tenemos.

Recientemente tuvimos contacto con el Consejo de Salud Ocupacional para coordinar el trabajo y las investigaciones, comenzando con un proceso de diálogo para poder declarar a la IRC como enfermedad profesional.

Si esto fracasa ahí recurriremos a la denuncia internacional.