La cajita infeliz del capitalismo

Esta mañana, Nélsida Mermolejos nos hablaba de la necesidad de reforzar la utopía.

Esta utopía que para nosotros, como sindicalistas, supone la búsqueda y la lucha por una mayor equidad, la igualdad de derechos y de oportunidades, y por una mayor justicia social. Esto es lo que nos hace fuertes y es lo que nos hace estar aquí.

Esta fortaleza tiene un revés y es que nuestra militancia, nuestras ideas no son suficientes. Necesitamos relacionarnos con los poderes políticos porque, al fin y al cabo, si no hay cambios políticos en las sociedades difícilmente alcanzaremos nuestros objetivos.

Estamos hablando del problema de la autonomía, de la relación entre el sindicato y el partido político, en qué momento, de qué manera, con qué ritmo.

En este sentido, en la estructura política, los partidos progresistas y de izquierda, aquellos con los que en principio comulgamos todos los que estamos aquí, no cumplen este papel, o al menos no lo cumplen en la medida en que deberían hacerlo. Esto tiene mucho que ver con lo que está sucediendo en España y en Europa en general.

Muchos de ustedes recordarán cómo empieza el Manifiesto Comunista: “un fantasma recorre Europa”. Bueno, ahora Europa está siendo recorrida por varios fantasmas.

Uno que quiero poner en relieve es el de la xenofobia y la insolidaridad a cuenta de los refugiados, y hay otros como el del antisindicalismo.

No recorre Europa por casualidad, sino porque los planes del capitalismo necesitan debilitar, cuando no destruir, al movimiento sindical organizado porque es el único que se opone a sus planes. Por eso, los problemas de España y de los demás países.

En Gran Bretaña, por ejemplo, acaban de aprobar una legislación antisindical que deja pequeña la reforma de la señora Margaret Thatcher en los años 1980; hace unos días en Finlandia hubo movilizaciones por el ataque que hay a la negociación colectiva; lo mismo sucede en Lituania o en Grecia, donde la membresía sencillamente ha desaparecido.

En España la crisis comenzó a anunciarse en 2008.

La estructura económica española tenía pies de barro. El país parecía muy rico, con un crecimiento continuo, se creaba empleo, se manejaba mucho dinero, pero no era verdad.

Era un crecimiento basado en una estructura económica con servicios con muy bajo valor agregado y basado en el sector de la construcción, con crédito fácil y abundante de los bancos.

Eso se vino abajo, y la crisis, que se hubiera producido de todas mareas aunque en otros lados no se hubiera dado, nos pilló en el peor momento posible, porque el movimiento sindical se había acomodado.

Para nosotros era relativamente fácil: negociábamos convenios con una enorme cobertura a nivel sectorial, las condiciones laborales iban mejorando, los incrementos salariales eran bastante buenos, el propio sindicato iba creciendo.

De alguna manera perdimos la perspectiva y eso pese a que lo habíamos denunciando que este crecimiento tenía límites.

En poco más de seis meses, solamente en el sector de la construcción, uno de los motores de este crecimiento económico, se perdieron medio millón de empleos.

Llegamos a tener un 24 por ciento de desempleo, y la situación económica obligó a fuertísimos recortes del Estado del Bienestar, que en España comenzó a construirse posteriormente a otros países. Recortes a la sanidad, la educación, la seguridad y la protección social, todo encadenado.

Aunque el gobierno del Partido Popular presume que España no fue rescatada por la Unión Europea, esto no es cierto. El rescate bancario fue de 60 mil millones de euros porque la mitad del sistema financiero español estaba contaminado. Fue un rescate, aunque con condiciones no tan drásticas como las de Grecia, pero del mismo estilo.

Hoy hay un pequeño crecimiento, pero dependiente de factores externos, como el precio del petróleo, y ha disminuido la tasa de desempleo hasta 22 por ciento, aunque el empleo que se está creando es de mala calidad.

Fuimos acusados de todo: corruptos, terroristas, vagos, de cualquier cosa. Fue un ataque directo contra los sindicatos porque éramos la barrera a todas estas medidas impuestas por el sistema neoliberal. Y ese ataque directo empezó bajo el gobierno del Partido Socialista (PSOE).

No creo que todos los partidos sean iguales, pero es cierto que el PSOE y el PP se han subido al mismo barco en los últimos tiempos, están juntitos y reman en la misma dirección.

El ataque que habían empezado los socialistas lo terminaron los populares, en 2012, con una reforma laboral que supone un retroceso directo en los derechos de negociación colectiva y la libertad sindical.

Se atacó directamente la negociación colectiva sectorial, dando primacía a la negociación colectiva de empresa con el fin de debilitar el convenio sectorial, que se aplica a todo el mundo y permite que haya un piso mínimo del que nadie baje.

Paralelamente, se permitió a los empresarios descolgarse de la aplicación un convenio colectivo previamente firmado.

La cobertura de los trabajadores con negociación colectiva disminuyó, es decir que hay un menor número de trabajadores cubiertos porque se firmaron menos convenios, logrando el gobierno y los empresarios su objetivo de llegar a una devaluación interna.

En España formamos parte de una zona con moneda común, y como la devaluación competitiva de la moneda no es posible, la forma de hacerlo es con una devaluación interna, es decir que los salarios tenían que bajar y han bajado.

El aumento de la conflictividad y la respuesta fueron encabezados por los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, y se produjeron multitud de movilizaciones sectoriales, territoriales, dos huelgas generales en el 2010 y 2012, una contra el gobierno socialista y la otra contra el gobierno del PP.

El poder político respondió criminalizando al movimiento sindical; intentando amedrentar  a los sindicalistas, a las personas que día a día realizan sus tareas, por ejemplo por medio del artículo 315.3, heredero del Código Penal del franquismo y concebido para reprimir la protesta obrera.

Ese artículo, que sobrevivió en democracia, permite meter en la cárcel a todos aquellos sindicalistas que teóricamente coaccionen a los trabajadores.

Es el ABC del sindicalismo que cuando hay que ir a la huelga, el sindicato no se limita a sacar un pasquín, sino que sus miembros más activos salen a las calles y hacen propaganda de la huelga.

Se forman así piquetes de huelga, grupos de trabajadores que van empresa por empresa, polígono por polígono, calle por calle, y entre otras cosas, cumplen el papel fundamental de contrarrestar la presión y el chantaje patronal.

Es tan importante el papel de los piquetes de huelga, que desde hace años los sectores de la derecha han pretendido prohibirlo, y el propio Tribunal Supremo ha dicho en repetidas ocasiones que son perfectamente legales.

Sin embargo, el gobierno instruyó a la Fiscalía para que acusara a los sindicalistas del delito, según el Código de la dictadura franquista, de constituir piquetes.

Desde 2010 hay casi 300 miembros de CCOO y UGT procesados y otros encausados, que corren el riesgo de ser condenados a un mínimo de tres años de cárcel y a fuertes multas, superiores incluso a las que se aplica a abusadores sexuales y defraudadores fiscales.

Los sindicatos reaccionamos. Denunciamos que se pretendía resolver el conflicto social por la vía antidemocrática de la represión y que la fiscalía se había convertido en el brazo armado del gobierno.

Nos entrevistamos con el ministro de Justicia, con el fiscal general, denunciamos los hechos ante la OIT y otras instancias internacionales, y conseguimos crear un clima de opinión.

En julio de 2015 se produjo una modificación del Código Penal. Las penas mínimas de cárcel previstas en el artículo 315 se redujeron a dos años, pero el artículo permanece y los juicios siguen.

Contra la secretaria general de CCOO de las Islas baleares, Tatiana, se piden cuatro años de cárcel por desórdenes públicos. La absolvieron, pero le impusieron una multa, al igual que al secretario general de CCOO de la comunidad de La Rioja.

En julio se juzgó a cinco compañeros de Comisiones Obreras de Murcia y Asturias, y este octubre los murcianos fueron condenados a varios meses de cárcel.

Y hay casos aún más graves. Por ejemplo el de “los ocho de Airbus”. Estos compañeros del comité de empresa de esta fábrica aeronáutica en las afueras de Madrid, siete de CCOO y uno de UGT, tienen una petición fiscal de ocho años de prisión.

Dos compañeros de nuestra Federación, Gonzalo Fuentes, miembro de nuestra comisión ejecutiva, y Lola Villalba, secretaria del sindicato provincial de Málaga, de gran importancia por el peso del turismo en la zona, corren peligro de ser condenados a cuatro años. El juicio se aplazó porque el policía no se presentó a declarar.  

Esta actitud antisindical no sólo es visible en España sino en toda Europa, a pesar de que el modelo social de los países de la Unión es un modelo basado en la concertación, el diálogo y los derechos para la persona trabajadora.

Ese es el modelo que realmente ahora está en cuestión. Si en el bloque económico y político más avanzado en materia de derechos sociales se producen estas circunstancias, quién sabe qué estará sucediendo en otras partes.

Se ha mencionado el Tratado Transpacífico (TTP) y hay un Tratado Transatlántico en negociación entre Estados Unidos y la Unión Europea, una zona que agrupa al 60 por ciento del PIB mundial.

Una de las partes negociadoras, Estados Unidos, ni siquiera ha firmado la mayor parte de los convenios de la OIT en materia de derechos sindicales.

No me gustan las teorías conspirativas, pero lo cierto es que hay un diseño político que se ve muy claro a nivel global y eso el movimiento sindical debe tenerlo muy presente a nivel de las federaciones sindicales internacionales y todas las organizaciones regionales.

No quiero terminar esta exposición sin un par de observaciones.

A los sindicatos españoles, CCOO en particular, no nos van a parar. No pudieron hacerlo en el pasado en condiciones mucho más difíciles y no lo van a poder hacer ahora.

Una buena parte de la sociedad nos apoya. Pero hay un problema, porque esta parte de la sociedad no se transforma luego en poder político. Los partidos progresistas y de izquierda siguen sufriendo una vieja enfermedad, el sectarismo.

Segunda observación. Creo que los sindicatos jamás pueden ser apolíticos. Tienen que tomar partido, que mancharse. Uno de los grandes pecados de CCOO y UGT es justamente que somos autónomas e independientes del poder político y eso no nos lo han perdonado.

Si no fuésemos autónomos e independientes del poder político, si hubiéramos aplaudido y observado todas estas medidas de manera pasiva, no nos estaría sucediendo esto.

Termino con las palabras de un compañero que está amenazado ir a prisión por mucho tiempo. "Prefiero ir cuatro años a la cárcel antes que retractarme de una actividad sindical".

Ese es nuestro compromiso.