Irregularidades laborales en JBS

En las siguientes fases, el Ministerio Público del Trabajo, la Procuraduría General de la Unión, la Seguridad Social INSS y la Impositiva propondrían  términos de ajustes de conducta (TAC) o demandar a la firma para obtener judicialmente indemnizaciones por las irregularidades encontradas.

Entre las principales irregularidades consideradas por la comisión fiscalizadora figuran el incumplimiento de la jornada de trabajo prevista por la ley. Entre febrero y marzo, se encontraron 5.420 registros de empleados que trabajaban más de 10 horas al día, habiendo incluso algunos que  trabajaban 18 horas seguidas.

El transporte de los trabajadores, ofrecido por la empresa en función de la distancia del frigorífico con respecto a los hogares, tampoco era computado dentro de la jornada de trabajo, lo que es irregular.

JBS no respetaba siquiera el descanso previsto en la mitad de la jornada de 11 horas consecutivas, ni el descanso semanal remunerado de 24 horas, o incluso el necesario para los trabajadores que operan en ambientes artificialmente fríos.

Tampoco las normas de salud y seguridad en el trabajo eran respetadas. Había riesgo de caída de altura y la compañía no entregaba todos los Equipos de Protección Individual (EPI) necesarios.

No había dispositivos de emergencia para detener los movimientos peligrosos en todas las máquinas ni alarmas en caso de fuga de gas amoníaco dentro de la planta de producción. El Ministerio de Trabajo también pidió esfuerzos para la reducción del ruido.

Tres sectores estaban casi completamente paralizados: IQF (congelamiento), mercado interno y tumbler (templados). La faena estaba funcionando con la mitad de su capacidad.

Un estudio auspiciado por el Ministerio Público del Trabajo en Paraná, realizado durante la fiscalización entre 396 trabajadores, reveló que el 48,5 por ciento siente frío constantemente en la realización de sus tareas, y otro 24,6 por ciento dice sentirlo a veces.

En general, el frío es más común en las manos (18,9 por ciento) y pies (22,5 por ciento); el 62,1 por ciento dice que consideran las ropas proporcionadas inadecuadas; el 39,5 por ciento declaran sentirse candados al final de la jornada de trabajo, el 21,7 muy cansados y el 17,9 por ciento agotados; el 28 por ciento de los trabajadores entrevistados dijo que el malestar mientras se realiza el trabajo es constante y el 49 que habían tomado medicamentos y usado vendajes para lograr trabajar; el 15,7 por ciento evalúa la atención médica de la empresa como pésima y el 17,4 como mala; el 46,9 por ciento de los empleados tienen menos de un año en el trabajo.

La unidad Big Frango, de faena de pollos de JBS en el municipio de Rolândia (PR), sigue parcialmente clausurada después de la inspección de la comisión fiscalizadora que comenzó el martes 12 de mayo.

Llevada a cabo por personal del Ministerio Público de Trabajo, Ministerio del Trabajo y Empleo, INSS, Dirección Federal Impositiva y Procuraduría General de la Unión, la operación tiene la finalidad de fiscalizar y regularizar las condiciones de trabajo y fiscales de la empresa.

La operación cuenta con el apoyo de inteligencia y seguridad institucional de la Policía Militar de Paraná y está acompañada por la Confederación Nacional de Trabajadores de la Alimentación, la Federación de Empleados de las Industrias de Alimentación de Paraná y el Sindicato de los Trabajadores de la Alimentación de Arapongas y Rolândia.

El día 13, 51 máquinas fueron clausuradas. Hasta el final de la tarde del día 14, sólo 12 de ellas fueron regularizadas por la empresa y liberadas. El día 15 por la mañana, una nueva inspección se llevó a cabo en otras máquinas.

La producción de la fábrica se redujo el 43 por ciento el miércoles 13 en relación al mismo día de la semana anterior. El sector de expedición sigue operando solo con la mitad de su capacidad.

Considerada la mayor operación fiscalizadora realizada en Brasil, esta fue la primera comisión que reunió los esfuerzos del Ministerio Público de Trabajo, el Ministerio de Trabajo y Empleo, la Dirección Federal Impositiva, el INSS y la Procuraduría General de la Unión.

Las dos últimas organizaciones trabajarán juntas en iniciativas retroactivas para recuperar los importes gastados por el gobierno federal con los trabajadores con licencia médica en los casos en que se demuestre la responsabilidad de la empresa.

El decreto 3.048/99 establece que "en los casos de negligencia con relación a las normas estandarizadas de seguridad y salud en el trabajo indicadas para la protección individual y colectiva, la seguridad social propondrá acción regresiva contra los responsables."

Alrededor de 2.000 historias clínicas se están analizando para verificar cómo la empresa trataba las licencias y despidos.

El menor registro de accidentes de trabajo hace que la empresa pague valores inferiores a la Seguridad Social. Eso puede llevar a que los informes médicos sean maquillados por la empresa. La Impositiva evaluará si los riesgos ambientales están siendo omitidos a los efectos con intención de evadir impuestos.

La operación se realizó con el uso de los informes de inteligencia elaborados por la Coordinadora de Análisis e Investigación de Información del Ministerio Público del Trabajo (Capi/MPT).

Las informaciones se obtuvieron a través de las intersecciones de diferentes bases de datos con enfoque en el panorama de enfermedades del empleador en los últimos años.

Creada en el segundo semestre de 2014 y orientada por métodos de inteligencia computacional, la nueva coordinadora del MPT tiene la función de organizar, clasificar, cruzar y analizar los datos de los bancos de registros públicos y privados para producir informes de inteligencia.

"Los datos, en respuesta a las peticiones de la fiscalía, generalmente llegan al MPT sin ningún tipo de tratamiento o intersección, ya que se accede a sus diferentes orígenes de forma bruta, muy poco inteligible. Con la actividad de investigación y análisis se pueden producir, a partir de estos datos en bruto, informaciones estratégicas de inteligencia”, explica el coordinador da Capi, el fiscal laboral Luis Fabiano de Assis.

"Las informaciones producidas pueden orientar no solo la actuación del MPT sino también la de órganos como la Procuraduría General de la Unión, el Ministerio de Previsión Social, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y el Ministerio de Trabajo y Empleo", añade.

Según los informes, en 2014 alrededor de 4 mil trabajadores de la unidad Big Frango fueron sometidos a 2.033 consultas ocupacionales, es decir, consultas médicas por razones relacionadas con el trabajo, y 70.279 han acudido a la enfermería, un promedio de 225 por día.

En ese período, la compañía registró 60 licencias por CATs (Comunicación de Accidente de Trabajo), un promedio de una licencia por semana trabajaba.

En contraposición a la situación de los trabajadores, JBS registró en el primer trimestre de 2015, según lo divulgado por el periódico Valor Econômico, un beneficio neto de 1.393 mil millones de reales (453 mil millones de dólares), 20 veces el beneficio neto logrado en el mismo periodo del año pasado.