14
Julio
2017
Con Maikol Hernández y Saray López Aragón
La ERC, una enfermedad laboral que mata
Nicaragua y Costa Rica con sus riñones secos
En Brasilia, Daniel Gatti
Saray López Aragón
Los trabajadores que laboran en el área agrícola de Costa Rica, sobre todo en los ingenios azucareros, expuestos a altas temperaturas y a los agrotóxicos, están enfermando como moscas (y muriendo) como consecuencia de enfermedades renales crónicas (ERC) que el gobierno y los empresarios no reconocen como laborales. La gran mayoría de ellos son migrantes nicaragüenses.
El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Caña de Costa Rica y el Sintracobal (Sindicato Industrial de Trabajadores Costarricense del Banano y Afines Libre) están llevando a cabo una campaña para que la ERC sea reconocida como enfermedad laboral.
La Rel conversó sobre este y otros temas con Maikol Hernández, secretario general del SINTRACOBAL, y con Saray López Aragón, secretaria general adjunta del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Caña de Costa Rica, durante la 39 reunión del Comité Ejecutivo Latinoamericano de la UITA, que se desarrolló el 10 y 11 de julio en Brasilia.
-La ERC mata cada vez más gente en Costa Rica.
SLA-Sí, y es una enfermedad claramente profesional. No hay duda, porque si no, ¿cómo se puede explicar que afecte casi únicamente a hombres expuestos a la intemperie y a agrotóxicos, en labores agrícolas, a partir de los 20 años? Las autoridades y los empresarios no tienen respuesta a ello, a esa “casualidad”.
-¿Se conocen estadísticas precisas sobre las tasas de mortalidad?
SLA-No, porque hay interés en subestimar los datos y porque la totalidad de trabajadores de la caña de azúcar en Costa Rica son migrantes nicaragüenses, indocumentados, y en general zafrales.
Antes no había tantos casos de ERC, pero ahora sí.
La Universidad de Costa Rica tiene actualmente un proyecto de investigación al respecto a nivel centroamericano que se llama Saltra. Algunas empresas han aceptado colaborar, entre ellas la mía, el ingenio Taboga, donde se ha registrado un alto número de fallecidos.
El hecho de que no sea declarada como una enfermedad laboral tampoco ayuda.
-¿Tienen algún apoyo exterior en la campaña?
SLA-Ha habido conversaciones con algunas instituciones estatales, como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Ministerio de Trabajo, y empresas.
En noviembre, cuando celebremos el 40 aniversario de nuestro sindicato, que por otra parte es el único sindicato privado de la industria de la caña que existe en Costa Rica, nuestro lema será: “Que la enfermedad renal crónica sea declarada una enfermedad laboral”. Esperamos tener éxito porque es un tema de salud pública que nos preocupa enormemente.
Se ha implementado últimamente un protocolo que las empresas deben respetar de manera obligatoria en materia de condiciones de trabajo en los ingenios.
-¿Lo respetan?
SLA- Apenas se está iniciando. Lo estamos implementando con un grupo de cortadores de caña, un sector de difícil control porque son gente que llega por apenas cuatro meses.
-Y son migrantes.
SLA-Todos los cortadores de caña son nicaragüenses e indocumentados. Lo peor es que las empresas no se responsabilizan por ellos, porque los contratan a intermediarios, y se trata de gente que no tiene cobertura social de ningún tipo. Hemos denunciado estas anomalías ante el Ministerio de Trabajo, sin mucho resultado.
A muchos de estos trabajadores que se enferman de ERC las empresas los despiden. En Ingenio Taboga despidieron a once, el sindicato sólo pudo ayudarlos a lograr una pensión.
La Rel conversó sobre este y otros temas con Maikol Hernández, secretario general del SINTRACOBAL, y con Saray López Aragón, secretaria general adjunta del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Caña de Costa Rica, durante la 39 reunión del Comité Ejecutivo Latinoamericano de la UITA, que se desarrolló el 10 y 11 de julio en Brasilia.
-La ERC mata cada vez más gente en Costa Rica.
SLA-Sí, y es una enfermedad claramente profesional. No hay duda, porque si no, ¿cómo se puede explicar que afecte casi únicamente a hombres expuestos a la intemperie y a agrotóxicos, en labores agrícolas, a partir de los 20 años? Las autoridades y los empresarios no tienen respuesta a ello, a esa “casualidad”.
-¿Se conocen estadísticas precisas sobre las tasas de mortalidad?
SLA-No, porque hay interés en subestimar los datos y porque la totalidad de trabajadores de la caña de azúcar en Costa Rica son migrantes nicaragüenses, indocumentados, y en general zafrales.
Antes no había tantos casos de ERC, pero ahora sí.
La Universidad de Costa Rica tiene actualmente un proyecto de investigación al respecto a nivel centroamericano que se llama Saltra. Algunas empresas han aceptado colaborar, entre ellas la mía, el ingenio Taboga, donde se ha registrado un alto número de fallecidos.
El hecho de que no sea declarada como una enfermedad laboral tampoco ayuda.
-¿Tienen algún apoyo exterior en la campaña?
SLA-Ha habido conversaciones con algunas instituciones estatales, como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Ministerio de Trabajo, y empresas.
En noviembre, cuando celebremos el 40 aniversario de nuestro sindicato, que por otra parte es el único sindicato privado de la industria de la caña que existe en Costa Rica, nuestro lema será: “Que la enfermedad renal crónica sea declarada una enfermedad laboral”. Esperamos tener éxito porque es un tema de salud pública que nos preocupa enormemente.
Se ha implementado últimamente un protocolo que las empresas deben respetar de manera obligatoria en materia de condiciones de trabajo en los ingenios.
-¿Lo respetan?
SLA- Apenas se está iniciando. Lo estamos implementando con un grupo de cortadores de caña, un sector de difícil control porque son gente que llega por apenas cuatro meses.
-Y son migrantes.
SLA-Todos los cortadores de caña son nicaragüenses e indocumentados. Lo peor es que las empresas no se responsabilizan por ellos, porque los contratan a intermediarios, y se trata de gente que no tiene cobertura social de ningún tipo. Hemos denunciado estas anomalías ante el Ministerio de Trabajo, sin mucho resultado.
A muchos de estos trabajadores que se enferman de ERC las empresas los despiden. En Ingenio Taboga despidieron a once, el sindicato sólo pudo ayudarlos a lograr una pensión.
Aquel país que ya no es
Una democracia de muy baja intensidad
-La coyuntura nacional no es favorable actualmente para los sindicatos, Maikol.
MH-No, hay una abierta política antisindical en los diferentes sectores laborales, fundamentalmente en el agroindustrial.
El sector empresarial está decidido a impedir la organización sindical y existe una debilidad, y en cierta manera una complacencia, de parte del Ministerio de Trabajo en las violaciones a las libertades y los derechos sindicales.
Este mes de julio va a haber una reforma del código procesal laboral que transforma los juicios en orales, con el fin de acelerarlos.
En 2015 hicimos una reunión con jueces e inspectores de trabajo de diferentes partes del país y nos dimos cuenta que no tienen idea de los convenios de la OIT sobre libertad sindical y los instrumentos internacionales existentes al respecto. Son convenios que hace decenas de años fueron aprobados por el Congreso y ellos los desconocen.
Eso se traduce en una total impunidad. Como lo saben, los empresarios, en especial los de transnacionales como Chiquita, no se sientan a negociar. No les da la gana.
-¿Cómo están enfrentando esta situación los sindicatos?
MH-A nivel de la Federación de la Agroindustria estamos avanzando hacia una unidad programática.
Hemos logrado formar siete sindicatos en el sector de la agroindustria, todos ellos afiliados a la UITA.
En cinco años y medio hemos incrementado la afiliación y lo seguimos haciendo. En piña, en caña de azúcar, en palma africana y en banano.
El 82 por ciento de la población económicamente activa costarricense está en el sector privado. Sólo el 2 por ciento está sindicalizada, y apenas el 0,4 (¡menos de medio punto!) tiene negociación colectiva.
MH-No, hay una abierta política antisindical en los diferentes sectores laborales, fundamentalmente en el agroindustrial.
El sector empresarial está decidido a impedir la organización sindical y existe una debilidad, y en cierta manera una complacencia, de parte del Ministerio de Trabajo en las violaciones a las libertades y los derechos sindicales.
Este mes de julio va a haber una reforma del código procesal laboral que transforma los juicios en orales, con el fin de acelerarlos.
En 2015 hicimos una reunión con jueces e inspectores de trabajo de diferentes partes del país y nos dimos cuenta que no tienen idea de los convenios de la OIT sobre libertad sindical y los instrumentos internacionales existentes al respecto. Son convenios que hace decenas de años fueron aprobados por el Congreso y ellos los desconocen.
Eso se traduce en una total impunidad. Como lo saben, los empresarios, en especial los de transnacionales como Chiquita, no se sientan a negociar. No les da la gana.
-¿Cómo están enfrentando esta situación los sindicatos?
MH-A nivel de la Federación de la Agroindustria estamos avanzando hacia una unidad programática.
Hemos logrado formar siete sindicatos en el sector de la agroindustria, todos ellos afiliados a la UITA.
En cinco años y medio hemos incrementado la afiliación y lo seguimos haciendo. En piña, en caña de azúcar, en palma africana y en banano.
El 82 por ciento de la población económicamente activa costarricense está en el sector privado. Sólo el 2 por ciento está sindicalizada, y apenas el 0,4 (¡menos de medio punto!) tiene negociación colectiva.
Maikol Hernández | Foto: Nelson Godoy
Nota: Según estudios epidemiológicos de la CCSS, la hospitalización por ERC aumentó más de 50 por ciento el último año en Guanacaste, la zona del país que más casos presenta de esa enfermedad, al ser netamente azucarera y presentar altos temperaturas. Allí, la mortalidad por ERC es de 36 por ciento, y el riesgo de contraerla es entre 3,5 y 5,5 veces mayor que en el resto de las provincias.